La gestión de los abusos de la Iglesia española preocupa en el Vaticano

La Santa Sede mira desde hace tiempo de reojo hacia España. Los escándalos de abusos surgidos en Alemania, Irlanda o, incluso Francia no han tenido correspondencia hasta ahora en un país donde la Iglesia ha estado involucrada en todos los estamentos educativos desde hace décadas. Han pasado ocho años ya desde que el Vaticano, entonces bajo el mandato de Benedicto XVI, publicó las líneas guía para la prevención y tratamiento de los abusos en España (como en tantos países). Entre otras cosas, se emplazaba a trasladar los casos a la justicia civil, pero en España algunas denuncias no han llegado ni siquiera de mano de los obispos que las conocían. La realidad constatada en Roma es que casi ninguna diócesis española ha hecho nada para aplicar esas normas con seriedad y la comisión creada recientemente no cuenta con elementos para ser tomada en consideración.

El Vaticano rechaza ofrecer las estadísticas detalladas y desglosadas por países de los casos que llegan de forma creciente en el último año a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano que investiga y castiga estos delitos. Tampoco publica las decisiones tomadas, lo que permitiría conocer la jurisprudencia seguida. La media procedente España, siendo bastante alta, no es excesivamente superior a la de otros países de la Unión Europea. Pero fuentes consultadas para este reportaje (de autoridades eclesiales españolas y vaticanas) consideran inadecuado el tratamiento que se ha hecho durante años y sostienen que tras las nuevas denuncias aparecidas, se incrementarán, como ya ha pasado en otros países (en 2017 llegaron 410 denuncias de todo el mundo). Hasta la fecha no responden a un mismo patrón geográfico o humano, como sí sucedió en Alemania, México o Boston. Pero cunde la sospecha, señalan fuentes de la Santa Sede, de que son más de las que se transmiten.

Los paños calientes no convencen. Y algunas voces más autorizadas del Vaticano en esta materia creen que la comisión creada por la Conferencia Episcopal Española carece de utilidad. Especialmente habiendo colocado en un momento tan delicado —los abusos se han convertido en el tema crucial del Pontificado y en una prioridad personal de Francisco— al obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, como presidente de la misma. Un prelado conocido por instruir de modo insuficiente las agresiones sexuales prescritas de un sacerdote de La Bañeza (León) que ocultó a la opinión pública. Pese a disponer en su diócesis de uno de los pocos protocolos que obligan a denunciar a la justicia ordinaria los casos de abusos, no está clara su disposición a influir en el resto del episcopado español en la implementación de medidas que, efectivamente, protejan a la infancia y persigan los delitos sexuales cometidos por el clero.

Casos como el de Chile han estimulado el aumento de las denuncias que llegan a Roma, que este año podrían casi doblarse

La creación de esta comisión se percibe como una operación de "lavado de imagen" sobre todo un modo de hacer hasta la fecha. Una improvisada salida ante la histórica reunión de obispos el próximo febrero en el Vaticano convocada por Francisco para tratar el tema de los abusos. “Lo mejor para que algo no se sepa es crear una comisión”, ironiza un alto representante religioso de la curia. Cuando el Papa se reúne cada semana con víctimas en el Vaticano y ha convivido con ellos en su residencia de Santa Marta, se echan también de menos gestos y empatía en España, señala un obispo español que frecuenta la Santa Sede. El malestar también alcanza a algunos importantes eclesiásticos españoles, que consideran “poco serio” que en la comisión haya gente como Silverio Nieto, controvertido por su participación en el caso de abusos del colegio Gaztelueta (fue acusado por las víctimas de "engaño"), u otros canonistas que no son expertos en Derecho Penal, como Jorge Otaduy y Carlos Morán.

El problema, además, es que es un órgano pobre en su representación: faltan expertos independientes y algunas personas sostienen que sería mucho más efectivo si se tendiera hacia una comisión mixta con las autoridades civiles españolas. Una plataforma donde pudieran participar víctimas y algún representante del Estado, ya que la legislación en la materia no compete solo a la Iglesia. Justamente, en uno de los puntos cruciales que señalan las asociaciones y autoridades en la materia, como el arzobispo de Malta y expromotor de Justicia de la Congregación por la Doctrina de la Fe, Charles Scicluna, —la obligatoriedad legal de la Iglesia de denunciar a la justicia civil cualquier caso— no será posible llegar a ningún avance sin los Estados correspondientes.

Las investigaciones estimulan el aumento de denuncias

Las investigaciones llevadas a cabo el Vaticano, especialmente el caso de Chile, donde los obispos dimitieron en pleno al demostrarse el escándalo de los múltiples abusos del sacerdote Fernando Karadima y la ocultación sistemática del obispo Juan Barros, han estimulado el aumento de las denuncias en el último año. La transparencia en cuanto a número de procedimientos, condenas y absoluciones brilla por su ausencia. Pero si normalmente llegan una quinientasdemandas al Vaticano por Delicta Gravioria —y la gran mayoría se confirman—, este año se alcanzaría una cifra cercana al doble. No sería un récord histórico, pero sí el máximo en la última década. No es que haya más casos, sino que la expeditiva y ejemplar resolución de casos como el chileno han incrementado la confianza de las víctimas en el sistema a la hora de denunciar.

El principal problema, según suelen contemplar expertos vaticanos como Hans Zollner —también ha declarado que el episcopado español podría hacer más en esta cuestión—, es la falta de formación y de mentalidad en la lucha contra los abusos. Demasiados casos han sido silenciados durante años, incluso por los obispos, que han impedido que llegasen a Roma alegando que no había una denuncia, para así evitar el escándalo. Sin embargo, ese argumento no se aceptaría, pues la mera aparición en prensa de una denuncia, figura legal llamada “notitia criminis”, como está llevando a cabo este periódico en las últimas semanas, se considera ya motivo suficiente para la apertura de una investigación.

España, como los países latinoamericanos, sigue en la órbita de los Estados atrasados en esta cuestión. Los países más avanzados en la prevención y la denuncia son los anglosajones y Alemania, Francia y Países Bajos, donde se denuncian ya prácticamente todos los casos. La otra esfera de la lucha contra los abusos es África y Asia, donde no se denuncia prácticamente nada. Ese, será el gran reto de la Iglesia en los próximos años.