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Obligado a salir del hospital por orden del juez

La Fiscalía del Supremo recomienda que se dé la razón a los centros si un paciente se niega a aceptar el alta en medio del colapso

Uno de los pacientes que ha recibido el alta este miércoles en el hospital provisional de Ifema.
Uno de los pacientes que ha recibido el alta este miércoles en el hospital provisional de Ifema.J.J.Guillen (EFE)
Reyes Rincón

La negativa de algunos pacientes afectados por coronavirus a abandonar el hospital cuando el centro le da el alta ha llevado a los tribunales a poner en marcha un procedimiento para poder resolver estos casos de forma casi inmediata. A los juzgados han llegado ya discrepancias entre el centro y el paciente, y el conflicto se está resolviendo en la mayoría de las ocasiones, según fuentes judiciales, por la vía contencioso administrativa de forma urgente: el hospital lo pone en conocimiento del juez de guardia, que resuelve tras recabar la opinión del fiscal. La Fiscalía del Supremo ha comunicado a las fiscalías provinciales que, como criterio general, se dé la razón al centro hospitalario.

La ley de autonomía del paciente establece que, en el caso de que el paciente no acepte el alta, el centro puede pedir la intervención judicial. Hasta ahora, había cierta controversia sobre si estos conflictos debían resolverse por la vía contenciosa o por lo civil, lo que a menudo alargaba los procedimientos porque el juez al que le llegaba el caso lo derivaba a otra jurisdicción. Con los hospitales al borde del colapso, los tribunales se están decantando por una interpretación para agilizar la respuesta: tras la entrada en vigor del estado de alarma, todos los hospitales son públicos y, además, las decisiones médicas forman parte de un puzle en el que todas las piezas sirven para luchar contra la pandemia. Esta situación, según las fuentes consultadas, avala la aplicación de la ley que regula la jurisdicción contenciosa, que establece que corresponde a estos jueces “la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental”.

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“Se manda a alguien a casa para dejar una plaza libre que pueda ser ocupada por otro que lo necesita más”, explican fuentes de la Fiscalía de lo Contencioso del Supremo, cuyo responsable, Pedro Crespo, envío hace dos semanas a las sedes provinciales un escrito en el que marca las pautas del ministerio público para estos casos. Cuando al juez le llega un caso y pide informe al fiscal, este constata que el alta médica va acompañada del informe clínico que exige la ley y, si es así, avala la decisión del centro sanitario. “Se trata de someter esas decisiones médicas a un control judicial y también de liberar a los médicos de esa responsabilidad que implica dar el alta en estas circunstancias”, explican fuentes del ministerio público.

No hay un recuento oficial de casos de esta naturaleza, pero las fuentes consultadas señalan que, aunque no son muchos, sí que se han registrado en varias provincias en las últimas semanas. En Madrid, hasta el pasado 27 de marzo los juzgados de lo Contencioso habían resuelto siete asuntos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia. La jurisdicción civil resolvió también algunos al inicio de la pandemia por la vía urgente para evitar que el procedimiento tuviera que cambiar de juez.

La Fiscalía del Supremo tiene conocimiento oficialmente de dos, aunque fuentes del ministerio público consideran que se están produciendo más y que, una vez unificado el criterio, se les está dando respuesta. Los dos a los que alude esta Fiscalía, uno en Madrid y otro en León, no implicaban a pacientes de coronavirus, sino a pacientes con otras dolencias a los que los hospitales dieron el alta para poder liberar espacio para enfermos de Covid-19. En el caso de León, la Fiscalía aplicó una excepción a su criterio general, ya que se trataba de un paciente que había sufrido un ictus y cuyo único cuidador posible era su madre octogenaria, que advirtió al hospital de que no podía hacerse cargo de su hijo en ese estado. El juez, de acuerdo con el criterio del fiscal, instó a la Junta de Castilla y León a garantizar a la familia una ayuda domiciliaria antes de dar el alta al paciente.

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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