Baleares garantiza la gratuidad de los aparcamientos en hospitales públicos

Hace apenas 20 días Chema Molina dio la bienvenida a su segundo hijo en el hospital de Son Espases de Palma. La alegría por la llegada del recién nacido se tornó en enfado cuando fue a retirar el coche del aparcamiento nueve horas después de haber llegado al centro sanitario con su mujer y tras ver una factura de 13 euros por haber dejado allí el vehículo. “Por los tres días que estuvo mi mujer ingresada gasté más de 20 euros y tuve que mover el coche por la noche hasta una barriada cercana y recorrer andando más de 15 minutos junto a la carretera para llegar al hospital. Es un robo” lamenta.

El de este vecino de Palma puede ser uno de los últimos casos después de que el Parlamento balear haya aprobado una proposición de ley para garantizar la gratuidad de los aparcamientos de los centros sanitarios públicos en las islas. En Baleares hay actualmente 12 complejos sanitarios gestionados por el Servicio de Salud, a los que se sumarán en los próximos meses otros dos. De esta docena hay solo dos que actualmente tienen aparcamiento de pago; el hospital de referencia de Son Espases de Palma, con una tarifa de 1,22 euros por hora, y el hospital de Can Misses, en Ibiza, con un precio de 2,1 euros por hora.

“Dentro del modelo de negocio del hospital de Palma se incluía la explotación del aparcamiento. La adjudicataria pagaba la construcción del centro y la comunidad autónoma abonaba un canon anual y le entregaba la explotación de los servicios no asistenciales, entre los que estaba el aparcamiento”, afirma el secretario de la federación de Servicios Públicos de UGT en las islas, Miguel Ángel Romero. El concurso público, bajo la lupa judicial desde hace años, fue impulsado durante el mandato del expresidente del PP en las islas Jaume Matas, para quien la fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel precisamente por presuntas irregularidades en la concesión de las obras de este centro, que fueron acometidas finalmente por Dragados.

Casos habituales

Romero afirma que los de Son Espases y Can Misses no son casos únicos en España, pero algunos son bastante diferentes. Hay centros públicos de Sevilla y Madrid en los que, según el portavoz sindical, muchas empresas aprovecharon para construir aparcamientos privados en las cercanías. “Ocurre en otros centros de la capital, Sevilla y Valencia, pero en muchos de ellos el aparcamiento no formaba parte de la concesión” matiza. El caso de Can Misses es muy similar al de Palma, según explica el delegado sindical de UGT en este centro sanitario, Pedro Campillo: “El aparcamiento entraba en la concesión del complejo y el hospital está rodeado de edificios y calles en las que es imposible dejar el coche” sostiene.

La proposición de ley impulsada por el PSOE, Podemos, Més per Mallorca y Gent per Formentera subraya que la decisión de incluir la gestión de estos aparcamientos en la explotación de los centros sanitarios “determina una situación de desigualdad entre los ciudadanos de las islas en cuanto a la accesibilidad a los servicios hospitalarios en función de la zona de residencia”. En el caso de Ibiza el cobro del aparcamiento provoca que esté infrautilizado y las plazas para los vecinos de la zona  totalmente copadas por los usuarios del hospital, mientras que en Palma los usuarios están condenados a pagar porque el hospital no está en una zona urbana y el transporte público no siempre es una opción.

El dictamen del Parlamento autonómico recoge la obligatoriedad de que las plazas sean gratuitas “para asegurar la igualdad de los ciudadanos en las condiciones de acceso a los centros”. Además, otorga al Gobierno regional un plazo de seis meses para hacer efectiva la gratuidad de las plazas de aparcamiento y obliga a la concesionaria a colaborar en la adopción de las medidas necesarias para conseguirlo. El Ejecutivo de la socialista Francina Armengol, que gobierna en coalición con los nacionalistas de Més per Mallorca y el apoyo externo de Podemos, calcula que la recuperación de ambos aparcamientos costará 50 millones de euros a las arcas autonómicas. La Administración tendrá que pagar 2,2 millones de euros anuales por Son Espases y 300.000 por Can Misses durante los 20 años que quedan de concesión.