Una francesa, declarada responsable parcial de la agresión de su pareja que la dejó parapléjica

Para algunas instituciones oficiales francesas, Aïda, una víctima de violencia machista de Le Mans, es responsable, al menos en parte, de estar atada a una silla de ruedas de por vida después de que su pareja la tirara por la ventana del segundo piso donde convivían. Por ello, le han denegado una parte de la indemnización que se le concedió en el juicio. La responsable de Igualdad del Gobierno de Emmanuel Macron, Marlène Schiappa, ha puesto el grito en el cielo y ha prometido intervenir de ser necesario para corregir una decisión “incomprensible” en un país donde una mujer muere cada tres días por violencia sexista o sexual.

“Lo que no entiendo es que me hagan responsable. Es como si yo hubiera contribuido, como si hubiera buscado lo que me ha pasado, convertirme en parapléjica de por vida”, declaró este viernes la víctima, que mantiene oculta su identidad, a la cadena France 2.

La noche del 24 de agosto de 2013, Aïda (nombre ficticio) tuvo que tomar una decisión. La joven de 25 años convivía con un hombre al que ya había denunciado en ocasiones anteriores por violencia de género, aunque sus abogados precisan que nunca antes había necesitado hospitalización. Ese día de verano de hace cinco años, la policía acude al domicilio de la pareja tras una disputa. Por su seguridad, los agentes recomiendan a Aïda que abandone la vivienda, según el diario regional Le Maine, el primero en contar la historia de la joven.

Aïda acepta y decide ir a casa de sus padres, en Alençon, a unos 50 kilómetros de la ciudad en la que vive. Pero es muy tarde y ya no hay trenes. Un taxi le sale demasiado caro, relata Le Maine. La joven intenta llamar al 115, el teléfono de urgencias sociales como violencia machista, para obtener un alojamiento alternativo. En vano. Tampoco le responden los amigos a los que pide ayuda. Ante la disyuntiva de pasar la noche en la calle o regresar a su casa, Aïda opta por la segunda opción. Y ese será, según las instituciones, su error.

A las 3.30 de la madrugada, los vecinos vuelven a llamar a la policía. Cuando acuden los agentes, hallan a la joven gravemente herida delante del edificio. Tras una nueva pelea, su pareja la había arrojado por la ventana del segundo piso.

El hombre fue condenado en junio de 2016 a 15 años de prisión. A la par, a la joven le fue concedida una indemnización de 90.000 euros para sufragar los gastos médicos y de adaptación de su vivienda y vehículo a su discapacidad. El problema llegó cuando sus abogados se dirigieron a las instituciones que deben aprobar la indemnización. El Fondo de garantía de las víctimas (FGTI) es el organismo estatal que provee fondos para víctimas de atentados y de delitos comunes como violaciones, agresiones o robos. En este caso, ofreció solo una indemnización parcial al considerar que “hay una responsabilidad compartida”, ya que Aïda “cometió una falta civil (negligencia o imprudencia) al regresar a su domicilio”, citó la decisión uno de los abogados de la joven en declaraciones a la agencia France Presse.

Los abogados reclamaron a la Comisión de indemnización de víctimas de infracciones (Civi), una oficina situada en cada tribunal de gran instancia para “facilitar la indemnización de las víctimas de infracciones penales”. Pero esta coincidió con el Fondo estatal, y rebajó la indemnización a 67.500 euros. Después de que la defensa de la joven recurriera, el abogado general del tribunal de apelación de Angers también confirmó a finales de noviembre la “falta compartida” de la víctima y pidió una reducción aún mayor de la indemnización.

Una decisión que la directora del FGTI, Nathalie Faussat, defendió ante las cámaras de France 2. “En este caso, está probado que la víctima no respetó las consignas de prudencia que le dio la policía no solo de abandonar la vivienda sino también la ciudad. La justicia ha considerado que era un motivo para reducir la indemnización”, declaró. La próxima cita ante la justicia, en la que se revisará el caso, se celebrará el 27 de mayo. 

Al conocer la noticia por la prensa, la secretaria de Estado para la Igualdad Mujer-Hombre, Marlène Schiappa, calificó la situación de “profundamente chocante e incomprensible”. “Considerar que una mujer es responsable, aunque sea parcialmente, aunque sea administrativamente, de la violencia que sufre va en contra de todo el trabajo que realizamos (…) para convencer de que una mujer no es jamás responsable de la violencia que sufre”, declaró Schiappa en sus redes sociales.

Según adelantó la secretaria de Estado, su oficina está informándose y, en caso de que la situación sea tal como ha sido denunciada, ella intervendrá “personalmente ante las instituciones responsables para que se realice una reparación de daños ante la justicia”. Además, informó de que ha enviado una carta oficial “a todas las aseguradoras e instituciones” responsables para “recordar que una mujer no es JAMÁS responsable de la violencia de la que es víctima”.