Ana Julia Quezada, cuenta atrás para una condena ¿perpetua?

El jurado popular del caso Gabriel se encuentra reunido por segundo día para contestar al centenar largo de preguntas que les ha planteado la juez de la sección segunda de la Audiencia de Almería, Alejandra Dodero. Sus nueve miembros, siete mujeres y dos hombres, darán a conocer hoy a las 18.30 su veredicto. Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden prisión permanente revisable para la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz, de ocho años.

Quezada, una inmigrante de República Dominicana, de 45 años, que mató al hijo de su entonces pareja, sería la primera mujer sobre la que recaería esta controvertida pena, equivalente a cadena perpetua. De ser condenada por asesinato con alevosía (que es la petición de la fiscal, Elena Fernández) o si el jurado considera que cometió el crimen con ensañamiento (como sostiene el abogado de la familia, Francisco Torres), Quezada solo podría salir a la calle si demuestra que se ha rehabilitado y eso no ocurriría antes de los 25 años de reclusión. Es decir, en su caso, recién entrada en la séptima década de vida. Y solo se daría esa circunstancia si hubiese accedido previamente al tercer grado. Las siguientes revisiones tendrían lugar a los 28 y 30 años.

La prisión permanente revisable está prevista para los autores de “crímenes que causan una especial repulsa social” o “delitos de excepcional gravedad”. Esto incluye a los que matan a niños, personas con discapacidad, asesinos en serie y agresores sexuales que acaban con la vida de su víctima. También a los responsables de atentados terroristas o de la muerte del Rey o de su heredero. Esta pena fue aprobada en 2015 por la mayoría absoluta del PP, incorporada a la reforma del Código Penal y recurrida inmediatamente por la oposición ante el Tribunal Constitucional. Cuatro años después, este no se ha pronunciado.

En 2018 el Congreso debatió el endurecimiento de esa condena a instancias del PP y Ciudadanos. En la memoria reciente, tanto de la sociedad como de los diputados, estaba el crimen de Gabriel, ocurrido el 27 de febrero de ese año en una finca de Rodalquilar (Almería). La iniciativa fue rechazada, al igual que la propuesta de PNV de suprimir la prisión permanente revisable. Entonces, más de 100 catedráticos de Derecho Penal firmaron un manifiesto pidiendo su derogación. Creen los penalistas que esta durísima medida no disuade de cometer los delitos más graves “en mayor medida que las ya severas penas preexistentes de hasta 30 años de prisión por un delito y hasta 40 años por la comisión de varios” y “compromete además algunos de los valores fundamentales que nos configuran como sociedad democrática”. Se trata, a su entender, de una nueva instauración de la cadena perpetua, derogada hace casi 100 años, en 1928.

Diez hombres han sido condenados a prisión permanente revisable. El último, en junio de este año, ha sido Roberto Fernández, un hombre de Valladolid que violó y mató de una paliza a la hija de cuatro años de su pareja. También la están cumpliendo el descuartizador de Pioz, que asesinó y troceó a dos tíos y dos primos de cuatro años y uno en esa localidad de Guadalajara, y el autor de un asesinato machista, Francisco Salvador García, que agredió sexualmente y mató a su expareja en Huércal (Almería). La sorprendió mientras dormía, le propinó más de cien golpes, le cortó parte de la lengua y abusó de ella.

El espectro político se muestra dividido. El PP quiere ampliar los supuestos en los que se puede aplicar. De 6 a 11, incluyendo a los violadores en serie y a los autores de fuegos forestales en los que se produzcan muertes. Lo mismo propugna el partido de extrema derecha Vox. Ciudadanos ha cambiado radicalmente su posición. La consideraba inconstitucional, pero ahora quiere que se amplíen los supuestos y así lo propuso en su último programa electoral. Tanto la izquierda como el PNV son contrarios a esta pena.