“Solo quiero justicia para mi hermana”

Josefa Fraile Muñoz, la madrileña de 61 años que se ha pasado media vida tras las huellas de su hermana Carmen, desaparecida en 1981 y quien hoy tendría 63 años, se metió en la cama el pasado martes. Está a fuerza de pastillas antidepresivas y un nuevo brote de artritis la tiene "casi paralizada".  Es mencionar a Carmen y se echa a llorar. Desde que desapareció, viste de negro. Su abogado le dio el martes una mala noticia. Después de haber estado buscándola durante 38 años, y conseguir, gracias a una providencial prueba de ADN, descubrir su paradero e incluso dar con el supuesto homicida —un escritor de origen alemán afincado en España, Manuel Macarro—, su abogado le ha dicho que no es descartable que el sospechoso se vaya de rositas.

El crimen de Carmen puede estar prescrito por el paso del tiempo. Desde que trascendió su caso, Josefa huye de los periodistas, pero ha accedido a hablar con EL PAÍS. "Estoy que no vivo desde el martes", cuenta entre lágrimas. "Siento mucha rabia, tanta lucha para nada”. Aun así, explica, "está será mi mejor Navidad desde 1981; al menos ya sé dónde está y quién le hizo daño".  La última vez que la vio con vida fue un día de noviembre de 1981. "Vino a mi trabajo muy nerviosa. Lloraba sin parar. Le pedí que me esperase a la salida, pero cuando fui ya no estaba", describe Josefa.

Ambas eran entonces unas veinteañeras que trataban de remontar una infancia y adolescencia muy desgraciadas. Sus padres las abandonaron con cuatro y seis años. Su madre se fue con un hombre que le puso como condición dejar a las niñas. “Nos dejó como a un perro y se fue”, lamenta Josefa. El padre se marchó a Suiza y luego regresó a Madrid “con una italiana”. Ella acabó en un orfanato y Carmen se quedó con la abuela paterna.

Un día, antes de que el destino las separara, se prometieron, abrazadas, que siempre estarían juntas y que si alguna faltaba, la otra la buscaría. Treinta y ocho años después, un juez le ha dicho a Josefa qué ocurrió con Carmen. Al menos, le queda esa pequeña tranquilidad. “Por fin sé lo que le sucedió a mi hermana, pero no he podido cumplir mi palabra de encontrarla con vida”, llora. Gracias al ADN y a un testamento, Josefa ha sabido recientemente que, pocos días después de su desaparición, a Carmen, embarazada, le descerrajaron un tiro en la base del cráneo y la enterraron en el jardín de un chalé en Sant Salvador de Guardiola (Barcelona).

La búsqueda ha sido muy larga. “Cuando vi que pasaba el tiempo y no daba señales de vida”, rememora, “fui a la policía a denunciar su desaparición, pero me decían que ella era mayor y que se habría ido a otro país, que lo dejara estar, eran otros tiempos... Pero yo sabía que no, que a mi hermana le había pasado algo”. En 2011, Josefa puso una denuncia, y otra en 2017. Y pidió ayuda a una asociación de desaparecidos. Y desde que supo de la existencia de Google, casi a diario, durante muchos años, ponía en el buscador el nombre completo de Carmen. “A ver sí salía algo de ella, pero nunca salía nada”.

El panorama cambió en 2017. Vio en una web que el Juzgado de Primera Instancia 81 de Madrid decretaba dar por fallecida a “María del Carmen Fraile Muñoz”. Y que lo hacía a efectos del testamento que pretendía inscribir el padre de ambas hermanas en favor de sus otros hijos. Para ello, era necesario declarar judicialmente fallecida a Carmen. Cuenta Josefa que nada más leerlo, fue corriendo al juzgado y le pidió al juez y al letrado judicial que no la dieran por muerta y que siguieran buscándola.

El juzgado abrió una investigación e interrogó a la persona con la que se vio por última vez a Carmen. Era Manuel Macarro, el amante de Carmen en aquella época, que entonces vivía en Madrid de traducir textos del alemán al español. El juzgado lo localizó en Castellón y le preguntó por la mujer. Macarro, por escrito, indicó que no la conocía de nada, mentira que le acarrearía luego serias consecuencias. Además, el juzgado instó a Josefa y a su padre a que facilitasen su ADN para enviarlo a todas las comisarías.

Casi 20 años antes, en 1999, otro juzgado, el 4 de instrucción de Manresa, se había hecho cargo del caso de un cadáver hallado enterrado en el jardín del chalé antes citado, que llevaba dentro un feto de seis meses. El juez que levantó el cadáver archivó el caso provisionalmente al no poder identificarlo, aunque antes se le extrajo el ADN. Al llegar en 2017 el ADN de Josefa y de su padre, se descubrió que el cadáver del jardín era el de Carmen Fraile. 

El escritor ha vivido durante todo esos años tranquilamente en Castellón. Hasta que hace un año y medio, tras el cotejo del ADN, la Guardia Civil le detuvo como sospechoso de homicidio y aborto. Ante el juez penal, sí admitió que Carmen y él eran amantes. Esta contradicción es uno de los indicios que han conducido a su procesamiento. Pero negó haberla matado. Reconoció que en 1981 viajó con la joven de Madrid a Barcelona y que compartieron durante varios días la casa en la que fue hallado su cadáver. Según Macarro, alquiló esa vivienda para llevar allí a su esposa y tres hijos, que vivían en Móstoles (Madrid). Dijo que no sabía que Carmen estuviese embarazada, y que la joven le dijo, antes de volver él a Madrid a recoger a su familia, que se quedaría varios días más sola y que luego se marcharía a Australia. Y precisó que nada más supo de ella.

El juez de Manresa no le cree. Y le ha dicho a la cara, en su despacho, que está convencido de que él mató a Carmen. El ADN ha certificado que Macarro era el padre del bebé que esperaba la joven, lo que finalmente ha llevado al juez a procesarle. Le extraña, y así lo dice en el auto de procesamiento, que el escritor no se hubiese percatado de un embarazo de seis meses. El pasado martes, a través de videoconferencia, Macarro volvió a declarar ante el juez de Manresa. Y reiteró que él no la mató, que ignoraba el embarazo y que volvió a Madrid a por su familia y a la vuelta no volvió a verla.

La defensa de Macarro ha acudido a la Audiencia de Barcelona para pedirle que archive el caso porque los delitos que se le atribuyen ya habrían prescrito. El juez instructor le ha impuesto una responsabilidad civil de 150.000 euros, pero dado el tiempo transcurrido, ha optado por dejarle en libertad con cargos hasta que la Audiencia dictamine.

Josefa no quiere ni pensar que “tanta lucha al final quede en nada”. “Cuando supe que el fiscal avalaba la petición de prescripción que se ha puesto ante la Audiencia de Barcelona, me quedé bloqueada, y estoy en la cama desde entonces, mi artritis se ha descontrolado y la depresión no me deja vivir”, solloza. "Solo quiero justicia para mi hermana", concluye.