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Tres meses de prisión para los responsables de “la perrera de los horrores” de Puerto Real

Inyectaban a los canes un fármaco que les producía “una muerte agónica”

Tres meses de prisión para los responsables de “la perrera de los horrores” de Puerto Real

La conocida como “la perrera de los horrores”, El Refugio, un centro privado ubicado en Puerto Real (Cádiz), se convirtió en la primera residencia canina cerrada por orden judicial en el verano de 2007. Ahora, una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz ha considerado probado que su personal practicaba a los perros y gatos que acogía una “muerte agónica e insufrible, cuando ello era evitable”. Para ahorrar costes en el sacrificio de un número indeterminado de animales -la acusación habla de, al menos, 556-, empleaban el fármaco Mioflex que les ocasionaba una larga muerte por asfixia. El fallo puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.

Más de una década después de que la asociación homónima El Refugio -no vinculada al centro de Cádiz- denunciase el horror que ocurría en el interior de la perrera, la Sección Cuarta de la Audiencia ha condenado al dueño de la residencia, a la directora y a un veterinario a tres meses y 22 días de prisión por un delito de maltrato animal. La sentencia, divulgada el pasado viernes, les inhabilita para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales durante un año. La decisión judicial supone una victoria para la Fiscalía y la acusación particular, porque estima sus recursos de apelación y revoca la sentencia absolutoria que dictó en septiembre de 2017 en el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz. El dueño continúa con la actividad en otras localidades del Campo de Gibraltar.

La Audiencia Provincial ha considerado probado que los tres condenados -Plácido G.M., dueño; Manuela A., directora y Estanislao C., veterinario- emplearon el fármaco Mioflex en sus eutanasias, pese a ser conscientes del daño que ocasionaban a los animales. Les producían “una muerte lenta y agónica por asfixia, que en la mayoría de las ocasiones podía durar varios minutos, durante los cuales el perro o el gato estaba absolutamente consciente hasta que moría ya que afecta a los músculos respiratorios”, tal y como ha explicado la ONG El Refugio en un comunicado de reacción a la sentencia.

El fallo recoge que lo hacían para “abaratar y simplificar las eutanasias”, que añade que los tres condenados conocían “que se producía una muerte agónica e insufrible, cuando ello era evitable, pues con otros medicamentos podía realizarse una eutanasia rápida con mínima molestia”. Fue lo que Nacho Paunero, presidente de la asociación El Refugio, pudo contemplar con sus propios ojos en los primeros días del verano de 2007 cuando, tras recibir varias denuncias ciudadanas, se desplazó desde Madrid para descubrir lo que ocurría en el interior de la perrera. Aún le cuesta olvidar lo que vio: “De entrada, parecía el lugar ideal, pero no era así”.

Con la ayuda de una veterinaria voluntaria del centro que apoyó la denuncia, pudo demostrar la agonía de los animales, además de las condiciones de falta de limpieza y hacinamiento en las que se encontraban, como quedó reflejado en la instrucción posterior. En Andalucía está autorizado el sacrificio, pero el problema se produjo debido al método empleado. “Si acogemos la definición legal de ensañamiento como la gramatical, llegamos a la conclusión de que existió ensañamiento”, indica la sentencia de la Audiencia Provincial.

Paunero denunció los hechos ante el Seprona de la Guardia Civil el 15 de junio de 2007. Un matrimonio de italianos que se sumó a la causa testificó en el juicio que dejaron a sus tres perros en la residencia un fin de semana. Cuando llegaron a recogerlos, uno ya estaba muerto y los otros dos desaparecidos. “Se hacía pasar por una entidad benéfica, pero la realidad es que era un negocio en el que mataban rápidamente a los perros”, explica Paunero.

La jueza del Juzgado número 2 de Puerto Real abrió un proceso penal contra los responsables del centro y declaró su cierre cautelar. “Logramos que por primera vez en España se cerrara una perrera”, dice el responsable del Refugio que, en la actualidad, mantiene 100 procedimientos penales, civiles y administrativos en diversas comunidades. “Aún hoy es algo que no suele ocurrir”, añade.

Más concesiones

El presidente de El Refugio cree que los perros de la pareja italiana son tres de los 556 que, del 1 de enero al 31 de agosto, fueron sacrificados con Mioflex, según los cálculos que presentaron como pruebas. Sin embargo, la sentencia tan solo ha podido demostrar que el veterinario empleó este fármaco de abril en adelante y en un número no determinado de animales. Los jueces sí han podido inculpar a los dos responsables de la residencia -dueño y directora- como partícipes, pese a no intervenir activamente en el maltrato: “Tenían el dominio funcional de los hechos, ya que dados sus cargos y funciones no solo conocían y consentían el uso del Mioflex, sino que podían haber evitado su utilización”, concreta la sentencia.

“Estamos muy contentos porque es una sentencia valiente”, reconoce Paunero. De hecho, desde El Refugio piensan iniciar los trámites para conseguir la inhabilitación tan pronto como sea posible. Desde el Colegio de Veterinarios de Cádiz ya han informado de que, cuando eso suceda, harán efectiva la suspensión del profesional. Sin embargo, la sentencia puede tener más consecuencias derivadas ya que Plácido G.M. ha seguido en estos años haciéndose con concesiones de servicios municipales de recogidas de animales en la provincia de Cádiz.

Plácido sigue apareciendo en portales de información empresarial como administrador único de Control Zoosanitario, S.L. En estos años, la firma ha cerrado diversos contratos con Ayuntamientos del Campo de Gibraltar.

En el caso del Ayuntamiento de San Roque, la concesión se mantuvo activa durante cuatro años hasta la pasada primavera y el Consistorio no la renovó. En Algeciras, aún se mantiene vigente. “La empresa ganó el concurso y hace su trabajo”, especifican fuentes municipales. Ahora está por ver si acaban tomando alguna medida. “Nosotros, desde luego, nos pondremos en contacto con los Ayuntamientos para informarles de la inhabilitación”, zanja Paunero.