El Vaticano suspende durante 10 años a un cura por abusos en un colegio de Zamora

El Vaticano ha suspendido al sacerdote José Manuel Ramos, acusado de cometer abusos sexuales en el colegio Juan XIII de Puebla de Sanabria (Zamora) entre 1981 y 1984, y desterrarle durante 10 años de la diócesis de Astorga, a la que pertenece el pueblo. Durante ese tiempo, deberá residir en otro obispado. Tras ese periodo, el cura, que anteriormente también fue acusado de abusar sexualmente de menores en el seminario de La Bañeza (León) hace 30 años, podrá regresar a su diócesis para vivir en la casa sacerdotal y celebrar la eucaristía con autorización expresa, informó ayer el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez. La noticia llega cuando los abusos ya han prescrito —el plazo máximo son 15 años desde que la víctima cumple 18 años—.

La resolución, emitida por la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, considera probados los hechos denunciados a principios de 2017 por una víctima más de tres décadas después de que sucedieran y lo califica como delito grave de abusos sexuales a menores. El obispo valoró la pena de Ramos como “muy dura” y explicó que no se ha decidido a expulsarle (el castigo más elevado para un religioso) porque el delito lo cometió hace 30 años “y en su ejercicio de la profesión posterior no se han producido problemas”.

Menéndez destacó que ha informado personalmente de la decisión tanto a la víctima que denunció como al sacerdote. La diócesis no dijo si habrá una indemnización económica para el afectado. “Le he pedido perdón en nombre de toda la comunidad y me he puesto a su disposición para acompañarle espiritualmente”, subrayó el obispo.

El pasado octubre, Ramos fue apartado como párroco de Tábara (Zamora), donde ejercía desde hacía 26 años, tras un proceso canónico en el que el sacerdote admitió haber abusado de varios niños hacía tres décadas cuando era docente del Seminario Menor de La Bañeza (León). La condena fue llevada en secreto por el obispo, que permitió que ese mismo mes fuese homenajeado en la localidad. La investigación de estos abusos comenzó después de que una de las víctimas enviase una carta al papa Francisco en 2014, en la que denunciaba cómo el sacerdote visitaba las habitaciones donde dormían él, su hermano y dos niños más, que tenían 13 y 14 años, y abusaba de ellos. “Las noches se habían convertido en miedo”, relató la víctima, que hoy tiene 43 años y sufre secuelas psicológicas. Los jóvenes aseguraron que alertaron al rector del seminario, Gregorio Rodríguez (fallecido), y al tutor de sexto curso, Francisco Javier Redondo, de lo que el por entonces tutor de 7º de EGB hacía por las noches. Según contaron en la misiva, no recibieron ninguna ayuda.

En febrero de 2017, una treintena de exalumnos del seminario de La Bañeza salieron a la calle ante las puertas del obispado de Astorga para denunciar los casos de pederastia en la Iglesia y su supuesto encubrimiento. El obispo se comprometió a iniciar una investigación y decidió reunirse con el colectivo para tratar a fondo los delitos que denunciaban. Estas asociaciones han seguido repitiendo en los medios que el caso del padre Ramos es solo “la punta del iceberg” de lo que ha pasado en los centros educativos eclesiásticos de la diócesis de Astorga.

La decisión de Roma llega cuatro días después de que el obispo de León decidiera apartar de sus actividades pastorales a un sacerdote que reside en Carrizo de la Ribera (León) tras ser detenido junto a su hermano, también jubilado, por un supuesto delito de abusos sexuales de un discapacitado en dicha localidad. Y se materializa a una semana escasa de que el papa Francisco, acosado por los escándalos de abusos en Pensilvania (EE UU) y Alemania y las acusaciones de encubrimiento, citara para febrero a todas las Conferencias Episcopales para tratar el asunto. Desde entonces otros sacerdotes han sido apartados de sus funciones en países como EE UU o Chile.