El economista incómodo que chequeó el sistema de salud

Enrique Costas Lombardía, economista de la salud, murió el 23 de febrero por las complicaciones de una fractura de cadera, tras una caída accidental en casa. Tenía 90 años y se enfrentó a la muerte con la dignidad y la manera discreta que le caracterizaron en vida. Costas Lombardía es conocido por su desempeño como vicepresidente de la comisión Abril, presidida por Fernando Abril Martorell, que planteó reformas para el sistema sanitario público en 1990 y 1991.

Personal y culturalmente vinculado a ambientes de oposición a la dictadura franquista, como la revista Cuadernos para el Diálogo y la Revista de Occidente, el origen de su relación con el sistema sanitario español fue su paso por la empresa farmacéutica Antibióticos SA, una de las últimas oportunidades de disponer de una empresa farmacéutica competitiva de capital español.

En ella, además de desempeñar cargos de dirección de la empresa de alto nivel, tuvo un papel decisivo en el desarrollo de la revista Tribuna Médica, que destacó entre las revistas patrocinadas por los laboratorios farmacéuticos por el rigor científico y ético de las colaboraciones que ofrecía. Por ejemplo, trajo a España a Iván Illich tras publicar Némesis médica, una acerba crítica a la expropiación de la salud por los médicos.

La forma en que se produjo en 1987 la venta de Antibióticos SA, del empresario Juan Abelló, marcó de manera decisiva su actividad posterior y sus posiciones siempre críticas con la industria farmacéutica. Se vendió a una empresa italiana que cerró Antibióticos SA, con el trasvase final de capital a Mario Conde (y su proyección a la presidencia de Banesto). Abandonó la empresa disconforme con el proceso y se implicó en el mundo de la economía de la salud, la organización de servicios sanitarios y la bioética.

Su independencia de criterio, y la claridad de sus posiciones críticas, quedaron de manifiesto con motivo de la elaboración de la Ley General de Sanidad, que consideraba "una reforma a la inversa", como escribió en EL PAÍS (19 y 20 de septiembre de 1985). Su disconformidad con el proyecto presentado por el PSOE se apoyaba en razones que no fueron después resueltas en el texto definitivo de aquella como la falta de compromisos financieros y plazos reales y la ausencia de voluntad y vías expresas de combatir las desigualdades sociales y territoriales.

Su independencia personal y política le llevó a la vicepresidencia y coordinación de la comisión Abril en 1990. Las reacciones suscitadas en determinados sectores de la izquierda por algunas de las propuestas del informe, calificadas erróneamente como "privatizadoras" (lo que el informe proponía en realidad era la modificación de las formas de gestión pública del sistema, que no habían sido abordadas en la Ley General de Sanidad y siguen sin serlo hasta ahora), unidas al rechazo de determinados grupos ciudadanos, en particular los pensionistas del régimen general de la Seguridad Social, respecto de los cuales se proponía la posibilidad de introducir un copago para el acceso a los medicamentos del que estaban exentos hasta entonces, provocaron un doble efecto: que las conclusiones del informe quedaran marginadas en el plazo más inmediato por el Gobierno presidido por Felipe González y que, por el contrario, pasaran a constituirse en referencia para aquellos sectores que apoyaban ya entonces, y desarrollaron después, medidas para introducir la gestión privada en el sistema sanitario.

Las críticas a la comisión Abril no le retrajeron de su continuada labor en el desarrollo de ideas que contribuyeran a mejorar el funcionamiento, garantizar la sostenibilidad económica, y hacer real la cobertura universal, de nuestro sistema sanitario público. De esa preocupación fundamental que mantuvo a lo largo de su vida (el último de sus artículos publicado en estas mismas páginas es de junio de 2018) dan, por ejemplo, cuenta más de cincuenta artículos publicados a lo largo de los años en EL PAÍS sobre materias como el gasto farmacéutico incontrolado y el precio de los medicamentos; las listas de espera; la crítica de las nuevas formas de gestión privada aparecidas en el sistema sanitario; o determinados aspectos del funcionamiento del sistema español de trasplantes, todas las cuales formaron parte de sus áreas de interés prioritario.

No se acogió a ninguna escuela ni capilla y su muerte deja el vacío del lugar que ocupó en solitario con altruismo y bonhomía, pero también una huella indeleble en quienes le conocimos y compartimos con él su trabajo, e igualmente, en su concepción de la medicina como servicio público universal, en varios de sus hijos y nietos que han hecho suya la profesión médica.

Juan Gervas es médico general rural jubilado, miembro del Equipo CESCA. Javier Rey del Castillo es médico inspector jubilado.