Detenida una pareja de cuidadores por estafar 1,8 millones a ancianos a los que maltrataban

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Mayores e invisibles

María Babes murió de manera repentina y extraña en un coche, sin más testigos que sus cuidadores. Apenas 24 horas después, la pareja que atendía a esta anciana de 101 años estaba detenida. Para ese entonces, el cadáver de la mujer ya se había incinerado, su cuenta estaba tiritando y su herencia se había modificado. Babes se convirtió en la última víctima de unos supuestos estafadores que encerraron, drogaron y maltrataron a siete ancianos a los que descapitalizaron para hacerse con un botín de 1,8 millones de euros, según ha explicado este jueves la Guardia Civil de Cádiz.

De todos los afectados, solo sobreviven dos que los agentes localizaron en “una casa de los horrores”, donde estaban inmovilizados y alimentados por sonda nasogástrica, pese a no ser necesaria. Los otros cinco -entre ellos la propia Babes- ya habían fallecido. La incineración de los cadáveres de todos ellos ha impedido a los investigadores averiguar las causas de sus muertes, según han puntualizado fuentes de la investigación. Además de los cuidadores, hay otras cuatro personas detenidas y otras nueve investigadas por cargos que van desde la estafa y el maltratato hasta el blanqueo de capitales y delitos contra la ordenación del territorio.

Los guardias civiles llegaron a localizar con vida y entrevistar a María Babes, mientras estaba ingresada en una residencia de ancianos de Chiclana de la Frontera, donde llegó tras pasar por varios hospitales. Sin embargo, su muerte se produjo en el transcurso de la petición al juez de las órdenes de detención de los sospechosos, según ha reconocido este jueves la Guardia Civil. Precisamente, fue el caso de esta mujer alemana de 101 años el que permitió poner en marcha la denominada operación Teydea.

A finales de 2018, la Comandancia de Cádiz recibió una solicitud de colaboración internacional de la policía alemana. Los agentes estaban intentando localizar a Babes, de la que no tenían noticias desde hacía tiempo. Lo último que sabían de ella es que se había trasladado desde Tenerife a Cádiz. Los investigadores gaditanos averiguaron que la anciana había llegado a la residencia tras pasar por varios hospitales, debido a su delicado estado de salud. En los informes médicos había indicios de “una posible negligencia en los cuidados y el abandono por parte de los cuidadores”. Eso, sumado a la situación económica de Babes, les puso en alerta, explican fuentes del caso.

La mujer había mejorado tras su ingreso en la residencia. Así lo pudieron atestiguar los investigadores que, además, mantuvieron “varias entrevistas” con ella. Babes explicó que conoció a los cuidadores en Tenerife y, al estar sola y sin familiares, estos se ofrecieron a atenderla y la convencieron para que se trasladase a la península. Una vez aquí, consiguieron anular su voluntad y la mantuvieron encerrada unos dos meses en un chalé alquilado, donde estaba maniatada.

En ese tiempo, los estafadores la habían descapitalizado de una propiedad inmobiliaria en Tenerife y del dinero que tenía en su cuenta: de los 162.000 euros que tenía en octubre de 2018 a los 300 que le quedaban a mediados de diciembre. La estafa fue posible gracias a la firma de dos protocolos notariales, uno que otorgaba a la pareja poder absoluto y otro en el que los nombraba herederos. La anciana desconocía la firma de ambos -en ese momento estaba ingresada en el hospital- ya que los delincuentes recurrieron a una mujer de nacionalidad holandesa que se hizo pasar por ella.

Con todas las pruebas, los guardias civiles pidieron a Babes que permaneciese en la residencia, mientras que solicitaron a la autoridad judicial la detención de la pareja y el registro del chalé donde tuvieron a la anciana. Sin embargo, apenas un día antes de ser detenida, la pareja consiguió convencer a la mujer para que se marchase con ellos. La mujer falleció a las 16.00 de ese día, a bordo del coche en el que viajaba con los cuidadores, apenas cinco horas después de marcharse del centro. La Guardia Civil califica su muerte como “extraña”, ya que esa misma mañana “aparecía en un vídeo en perfecto estado de salud tocando la pandereta en un desayuno navideño”.

Con todo, su muerte no ha podido ser investigada ya que en esas 24 horas previas a su detención, los sospechosos solicitaron a la funeraria la incineración del cadáver con la mayor brevedad. Pese a manifestar “desmesuradamente el cariño que tenía a la anciana”, ni quisieron la urna de las cenizas. En la posterior detención y registro, los agentes descubrieron dos billetes de avión con destino a Cuba por lo que “difícilmente podrían hacerse cargo del cuidado de María”, según explican.

En el registro, los agentes comprobaron “consternados” que la estafa y maltrato empleados con Babes era la pauta habitual de esta pareja, de procedencia cubana y alemana. En un chalé cercano encontraron a una anciana holandesa y a un anciano alemán “en pésimas condiciones”. Estaban inmovilizados en habitaciones cerradas con cerrojo y alimentados con sonda nasogástrica, pese a que los médicos que los atendieron determinaron posteriormente que no eran necesarias. La Autoridad Judicial dispuso su internamiento en un centro de mayores de Jerez en el que su estado de salud ha mejorado notablemente.

Después del ingreso en prisión de la pareja de cuidadores, los agentes han identificado hasta cuatro personas más de las que ambos se hiceron cargo con anterioridad. Tras fallecer, “todos” habían sido incinerados, explican fuentes de la investigación. Los guardias civiles cifran el enriquecimiento ilícito de esta banda en 1.800.000 euros y han realizado comisiones rogatorias Internacionales a Inglaterra, Italia, Alemania y Cuba, donde esta pareja puede ser titular de cuentas y productos financieros.

Los beneficios obtenidos de sus estafadas acababan blanqueados a través de diversos canales bancarios e inmobiliarios con la ayuda de 13 colaboradores. De todas estas vías, destaca la construcción de un complejo turístico en la playa de El Palmar (Vejer de la Frontera), en suelo no urbano. Para ello, los investigados aportaron documentación falsificada y constituyeron una empresa con titulares interpuestos. A los sospechosos se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida, maltrato en ámbito familiar, defraudación al sistema de Seguridad Social alemán, contra la ordenación del territorio, blanqueo de capitales, desobediencia a agente de la autoridad y alzamiento de bienes.