Un hombre con dos condenas mata a su hijo de 11 años en Murcia
El agresor acosó a su exesposa y después quebrantó la orden de alejamiento. “Hemos fallado, no supimos detectar el riesgo”, admite la fiscal de Violencia contra la Mujer
Laura Hernández llamó a la policía. Su hijo pequeño, al cuidado de su exmarido, no había vuelto y hacía una hora que se lo tenía que haber traído a casa, en Beniel (Murcia). Los agentes llamaron al teléfono del hombre. No lo cogía. Llamaron al del niño, de 11 años. Nadie respondía. Tuvieron que abrir la puerta de la casa con un cerrajero y encontraron a los dos muertos. La hipótesis principal es que David S. O. mató a su hijo y luego se ahorcó.
Sobre él pesaban dos condenas, una por acoso y otra por quebrantamiento de la orden de alejamiento contra su exmujer, de la que llevaba separado un par de años. Pese a saltarse la orden de alejamiento hace apenas un mes y a que la Guardia Civil incluyó en su primer informe la vulnerabilidad de los hijos, “riesgo medio”, nadie puso medidas para los menores y él no entró en prisión. “Hemos fallado, no hemos sabido detectar el riesgo. Tenemos que proteger más a los niños, tenemos que escucharles”, admitía este viernes muy afligida la fiscal delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera.
Fueron los agentes de la Guardia Civil quienes acudieron el jueves pasadas las 11 de la noche en busca del hombre, un agricultor que llevaba tiempo sin trabajar. Él se había quedado con la casa familiar, ella se había mudado con su madre tras la separación. Las familias de ambos son del pueblo de Beniel, un municipio pequeño dedicado a la agricultura y la industria alimentaria situado justo en la frontera con la provincia de Alicante. Vivían a apenas 100 metros, en una calle paralela. Algunos vecinos comentan que en los últimos días él iba “muy desastrado y desaseado”.
"Nuestros hijos están desprotegidos, no se les tiene en cuenta"
El exmarido de Itziar Prats mató a sus dos hijas en octubre del año pasado en Castellón. Ella había pedido expresamente protección para las niñas. Prats reflexiona así sobre ello: “Nuestros hijos están desprotegidos en el ámbito de la violencia de género, no se les tiene en cuenta. A cierta edad los niños pueden ser consultados y expresar su opinión. A través del juego y con especialistas pueden ofrecer mucha información sobre el entorno en el que viven...”.
“A los niños no se les tiene en cuenta. Si fueran víctimas de otra situación estarían protegidos... En mi caso se calificó un riesgo bajo porque las amenazas no habían sido contra mí. Si un vecino hubiera amenazado a mis hijas, en vez de su padre, habrían hecho algo”.
“Se debería aplicar la legislación vigente, investigar cada caso de forma individual y más, si cabe, cuando hay niños implicados. No todos los casos se pueden abordar de la misma forma. Solo con esto mejoraríamos bastante y no habría tantas familias sufriendo. Tenemos que luchar por ellos. Protejamos a nuestros niños”.
El cuerpo del menor estaba tendido entre el pasillo y el baño, con heridas de arma blanca. En la cocina estaba el del padre, ahorcado. Desde 2013, cuando estos crímenes fueron incluidos en la estadística oficial de violencia de género, 28 menores han sido asesinados por sus padres o las parejas o exparejas de sus madres. Es el segundo caso de este año, tras el asesinato de un menor en Tenerife. Es lo que se conoce como violencia vicaria, que supone hacer el mayor daño posible a la madre a través de los hijos.
David S. O. estaba separado de su esposa desde hacía un par de años. Tenían dos hijos en común. El mayor está a punto de cumplir la mayoría de edad. Laura es una mujer "extraordinaria” que se gana la vida cuidando niños, según los vecinos. Ella estaba al cargo de los dos hijos. Habían acordado que él los viera dos veces a la semana, lunes y miércoles. El régimen de visitas, depositado en el juzgado, aún no era oficial.
Vulnerabilidad baja
Ella le denunció a principios de junio por acoso: la llamaba todo el rato por teléfono y siempre quería controlar dónde estaba. La mujer le denunció ante la Guardia Civil y fue valorada por el test policial que mide el riesgo, VioGen, como marca el protocolo. En este primer caso fue decretado un “riesgo medio”, según fuentes del caso. El test policial fue renovado el pasado marzo e incluyó como una de sus principales novedades instrucciones específicas para que los agentes presten especial atención al riesgo que, además de las mujeres, corren los menores que conviven con ellas. Esa primera denuncia llamaba la atención “sobre la vulnerabilidad” de los menores, explican fuentes de la investigación.
