Pañales con orina en la cara

La democracia española tiene una asignatura pendiente con una parte muy importante de la población que, además, va en aumento. Uno de cada diez ciudadanos tenía hace tres décadas 65 años o más. Ahora son ya dos de cada diez y eso es una suerte (la gente vive más y con mejor salud), pero también una desgracia en la medida en que los ingresos económicos se reducen a veces hasta límites insoportables y las necesidades de cuidado crecen.

Hemos visto recientemente unos vídeos en los que el personal de una residencia maltrata a las ancianas a su cargo. Bofetadas, pellizcos, pañales sucios restregados por la cara, rudeza, amenazas, mofas… Observar lo que ocurría en ese lugar, cuando los empleados creían estar a salvo de miradas ajenas, es casi insoportable.

La fiscalía ha abierto una investigación sobre los hechos. Residencial Los Nogales de Hortaleza (Madrid), el centro donde se produjo tal ignominia, expulsó inmediatamente a uno de los empleados inculpados, aseguró la dirección, porque los otros dos ya no trabajaban ahí. El Gobierno regional, por su parte, ha abierto “expedientes sancionadores”. Reacción rápida. Resolución de crisis. ¿En serio?

Además de las imágenes, hay datos pavorosos: Los Nogales ocultaba a la Comunidad de Madrid las denuncias. Hace un año, 120 familiares de ancianos firmaron un escrito con sus quejas por “trato inhumano”. Fue archivado. El Gobierno regional asegura no tener conocimiento del descontento y, por supuesto, de los maltratos.

Indigna este caso e inquieta comprobar la inutilidad de las inspecciones oficiales que se asegura haber hecho. Tal como están concebidas han demostrado no ser las más adecuadas para detectar semejantes abusos. Y si esto ocurre en este caso, ¿cuántos más puede haber en toda España en los que no ha habido un ciudadano determinado a desenmascarar al sistema con una cámara oculta?

Los empleados de Los Nogales maltrataban a personas indefensas, pero también la sociedad al completo lo está frente a la brutalidad arropada en la indolencia oficial. Los Nogales continúa abierta y funcionando normalmente trece días después de destaparse el escándalo. Cerrarla como medida preventiva sería un desastre, dada la escasez de plazas para las personas mayores. Pero se podía esperar un control estricto mientras la fiscalía investiga. Alegar como hace el Gobierno regional que nada más se puede hacer (aparte de sus inútiles inspecciones) porque el caso está en manos de la justicia es una excusa indecente. Dos de los tres maltratadores puede que sigan trabajando con ancianos en otros centros. Nada se lo impide. ¿No es todo ello alarmante?