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Acción judicial contra el Gobierno francés por no hacer lo suficiente contra el cambio climático

Cuatro ONG acusan al presidente Emmanuel Macron de no respetar sus compromisos ecológicos

Un camión con coches atraviesa un puente de París ante el humo de una fábrica
Un camión con coches atraviesa un puente de París ante el humo de una fábrica AP

Cuatro ONG han decidido recurrir ante la justicia contra el Gobierno de Emmanuel Macron al considerar que este no está haciendo lo suficiente para luchar contra el cambio climático. Las organizaciones, entre las que se encuentran Oxfam Francia y Greenpeace, amenazan con un proceso al presidente francés, su primer ministro, Édouard Philippe, y una decena de sus ministros si no responden a sus reclamos.

“La falta de acción del Estado en materia de lucha contra el cambio climático se traduce en una carencia culposa del Estado a la hora de respetar su obligación de protección del medioambiente, la salud y la seguridad humana”, argumentan las ONG, entre ellas también la asociación Notre affaire à tous y la Fundación por la Naturaleza y el Hombre (FNH), fundada por el exministro de Transición Ecológica de Macron Nicolas Hulot, que dimitió este verano en protesta por lo que considera una falta de compromiso con el medio ambiente del ejecutivo francés.

El Gobierno, que según el diario Le Monde recibió el lunes la notificación por escrito, tiene dos meses para responder antes de que las ONG pasen a la acción y presenten una demanda formal ante la justicia, algo que podría suceder en marzo del año que viene, de acuerdo con la Agencia France Presse. Y no se trata de un farol, advirtió la exministra y actual directora de Oxfam Francia, Cécile Duflot.

“No solo esperamos un proceso, también esperamos ganarlo. No se trata de algo simbólico”, sostuvo la exministra de Vivienda y de Igualdad de Territorios durante el Gobierno del socialista François Hollande en entrevista con la emisora France Info. Según recordó, existe un precedente: “Una ONG lo hizo en Holanda (en 2015) y ganó, obligó al Estado a reducir 25% sus emisiones de gas de efecto invernadero”. Según Duflot, antigua secretaria nacional de Los Verdes, “las políticas públicas de Francia no están a la altura” de un desafío climático que no es un problema del futuro “sino de hoy. Si no actuamos rápidamente, las consecuencias vendrán en los próximos 15 años. No podemos quedarnos de brazos cruzados mirando cómo viene la catástrofe”, agregó.

La amenaza de demanda se produce en un momento complicado para Macron, un presidente que quiso hacer de la lucha contra el cambio climático una de sus banderas, pero que se acaba de ver obligado a anular el aumento previsto de la tasa a los carburantes el año que viene para aplacar la ira social expresada por la revuelta de los chalecos amarillos, que han protagonizado sonadas protestas durante el último mes. Las ONG son conscientes de ese desafío y, en una petición en línea de apoyo a su acción judicial, subrayan la necesidad de que el Estado actúe contra el cambio climático con medidas políticas que, sin embargo, “garanticen la justicia social”.

Según las asociaciones, esto se puede lograr proporcionando alternativas de transporte a la par que se reduce la dependencia del petróleo, invirtiendo en la renovación de las viviendas o promoviendo el uso de energías renovables, “abandonando el recurso a las energías fósiles y nuclear”. El Estado también debe, sostienen, “instaurar el acceso de todos a una alimentación suficiente y de calidad, garantizar un ingreso decente a los agricultores y luchar contra la deforestación”, entre otros.

En el caso holandés, la justicia de ese país se basó en la Convención Europea de Derechos Humanos para fallar a favor de los demandantes y ordenar al Estado la reducción de los gases de efecto invernadero. “Imaginamos un razonamiento similar de parte de un juez francés”, dijo a AFP Laura Monnier, responsable de la campaña de Greenpeace.

En Francia además existe una resolución en apoyo de la iniciativa de las ONG: en julio del año pasado, el Consejo de Estado, la más alta jurisdicción administrativa, instó al Estado a actuar contra la polución del aire, después de una queja presentada por varias ONG, entre ellas Amigos de la Tierra y Greenpeace. El Estado presentó una “hoja de ruta” para el aire, que las ONG consideraron insuficientes, por lo que el pasado octubre presentaron una demanda de multa coercitiva de 100.000 euros por día de retraso. Un monto “irrisorio comparado con el coste desorbitado de la polución del aire, estimado en casi 100.000 millones de euros al año”, justificó la demanda Amigos de la Tierra.

 

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