“La vacunación obligatoria aísla a los más escépticos y es eficaz con quienes dudan”

Italia empezó 2017 con una crisis de salud pública. Con las tasas de cobertura vacunal en mínimos, el sarampión irrumpió con fuerza en el país, que ha registrado desde entonces 7.500 caos y una docena de muertes. Fue un serio aviso de lo que podía pasar con otras enfermedades si no se revertía la creciente influencia del movimiento antivacunas. El parlamento regional del Véneto, por ejemplo, aprobó en 2007 una ley que dejaba sin efecto la obligatoriedad de inmunizar a los niños frente a cuatro enfermedades (tétanos, difteria, polio y hepatitis B). Una obligatoriedad que ya era relativa ante la falta de medidas que forzaran a los padres a vacunar realmente a sus hijos.

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“La vacunación obligatoria aísla a los más escépticos y es eficaz con quienes dudan”

El Gobierno Italiano respondió al envite con una medida inédita en Europa: ampliar la obligatoriedad a 10 vacunas y, esta vez sí, aplicar un paquete de medidas para asegurarse que los niños eran inmunizados, con multas previstas para aquellos padres que se negaran.

El caso italiano ha despertado el interés en toda Europa, como pudo comprobarse en el congreso Escaide 2018, organizado por el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) en Malta el pasado mes de noviembre. Domenico Martinelli, investigador en Higiene y Salud Pública de la Universidad de Foggia, presentó allí un detallado trabajo de las dificultades y los resultados obtenidos con la medida.

Pregunta. ¿Tan mala era la situación a principios de 2017?

Respuesta. Muy peligrosa. La tasa de cobertura vacunal contra el sarampión a los siete años de edad era del 82%, cuando el objetivo es el 95%. Muchas vacunas habían caído cinco, seis o siete puntos en pocos años. El sarampión era un aviso de lo que podía pasar con otras enfermedades.

P. ¿Qué hizo el Gobierno?

R. Una ley que declaró ese verano obligatorias 10 vacunas y diseñó un plan para cumplirlo.

P.¿Con qué medidas?

R. Primero había que identificar, con la ayuda de las escuelas y los servicios de vacunación, a los niños no inmunizados. Para ello era necesario disponer de un registro informatizado, que en varias regiones no existía.

P.¿Y una vez identificados?

R. Primero se mandaba a los padres dos cartas invitándoles a vacunar a sus hijos. Si seguían sin hacerlo, un tercer envío les convocaba a una reunión para hablar y discutir sobre las razones por las que no lo hacían. Luego se les dejaba un tiempo de reflexión, pero se les ponía una fecha límite para decidirlo. 

P. ¿Y si se negaban?

R. La ley contempla una multa, cuyo importe deciden las regiones. Son unos cientos de euros.

P. ¿Y funcionó?

R. Bastante bien. Según la vacuna y la cohorte, hay tasas que han crecido cinco y seis puntos. Pero hay que seguir trabajando.

P. ¿A quién se convence con estas medidas?

R. La política ha sido eficaz con las familias que tienen dudas o posiciones vacilantes. Es cierto que el núcleo antivacunas sigue rechazándolas, pero es un grupo pequeño, del 1% al 3% de la población, que no opera en el plano racional. El peligro es cuando sus mensajes hacen dudar a otros. La ley ha demostrado ser útil para aislar a los más escépticos.

P. El actual gobierno ha lanzado mensajes contra las vacunas...

R. Hay un sector del Movimiento 5 Estrellas que ha sido ambiguo. Pero la ley sigue en vigor.

P. ¿Cree que esta ley es aplicable a otros los países?

R. Depende del contexto. Italia aplicó una medida drástica, con sus costes pero que ha demostrado ser útil, en una situación muy concreta. Pero España tiene unas tasas y una confianza en el sistema sanitario elevadas. Entonces, tienes otras vías para mantener las tasas en el 95% sin necesidad de aplicar una ley como esta. En cierta forma, puede considerarse un último recurso.