Un comité de la ONU pide frenar la desconexión del paciente francés en estado vegetativo

Vincent Lambert podría seguir recibiendo por tiempo indefinido los cuidados médicos que lo mantienen con vida pese a que lleva en estado vegetativo más de una década, pese a que varios comités de expertos han declarado su estado irreversible y hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dado vía libre a que sea desconectado, como pide su mujer y tutora legal, así como una parte de su familia más inmediata. El freno a un potencial proceso de eutanasia pasiva al enfermero francés que se ha convertido en un símbolo del debate sobre el derecho a morir dignamente en Francia lo ha puesto un comité de Naciones Unidas.

En un último intento de impedir la desconexión de su hijo, avalada en abril por el Consejo de Estado francés, los padres de Vincent Lambert acudieron a finales del mes pasado no solo al tribunal de Estrasburgo, sino también al Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.

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Mientras el TEDH rechazó la semana pasada analizar el caso y de este modo aceptó implícitamente la decisión del Consejo de Estado avalando la desconexión de Lambert, confirmada previamente también por varios tribunales franceses, la instancia de la ONU sí ha decidido estudiar el expediente.

Según los abogados de los padres de Lambert, el comité de Naciones Unidas ha pedido a Francia que detenga cualquier proceso mientras analiza el fondo del caso. Una decisión que, aunque no sea definitiva, supone de facto una victoria para la parte de la familia que se opone a la desconexión de Lambert, ya que sea cual sea el veredicto final, este podría demorarse bastante y, mientras tanto, el paciente debería seguir siendo mantenido con vida, tal como desean sus padres y parte de sus hermanos.

“El proceso durará varios años”, dijo a este diario Jérôme Triomphe, uno de los abogados de los padres de Lambert al confirmar la decisión del comité de la ONU, que solo ha sido comunicada a las partes.

Francia ratificó en 2010 tanto la Convención de Derechos de Personas con Discapacidades como el Protocolo Opcional que “reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y que aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto”. Por ello, según Triomphe, Francia está obligada a seguir las indicaciones del comité, que abre ahora un plazo de seis meses para que el Estado presente sus observaciones.

En declaraciones a la emisora BFM TV este domingo, la ministra de Salud, Agnès Buzyn, matizó sin embargo la vinculación legal de Francia. “No estamos obligados legalmente por este comité, aunque por supuesto que tomamos en cuenta lo que dice la ONU y vamos a responderle”, dijo la ministra, para quien la instancia internacional ha mandado frenar el proceso “porque solo tienen la versión de los padres”.“Hoy en día, jurídicamente hablando, todos los recursos han llegado al final y todas las instancias jurisdiccionales, nacionales y europeas, confirman el hecho de que el equipo médico encargado de este caso tiene derecho a poner fin al tratamiento” de Vincent Lambert, agregó Buzyn.

Gérard Chemla, abogado de François Lambert, sobrino del enfermero y favorable a poner fin a sus cuidados, calificó por su parte la demanda de la ONU de “espantosa”. El comité quiere “volver a juzgar” un caso ya decidido y, “en nombre de los derechos humanos, pisotea los derechos de un hombre que sufre de manera gratuita desde hace años”, dijo a la Agencia France Presse.

En septiembre de 2008, Vincent Lambert, un enfermero psiquiátrico de hoy 42 años, ingresó en un hospital de Reims tras sufrir un accidente de moto que lo dejó tetrapléjico y en estado vegetativo. Tres años más tarde, después de varias pruebas en Bélgica, los especialistas llegaron a la conclusión de que estaba en un estado de “consciencia mínimo” y que no había esperanzas de que mejorara. La batalla judicial comenzó en 2013, cuando la esposa de Lambert, Rachel, inició —al parecer sin consultar a la otra parte de la familia— el proceso de suspender la alimentación e hidratación de su marido amparada en la ley Leonetti de 2005. Esta normativa, ampliada en 2016, establece que los cuidados médicos “no deben prolongarse con una obstinación irrazonable” y que “cuando parecen inútiles, desproporcionados o sin otro efecto que el mantenimiento artificial de la vida, pueden suspenderse o no emprenderse”.

El proceso fue interrumpido cuando uno de los hermanos de Vincent, que lo visitó, constató que llevaba 16 días sin recibir alimentación y alertó a sus padres, que recurrieron a la justicia. Comenzó ahí una dura disputa judicial que ha dividido a la familia Lambert —a favor de desconectar al enfermero están su mujer, cinco hermanos y hermanas y un sobrino y, en contra, los padres, católicos fervientes, otra hermana y un hermanastro— y a parte de Francia, que con este caso ha reabierto el debate sobre la eutanasia. Los familiares partidarios de desconectar a Lambert acusan a los que luchan por mantenerlo con vida de “obstinación irrazonable" y "encarnizamiento terapéutico” y aseguran que el paciente aseguró antes de su accidente que no quería vivir en un estado vegetativo como el que se encuentra desde hace casi once años. El problema es que Lambert no hizo un testamento vital que confirme sus deseos.