Omertá nuclear

La obligación de un periodista es publicar eso que el poder quiere ocultar; pero, cuando la noticia se difunde 24 años después, el informador contribuye más a la historia que al periodismo. El problema de esconder algo tanto tiempo es que nunca llega el momento de descubrir a los responsables ni de satisfacer a las víctimas. Eso ha ocurrido con el peor accidente nuclear en España, que se produjo en 1970 en Madrid. El franquismo lo ocultó, pero aún hoy sigue habiendo graves lagunas y escaso interés por esclarecerlas. Hubo que esperar un cuarto de siglo para valorar públicamente el desastre. Fue el 24 de octubre de 1994 cuando EL PAÍS difundió por vez primera el informe secreto de la Junta de Energía Nuclear (JEN) sobre los entre 40 y 80 litros del líquido altamente radiactivo que acabaron en el alcantarillado de Madrid para dejar un rastro letal por el Manzanares, el Jarama y el Tajo.

Muchos ciudadanos se enteraron entonces de que ellos y sus familias habían consumido verduras regadas con agua radiactiva. El informe decía, por ejemplo, que la JEN había detectado en Aranjuez un nivel de radiactividad hasta 75.000 veces superior al normal. Imposible olvidar las caras de los agricultores aquellos días de 1994 cuando les contamos datos del informe. Benigno Girón, azada en mano, fue el primero con quien hablamos en su huerta de Valcarra Chica. Recordaba que, sin explicación alguna, unos agentes se llevaron sacos de lechugas de su campo en el otoño de 1970. Tenía entonces 40 años. A los 50, sufrió un cáncer de laringe. ¿Tuvo algo que ver el consumo de hortalizas contaminadas? Nunca lo sabremos, y ese es el capítulo más grave de esta historia, porque ni entonces, ni 24 años después, ni tampoco con posterioridad se ha hecho un estudio epidemiológico de la zona. Ocultar un hecho tan brutal es propio de una dictadura, pero Franco murió solo cinco años más tarde y, por tanto, es incompresible que nadie reaccionara cuando aún había margen para paliar el desastre, asistir a las víctimas y futuras víctimas de cánceres, retirar tierras contaminadas, prohibir el consumo de productos de esas huertas, indemnizar a los campesinos...

Nada se hizo. Al contrario. La ley del silencio se mantuvo hasta que EL PAÍS la rompió. Y aun así, la reacción de las autoridades fue casi inexistente. El fiscal Emilio Valerio fue el único que se interesó. Hasta ahora. Han pasado 50 años y todas las cuentas siguen pendientes. ¿Mejor seguir en silencio? ¿También en esto?

Carlos Yárnoz, junto con José Yoldi, desveló en 1994 el informe secreto de la JEN sobre el accidente de 1970.