La opacidad del secreto pontificio facilitó la impunidad en España

Javier acabó perdiendo la fe en la justicia eclesiástica de tanto llamar a las puertas del obispado de Astorga (León). Desde octubre de 2018, esta víctima de abusos sexuales lleva solicitando a los tribunales eclesiásticos de la diócesis los documentos de la investigación de su caso, abierto en 2017 después de que este escribiera al papa Francisco pidiendo ayuda. Ni las visitas, ni las cartas ni los correos electrónicos le sirvieron para reclamar una pena mayor para el abusador, José Manuel Ramos. “El arzobispo secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Mons. Giacomo Morandi, me encarga comunicarle que su petición no puede ser acogida dado que dicha documentación se encuentra sometida al secreto pontificio”, respondió el obispo de Astorga, José Antonio Menéndez, cuatro meses antes de morir.

Roma y Astorga le negaron los documentos que atestiguan cómo Ramos abusó de él a finales de los 90 en el seminario menor de La Bañeza (León) y el obispo de entonces, Antonio Briva, encubrió al sacerdote y lo trasladó a otra parroquia. También la pena de un año de ejercicios espirituales que Menéndez le impuso, la posibilidad de recurrir la sentencia y pedir una indemnización por los daños psicológicos y las terapias que, desde entonces, Javier ha necesitado. Ahora, y tras el levantamiento del Papa del secreto pontificio, Javier no se fía pero no pierde las ganas de seguir luchando y de encontrar nuevas vías con esta nueva directriz del líder de la Iglesia Católica. "Alabo el avance que hace el papa. Pero no me fío y tengo razones más que suficientes. Lo que no quiero es que me tomen más el pelo", cuenta Javier. 

Expertos eclesiásticos en derecho canónico consultados por EL PAÍS destacan la importancia de esta iniciativa porque, al menos a partir de ahora, los obispos estarán obligados a poner en conocimiento de las autoridades judiciales civiles toda la información sobre las nuevas denuncias de abusos a menores que reciban. También a entregar toda la documentación (y pruebas) de que dispongan de sus investigaciones canónicas sobre estos temas. Con la nueva norma, de obligado cumplimiento, las víctimas estarán más protegidas, tendrán acceso a toda la documentación de sus casos y, según apuntan los especialistas, no serán penalizadas si hacen público sus episodios, como estaba establecido hasta ahora.

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El uso del secreto pontificio por parte de algunos obispos españoles ha sido objeto de debate en la justicia civil. Un ejemplo claro fue el caso Romanones (en el que el cura fue declarado inocente) cuando el arzobispo de Granada, Javier Martínez, se acogió a tal derecho para no entregar la documentación de la investigación canónica que, paralelamente, había llevado a cabo su diócesis. Estos informes eclesiásticos recogían los supuestos abusos que Román García, sacerdote en una parroquia en el barrio granadino de Zaidín, hizo a un menor entre 2004 y 2007. También de otros ocho sacerdotes y dos laicos, cuyos delitos habían prescrito ante la justicia civil. Estos informes fueron reclamados por el juez que instruía el caso al considerarlos importantes para el proceso, pero tanto el arzobispo como el abogado de cura se escudaron en los Acuerdos de España y el Vaticano.

De hecho, el magistrado del acusado denunció que utilizar dichas pruebas en el proceso vulneraba un derecho constitucional recogido en el artículo 2.3 de dicho Concordato. “En ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por razón de su ministerio”, aparece en los acuerdos. Finalmente, el tribunal civil aceptó prescindir de dichos informes.

Hasta ahora, tanto los documentos del proceso como las sentencias canónicas estaban protegidas por esta norma, lo que dificulta a las víctimas poder recurrir sus casos. El País publicó por primera vez una de ellas, la sentencia de un caso de abusos de la diócesis de Mallorca a finales de los noventa y firmada por el obispo en 2013. En ella, puede verse los interrogatorios de las víctimas, del acusado y de varias personas cercanas a este relatando lo que conocían sobre los supuestos hechos. En ese mismo documento, el prelado mallorquín admite que en el apartado de hechos probados que "con el paso del tiempo se ha dejado de encubrir a estas personas [curas pederastas], que por el cargo que ejercían aparecían ante la sociedad adornadas de una honradez fuera de toda duda".

"Lucharemos para que se cumpla con las instrucciones de Roma"

La asociación nacional de víctimas españolas Infancia Robada ha manifestado su “contenida alegría” ante el paso tan contundente del papa Francisco para frenar el silencio que durante tanto tiempo ha impuesto la Iglesia sobre estos temas. “Cuando tras mucho tiempo de soledad empezamos a ver movimientos de empatía con supervivientes de gravísimos delitos, de ataques a los derechos de la infancia y de una evidente cuestión de salud pública, no podemos dejar de mostrar nuestra satisfacción”, ha precisado la entidad en un comunicado. La asociación también ha aprovechado para afear a la Conferencia Episcopal Española su ausencia de empatía ante las víctimas y ha subrayado que seguirá luchando para la jerarquía eclesiástica española cumpla de manera urgente las instrucciones de Roma.“Siempre he pensado que la Iglesia ha sido una sola y la Conferencia Episcopal Española hace ver que no lo es. Esta medida engloba también a las congregaciones, y espero sea un imperativo para todas las órdenes religiosas, incluida el Opus Dei”, explica Juan Cuatrecasas, presidente de la asociación y padre de la víctima del caso del colegio del Opus de Gaztelueta (Bizkaia).

La Conferencia Episcopal Española (CEE) continúa limando el protocolo antipederastia en el que lleva más de un año trabajando. El pasado 22 de octubre anunció que la nueva norma obligará a los clérigos a comunicar a las autoridades civiles los casos de los que tuviera conocimiento y a abrir oficinas en cada una de las 70 diócesis españolas para recibir las posibles denuncias. El secretario de la CEE, Luis Argüello, no mencionó si la Iglesia piensa indemnizar a la víctimas de los casos prescritos por la ley civil y negó, como en anteriores ocasiones, que la jerarquía eclesiástica vaya a abrir una comisión de investigación, como ya se ha hecho en Alemania, Irlanda o Australia.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es.