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Ana Julia Quezada, cuenta atrás para una condena ¿perpetua?

La autora confesa del crimen del pequeño Gabriel sería la primera mujer penada con la prisión permanente revisable. El jurado dará a conocer su veredicto a las 18.30

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Ana Julia Quezada, a su llegada a la Audiencia Provincial de Almería el pasado día 13. GTRES

El jurado popular del caso Gabriel se encuentra reunido por segundo día para contestar al centenar largo de preguntas que les ha planteado la juez de la sección segunda de la Audiencia de Almería, Alejandra Dodero. Sus nueve miembros, siete mujeres y dos hombres, darán a conocer hoy a las 18.30 su veredicto. Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden prisión permanente revisable para la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz, de ocho años.

Quezada, una inmigrante de República Dominicana, de 45 años, que mató al hijo de su entonces pareja, sería la primera mujer sobre la que recaería esta controvertida pena, equivalente a cadena perpetua. De ser condenada por asesinato con alevosía (que es la petición de la fiscal, Elena Fernández) o si el jurado considera que cometió el crimen con ensañamiento (como sostiene el abogado de la familia, Francisco Torres), Quezada solo podría salir a la calle si demuestra que se ha rehabilitado y eso no ocurriría antes de los 25 años de reclusión. Es decir, en su caso, recién entrada en la séptima década de vida. Y solo se daría esa circunstancia si hubiese accedido previamente al tercer grado. Las siguientes revisiones tendrían lugar a los 28 y 30 años.

La prisión permanente revisable está prevista para los autores de “crímenes que causan una especial repulsa social” o “delitos de excepcional gravedad”. Esto incluye a los que matan a niños, personas con discapacidad, asesinos en serie y agresores sexuales que acaban con la vida de su víctima. También a los responsables de atentados terroristas o de la muerte del Rey o de su heredero. Esta pena fue aprobada en 2015 por la mayoría absoluta del PP, incorporada a la reforma del Código Penal y recurrida inmediatamente por la oposición ante el Tribunal Constitucional. Cuatro años después, este no se ha pronunciado.

En 2018 el Congreso debatió el endurecimiento de esa condena a instancias del PP y Ciudadanos. En la memoria reciente, tanto de la sociedad como de los diputados, estaba el crimen de Gabriel, ocurrido el 27 de febrero de ese año en una finca de Rodalquilar (Almería). La iniciativa fue rechazada, al igual que la propuesta de PNV de suprimir la prisión permanente revisable. Entonces, más de 100 catedráticos de Derecho Penal firmaron un manifiesto pidiendo su derogación. Creen los penalistas que esta durísima medida no disuade de cometer los delitos más graves “en mayor medida que las ya severas penas preexistentes de hasta 30 años de prisión por un delito y hasta 40 años por la comisión de varios” y “compromete además algunos de los valores fundamentales que nos configuran como sociedad democrática”. Se trata, a su entender, de una nueva instauración de la cadena perpetua, derogada hace casi 100 años, en 1928.

Diez hombres han sido condenados a prisión permanente revisable. El último, en junio de este año, ha sido Roberto Fernández, un hombre de Valladolid que violó y mató de una paliza a la hija de cuatro años de su pareja. También la están cumpliendo el descuartizador de Pioz, que asesinó y troceó a dos tíos y dos primos de cuatro años y uno en esa localidad de Guadalajara, y el autor de un asesinato machista, Francisco Salvador García, que agredió sexualmente y mató a su expareja en Huércal (Almería). La sorprendió mientras dormía, le propinó más de cien golpes, le cortó parte de la lengua y abusó de ella.

El espectro político se muestra dividido. El PP quiere ampliar los supuestos en los que se puede aplicar. De 6 a 11, incluyendo a los violadores en serie y a los autores de fuegos forestales en los que se produzcan muertes. Lo mismo propugna el partido de extrema derecha Vox. Ciudadanos ha cambiado radicalmente su posición. La consideraba inconstitucional, pero ahora quiere que se amplíen los supuestos y así lo propuso en su último programa electoral. Tanto la izquierda como el PNV son contrarios a esta pena.

Guía para ser un buen jurado

Al entregar al jurado popular los 22 folios del objeto de veredicto este miércoles, la magistrada Alejandra Dodero recordó a sus miembros dos ideas fundamentales del sistema jurídico español. "Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", proclamó con toda solemnidad, y a continuación: "In dubio, pro reo, es decir, que en caso de duda, deben favorecer siempre a la acusada”, una advertencia que quiso que tengan en cuenta los nueve ciudadanos elegidos para decidir sobre delitos tan sensibles como aquellos por los que se juzga a Ana Julia Quezada. Se convoca un jurado popular solo en tribunales penales cuando se juzgan homicidios, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, cohecho o malversación de caudales públicos.

El jurado ha de contestar a las 142 preguntas que les ha realizado la juez y votar en voz alta, acto al que están obligados bajo multa de 450 euros. Para cada uno de los “hechos desfavorables”, es decir, los que inculpan a la acusada, se necesitan siete votos de los nueve. Para los “favorables”, los que señalan su inocencia, cinco. Y todas las respuestas deben estar motivadas. “No tengan reparo en extenderse”, les recomendó. Una vez concluido su trabajo, entregarán a la magistrada el acta firmada por todos ellos. Si no se ha contestado con fundamento algunas de las preguntas, la juez les devolverá el documento.

La enorme responsabilidad que han asumido las siete mujeres y dos hombres consiste en decidir sobre la culpabilidad de Quezada respecto de los cinco delitos de los que se le acusa. Todos viven en la provincia de Almería, no tienen relación alguna con la familia del pequeño ni con la acusada, como marca la ley del jurado. No disponen de móviles ni pueden comunicarse con sus familias y allegados. Comen en la Audiencia y, cuando al final de la tarde salen del edificio, caminan hacia su hotel escoltados por cuatro policías.

Dentro del escueto espacio en penumbra en el que permanecen encerrados en torno a una mesa rectangular trazarán la suerte de la mujer que les ha acompañado cada uno de estos últimos días. La han visto llegar esposada, sollozar, llorar o permanecer con las manos enlazadas y la mirada baja. Se han sentado frente a su imagen con gafas y una sudadera roja en el lugar del crimen y con el pelo alisado, empequeñecida y ajena a su propia identidad en la reconstrucción de los hechos. Han escuchado a decenas de testigos y peritos hablar sobre lo que ella hizo y lo que tenía en el bolso, han seguido sus movimientos y oído sus conversaciones. Les han enseñado la pala y el hacha que encontraron en la finca de Rodalquilar, una meca hippie en el Cabo de Gata de donde el niño no salió con vida.

Firmar el futuro de esta mujer consiste en decidir con todas esas pruebas, informes y testimonios si el pequeño Gabriel murió porque Quezada intentó acallarlo, como ha gritado durante el juicio, o si lo mató con suma crueldad, prolongando su agonía. Si causó a los padres del niño un sufrimiento extraordinario al esconder su crimen y animarlos con la promesa de que encontrarían a su hijo sano y salvo, si acaso perdido en algún paraje próximo. La diferencia está en pasar tres años en la cárcel o seguir encerrada toda la vida.

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