El hombre acabó condenado por un delito de coacciones a su expareja por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia. La condena de seis meses de prisión quedó suspendida durante dos años con la condición de que él cumpliera la orden de alejamiento que le fue impuesta y no volviera a delinquir. En una nueva revisión del riesgo policial, se consideró que este era “bajo”. En ningún momento se tomaron medidas en relación con los hijos.
Apenas dos semanas más tarde, en un segundo juicio rápido celebrado el 19 de junio, fue condenado por quebrantamiento de la orden de alejamiento, después de que reconociera que se había acercado a la casa buscando al mayor de sus hijos. Tras esa segunda pena, “tenía que haber estado en la cárcel porque se debería haber levantado la suspensión de pena”, explica Martín Nájera, que añade que su departamento revisará el caso con profundidad en las próximas semanas: “Desde la Fiscalía lamentamos mucho lo que ha pasado, la respuesta judicial no ha sido la adecuada”.
Asesinatos que arrancaron reformas
Ángela González (2003). El padre mató a la hija de ambos aprovechando una de las visitas no vigiladas que estableció un juzgado tras su separación, después de que la mujer le hubiera denunciado hasta en 47 ocasiones por malos tratos y otras causas. González agotó las vías judiciales en España para lograr una indemnización, sin éxito. Acudió hasta la ONU, que finalmente le dio la razón. "Nadie me ha pedido perdón", declaró el año pasado.
Ruth Ortiz (2011). El exmarido, José Bretón, mató a sus hijos, Ruth y José. Ortiz consiguió que el Congreso alcanzara un consenso para que la ley integral incluyera a las madres de niños asesinados como víctimas de violencia de género. El año pasado criticaba a los políticos: "La ley no está dotada de fondos y, mientras, se hacen fotos con las víctimas".
Itziar Prats (2018). Ricardo Carrascosa mató a sus dos hijas, de dos y seis años. Prats tenía la custodia, estaban en trámites de divorcio y él tenía acceso restringido a las niñas. "Me dijeron que no pasaría nada, que los hombres decían mucho y que luego no hacían nada. Y aún así fui a comisaría a denunciarlo", contó a EL PAÍS. Clasificaron su situación de "riesgo bajo". "Las amenazas contra mis hijas no se contemplaban en aquel cuestionario". Tras el asesinato de sus hijas, el protocolo de valoración policial cambió para incluir también el riesgo a los menores. Fue la quinta reforma.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo del Poder Judicial, Ángeles Carmona, urgió ayer a reformar el Código Penal para que sea obligatorio retirar la custodia de los hijos a padres condenados por maltrato: “Nunca serán buenos padres”. Carmona reclamó, en declaraciones a Efe, “estabilidad política” para que los grupos parlamentarios aprueben esa reforma legal, acordada en el pacto de Estado de Violencia de Género, que evite nuevos asesinatos de niños por parte de sus padres.
“Un maltratador nunca puede ser un buen padre en ningún caso y en condenas firmes por violencia de género debe ser obligatorio la imposición de la pena de suspensión de régimen de visitas o de la patria potestad respecto de los hijos para que no sigan sufriendo esa violencia”, según Carmona. Las suspensiones del régimen de visitas y de la guardia y custodia son muy excepcionales en el sistema judicial español. En 2018 se suspendieron el 2,9% de los regímenes que se habían solicitado y el 4,4% de las guardias y custodias, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
El defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, también ha abierto una investigación. La institución ha pedido a la Secretaría de Estado de Seguridad que informe sobre si, tras el quebrantamiento de la orden de alejamiento, se elaboró y comunicó un informe sobre estimación del nivel de riesgo para la madre y para el menor; a quién se remitió esta información y si se adoptaron otras medidas adicionales. En el ámbito político, el portavoz parlamentario de Vox en Murcia, Juan José Liarte, comparó ayer ese caso con el reciente asesinato de otro niño en Azpeitia a manos de su madre y lamentó que el primero sea considerado violencia machista y no el segundo, “siendo idénticos los ilícitos”, informa Efe. En el debate de investidura del Gobierno murciano, Liarte insistió en equiparar la violencia machista con la intrafamiliar. Y dirigiéndose al secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, exigió que explique por qué da por hecho y dice en público que el motivo de este asesinato ha sido el de “dañar a la madre” del menor.
El Ayuntamiento de Beniel decretó dos días de luto. Las banderas del Consistorio ondean a media asta.
