Tengo miedo

En pocas horas y en distintos hogares se consumó la venganza anunciada contra mujeres, hasta ahora anónimas, que habían decidido poner fin a la relación de pareja. A unas les arrebataron la vida y a otra la de sus dos hijas, como suprema expresión de la crueldad. Las autoridades investigan y la culpabilidad es presunta hasta que se dicte sentencia.

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Según informaciones periodísticas, la mayoría de ellas acudieron a las instituciones a pedir ayuda, tenían miedo y estaban inmersas en procesos de separación. No obtuvieron medidas de protección porque la institución no valoró el riesgo letal que se cernía sobre ellas, o bien lo hizo a la baja. Esta práctica tiene su reflejo en los datos del Observatorio del Poder Judicial, con un aumento del número de mujeres asesinadas que había solicitado medidas de protección. Este indicador nos lleva a pensar que el sistema no responde de manera proporcional al riesgo que existió y que la mujer, en algún momento, percibió y exteriorizó de alguna manera, probablemente con un “tengo miedo por mí y por mis hijos”.

En un país como el nuestro, con más de dos décadas de abordaje de la violencia contra la mujer en la pareja y que considera a los menores víctimas directas, se ha hecho una radiografía y evaluación de la legislación y práctica. Cristalizó en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Contiene medidas para mejorar la evaluación del riesgo, tales como incluir en ellas a los menores, con suspensión del derecho de visita o custodia cuando se pongan en peligro sus derechos; auxiliar a la Administración de justicia con informes de psicólogos y médicos forenses que se sumen a la existente valoración policial del riesgo.

En agosto se aprobaron medidas y en trámite está la modificación legal para reforzar la formación y especialización de la judicatura. Pero también es urgente garantizar la protección cuando las mujeres dicen tener miedo y solicitan protección. No podemos caer en la ingenuidad. Los mitos sobre denuncias falsas y mujeres manipuladoras que pretenden ventajas en la separación están mostrando sus efectos más perversos. Minan la credibilidad de las mujeres que piden protección, les inyectan la ansiedad y el desasosiego de no ser creídas. Las consecuencias son nefastas, porque la banalización del riesgo que sufren puede conducir a la muerte.

Como sociedad debemos a estas mujeres un análisis riguroso de la actuación de las instituciones, determinar si existió algún funcionamiento anormal o laguna que cubrir, mejorar las valoraciones del riesgo y, por supuesto, articular mecanismos más eficaces de reparación de los daños causados. Así lo advirtió Naciones Unidas en el caso Ángeles González, quien también dejó de ser anónima por la crueldad de la violencia de género y que también dijo tener miedo.

Inmaculada Montalbán Huertas es magistrada y expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial

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