La Comunidad Valenciana se sitúa en la cola de España en el número de plazas de residencia por habitante

La Comunidad Valenciana se sitúa en la cola de España en el número de plazas en residencias por habitante, solo por delante de Canarias, Murcia y Ceuta, según constata el estudio La atención en residencias. recomendaciones para avanzar hacia un cambio de modelo y una nueva estrategia de cuidados, elaborado por Sacramento Pinazo, presidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Si el criterio fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) está en cinco plazas y la media española se encuentra en 4.19 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, en la Comunidad Valenciana la ratio es de 2,91 plazas. En Suecia, Bélgica u Holanda, por ejemplo, superan las 7 por cada 100. “Para alcanzar esa media española, nos faltarían actualmente 12.721 plazas”, señala el informe encargado por la Cátedra Prospect CV 2030, auspiciada por la Presidencia de la Generalitat valenciana, adscrita a la Universitat de València y dirigida por el catedrático de Geografia, Joan Romero.

En los últimos 10 años no se ha construido una nueva residencia pública para mayores “pese al aumento de personas mayores y de las situaciones de dependencia”. El informe constata una concentración de residencias en grandes grupos empresariales", una situación que también sucede en Europa. Además, “los retrasos en el pago desde la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas son conocidos, lo que implica que, a fecha de hoy, algunas entidades permanecen sin cobrar desde hace un año, en el sector de las personas mayores, en el de la atención a menores o a personas con diversidad funcional”.

“En este contexto se ha ido gestando un sistema muy vulnerable donde la pandemia ha tenido consecuencias devastadoras. Un error ha sido la falta de control y apoyo por parte de la Administración a las residencias, públicas y privadas. También ha habido una inadecuada financiación de los centros. No se puede exigir calidad si no se financian suficientemente ; el aumento de plazas residenciales ha venido de la mano de las empresas privadas. Se ha aumentado el parque residencial privado y se ha externalizado la gestión de lo público. Tampoco se han financiado ni apoyado otras formas de convivencia (como el cohousing, por ejemplo) pese a la presión en aumento de diferentes colectivos de personas que lo demandan". En la actualidad, han fallecido en las residencias valencianas alrededor de 460 usuarios por covid-19, según los datos de la Consejería de Sanidad. En Madrid y Cataluña, la mortandad ha sido muy superior. Hace dos días, el cálculo de muertos en residencias en España durante la pandemia se elevaba a más de 15.300 personas. También en Europa se detecta una mortandad muy elevada. Las vías de contagio de los usuarios de residencias han sido a través de los trabajadores de los centros, de estancias hospitalarias en los usuarios y de visitas de familiares.

En la Comunidad Valenciana hay 334 residencias (27.429 plazas en total y 13.350 profesionales trabajando en ellas). De titularidad pública y de gestión directa por parte de la Generalitat hay 10 (1.531 plazas). De titularidad pública pero de gestión integral hay 28 centros (2.277 plazas). De titularidad pública y de gestión municipal hay 31 6 centros (1.873 plazas -1.457 con fondos de la Generalitat). Residencias concertadas hay 128 (12.921 plazas -8.236 de ellas concertadas con fondos públicos). Y centros privados hay 137 centros (41%) (8.827 plazas). Del total de plazas disponibles, la mitad son públicas o están concertadas con la Generalitat, apunta el informe.

El estudio propone una serie de recomendaciones:

1) Abrir un debate con los diferentes actores que conduzca a la revisión en profundidad del actual sistema de cuidados con algunos retos: la garantía real y segura en la continuidad de los cuidados, la coordinación entre sistemas y servicios (la cooordinación sociosanitaria), un modelo integrado de los servicios y las intervenciones profesionales, la formación especializada y adecuada de los profesionales del cuidado. La Ley de la Dependencia (39/2006) hizo de los cuidados de larga duración un derecho subjetivo.

2) “Reestructurar los escasos medios que hoy existen para garantizar un cuidado adecuado en el entorno domiciliario y en el residencial. Lo que implica una urgente revisión del servicio de ayuda a domicilio. La mayoría de las personas mayores en situación de fragilidad o dependencia, viven en sus casas y han expresado de forma repetida su deseo de continuar viviendo en ellas y de seguir participando en su comunidad (...)”.

3) “El modelo residencial debe ser redefinido, el espacio público debe ensancharse y contar con una financiación homologable al conjunto de España. Esto requiere que las Administraciones asuman un rol de mayor protagonismo, de supervisión pedagógica y control sobre el funcionamiento de las residencias, en cumplimiento de la responsabilidad pública que les compete por mandato constitucional. Los equipamientos deben evolucionar hacia el modelo hogar, modulándose en unidades de convivencia; y ha de optarse también por otras alternativas, como las viviendas comunitarias, los apartamentos con servicios, los alojamientos tipo cohousing, donde sea más fácil personalizar la atención y permanecer insertos en la comunidad con relaciones diversas e intergeneracionales, no aislados en guetos”.

4) “La normativa es claramente inadecuada para el nuevo perfil de residentes. La ratio de profesionales es insuficiente”.

5) La capacidad de la familia para hacer frente a los cuidados está hoy debilitada y lo estará con el paso del tiempo cada vez más (...) Por otra parte, la mayoría de las propias personas mayores no aspiran a que su familia les cuide, sino que anhelan que las quieran y les den apoyo emocional. Prefieren vivir en su domicilio o en un lugar parecido a su casa y recibir cuidados profesionales integrales de calidad, pero que ello no les impida continuar controlando su vida y sentir que esta continúa siendo valiosa y que sigue teniendo sentido.

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