Las licencias de enterramiento por coronavirus casi triplican el dato oficial de muertes en Castilla-La Mancha

Las licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de Castilla-La Mancha para personas que fallecieron por coronavirus o con sospecha de padecerlo en marzo duplican y casi triplican los datos oficiales de fallecidos a causa del virus en esta comunidad autónoma. Así se desprende de comparar las cifras ofrecidas este lunes por el Tribunal Superior de Justicia castellano-manchego (1.921) con el dato que el Gobierno de la región envió siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad: 774 fallecimientos en el mes de marzo. Un 148% más.

El presidente del tribunal, Vicente-Manuel Rouco Rodríguez, encargó a los jueces de los registros civiles que las certificaciones de defunción contengan “no solo la causa inmediata” sino “la causa inicial o fundamental”, afirma un comunicado hecho público este lunes, que ofrece los datos, asegura, “por su elevado interés público e informativo”. Este es el único tribunal superior de justicia que ha recopilado y divulgado esta información. EL PAÍS solicitó los datos de certificados de defunción y permisos de enterramiento de toda España el 27 de marzo al Ministerio de Justicia, que no los facilitó alegando problemas informáticos.

La nota del tribunal señala que el número de licencias de enterramiento de la región en marzo de 2020 aumentó un 96,3 % respecto al mismo mes del año anterior. Según los datos recibidos hasta el momento, se han tramitado 3.319 licencias de enterramiento mientras que en marzo de 2019 fueron 1.691 defunciones. De ese total, 1.921 fallecidos, el 57,9%, han muerto como consecuencia del coronavirus o por causas que son sospechosas de ser compatibles con él.

El Ministerio de Sanidad ha pedido a las comunidades que le comuniquen sus cifras de fallecidos confirmados por Covid-19, es decir, en la estadística oficial solo aparecen los casos en los que la infección se ha confirmado mediante un test diagnóstico. Esto, por definición, excluye a todos los fallecidos en residencias de mayores que no llegaron a pasar por el hospital y a las personas que murieron en sus domicilios sin que les hicieran la prueba.

El dato conocido hoy va en la línea de lo que han detectado los informes sobre exceso de mortalidad que publica el Instituto de Salud Carlos III, que también se basa en los certificados de defunción de los registros civiles. Según el último informe, actualizado a 5 de abril, en España hubo un 47,2% más muertes de las esperadas entre el 17 de marzo y el 4 de abril.

El informe del ISCIII alerta de que los datos de defunciones observadas son provisonales. El sistema se alimenta de las defunciones que notifican los registros civiles informatizados al Ministerio de Justicia. “Cabe destacar que en estos momentos el retraso entre la fecha de defunción y la de notificación se está incrementando”, añade. Los registros están saturados y las defunciones tardan en incorporarse a las estadísticas. Ese es el motivo por el que el ministerio no facilita los datos: sabe que no contabilizan todas las muertes ocurridas.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia dictó el pasado 4 de abril una nueva instrucción en la que pide a todos los registros civiles que remitan diariamente los datos de defunción para poder ofrecer una información “veraz, contrastada y más objetiva posible”, informó Europa Press.

Según explica este departamento, que dirige Sofía Puente, se ha comprobado que con el aumento de número de defunciones y la reducción del personal en los registros civiles no es posible tener actualizada a diario la plataforma informática, llamada Inforeg. Sin embargo, debido a la crisis sanitaria, indica que es preciso que estos datos se conozcan con el “mayor grado de exactitud posible y con la inmediatez que exige la realidad”.

La crisis del coronavirus se ha convertido en un maremágnum de datos que impide conocer con precisión la magnitud de lo que está ocurriendo. Entre las incógnitas se encuentra el número exacto de fallecidos por la enfermedad. La discrepancia desvelada en Castilla-La Mancha se reproducirá en el resto de comunidades autónomas cuando los tribunales superiores o el Ministerio de Justicia hagan públicos los datos de los certificados de defunción y de licencias de enterramiento, que recogen las causas de muerte codificadas en los certificados.

Los datos facilitados por el Tribunal Superior indican que en esta comunidad autónoma se registraron 965 muertes confirmadas por Covid-19, es decir, con prueba diagnóstica hecha, lo que tampoco coincide con los 774 fallecimientos comunicados oficialmente al Ministerio de Sanidad. Una discrepancia más que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha atribuido a las limitaciones del sistema informático.

La intención del recuento ordenado por el presidente del TSJ es que “se vele para que se haga una identificación lo más precisa posible", indica el TSJCLM en un comunicado. El presidente también ha alertado a los jueces encargados de los registros civiles para que, “en lo sucesivo, se vele por que se haga una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos en los que aparezcan procesos patológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el coronavirus”. Para ello, añade, se podrá solicitar, “si se considera necesario, dictamen del médico forense del correspondiente Instituto de Medicina Legal y acudiendo si fuera preciso al forense de guardia en el partido judicial”.

La nota del tribunal señala que “desde un primer momento” se enfrentaron a dificultades para la gestión de las licencias tanto por el “aumento significativo de la mortalidad, así como en la consignación de las causas de la muerte en las certificaciones médicas, en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el virus”. “Todo ello se debe fundamentalmente al no sometimiento a muchas de las personas afectadas a test o analíticas que acreditaran cumplidamente dicho contagio, si bien en muchos supuestos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma”.

En el expediente abierto por el tribunal se encomienda a los institutos de Medicina Legal de Albacete, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Toledo, y a los médicos forenses “la colaboración necesaria con los registros civiles” para constatar causa “inicial o fundamental” de las defunciones inscritas desde el 1 de marzo de 2020 en los que “aparecieran sospechas o factores racionales de probabilidad de Covid-19”.

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha aseguraron que esperan que el Consejo General del Poder Judicial haga el mismo estudio en todas las comunidades y recordaron que esta región ha hecho 4.000 test rápidos y 23.000 análisis PCR, hasta una tasa de 13.500 por millón de habitantes.

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