Un nuevo caso de muerte materna destapa carencias en la sanidad mexicana

Susana, mexicana de etnia tzotzil de 26 años, falleció el domingo, 6 de octubre de 2013, unas horas después de dar a luz a una niña en un hospital de Chiapas, al sureste del país. La joven había ingresado el viernes en esta clínica del Seguro Popular, la prestación de salud que el Estado otorga a quienes no cotizan. Tenía dolores de parto y un embarazo de 39 semanas, pero pasó más de 24 horas sin que los médicos hicieran nada. Según los doctores, que entregaron a la recién nacida sin limpiar a la familia, Susana murió porque no pudo resistir las operaciones: una cesárea, extracción de la vesícula y ligadura de trompas. En ningún momento su esposo, que esperó más de seis horas fuera del hospital sin información, tuvo conocimiento de las intervenciones y aunque ella sabía leer y escribir, su huella dactilar sirvió para autorizar las cirugías.

Ante las múltiples irregularidades del caso y las violaciones a los derechos de la paciente y sus familiares, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exige ahora al Gobierno de Chiapas que repare el daño, revise y cambie la situación del Hospital de la Mujer en un plazo de seis meses. El centro cuenta únicamente con diez camillas para atender a las cerca de 100 embarazadas que acuden a diario. Hay otras ocho plazas en el área de recuperación y 17 camas en piso. La organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), que representa el caso, denuncia que la clínica da servicio a los 18 municipios que integran la zona de Altos de Chiapas, con 204.658 mujeres mayores de 12 años. La familia sigue esperando una indemnización, pero por ahora, no han recibido noticias del Ejecutivo estatal de Manuel Velasco, del partido verde. El de Susana no es un caso aislado.

Tan solo en lo que va de año, 48 mujeres han fallecido en la entidad durante el embarazo, parto o los 42 días posteriores, lo que se define como muerte materna. La cifra sitúa a Chiapas como el segundo estado con mayor número de decesos por cada 100.000 nacimientos en el país.

Según relata su esposo, Romeo Pérez, Susana llegó a la clínica acompañada de su suegra. “La desnudaron y la dejaron expuesta frente al personal sin darle una bata. A mi madre la echaron con malas formas porque no sabía hablar español. Cuando llegué con la documentación para el registro, rechazaron quedarse con una ficha que especificaba detalles del embarazo, como el número de semanas de gestación, lo que habría servido para que le practicaran la cesárea antes”. Para GIRE, Susana murió a consecuencia de la mala atención médica, algo que también reconoce ahora la CNDH. “La recomendación que emite el organismo es positiva, dice que hubo violaciones de derechos humanos y se responsabiliza al Gobierno de Chiapas, pero el contenido del texto es mediocre, el mismo siempre que sucede una muerte materna. Debería estar más acotado y dirigido. La familia, por ejemplo, pidió educación y salud para los hijos, un perdón público, pero el documento hace caso omiso”, afirma Regina Tamés, directora del colectivo.

La noche de la cesárea, Romeo se despidió de su esposa un poco antes de que la llevaran a quirófano. La operación estaba programada para las once. No fue hasta las cinco de la mañana que un médico le reclamó ropa para el bebé. Era una niña. Cuando preguntó por su esposa no obtuvo respuesta. Horas más tarde le informaron de la complicación, la extracción de vesícula, le dijeron que “estaba bien, delicada pero estable”, y que debía esperar tres horas para verla, ya en la habitación.

“A las once me llamaron de nuevo. Caminé detrás del doctor por el pasillo, rumbo al cuarto donde había estado la noche anterior. El médico pasó de largo y yo aún me asomé, porque pensaba que estaría allí. Se detuvo frente a una sala, abrió una carpeta y dijo: ‘La niña está bien, pero desgraciadamente la mamá falleció. No aguantó las operaciones’”. Romeo se quedó perplejo, “traumado”, describe, y ya no tuvo fuerzas para interrogar al médico ni entrar a ver el cuerpo de su esposa. Su padre y su suegro sí abordaron al doctor. “No somos dioses para hacer milagros”, fue lo que espetó el profesional a modo de excusa.

Cuando salieron del hospital con el cuerpo de Susana y el bebé, se dieron cuenta de que el cordón umbilical estaba sangrando todavía, la niña no respiraba bien y estaba morada. “La llevamos a un hospital particular, donde estuvo tres días ingresada”. Romeo explica que tenerla allí le costó 2.600 pesos (196 dólares) y las citas posteriores, con los medicamentos, entre 1.000 y 1.500 pesos cada una. “En el octavo mes ya no pude seguir llevándola a revisiones”. Con su trabajo de repartidor de tortillas gana unos 500 pesos semanales. Los pañales se llevan 100; la leche, que dura menos de 15 días, 380. Además, está su hijo mayor, de 8 años, Jonathan. “Tenía algunos ahorros, por eso pude asumir los gastos de la consulta privada un tiempo, pero eso ya se acabó”.

Al margen de la indemnización, Romeo pide medidas de no repetición: “Que no le pase lo mismo a ningún vecino, o a mi hija el día que crezca y sea madre”.

“¿Qué va a hacer el Gobierno de Chiapas para bajar la tasa de mortalidad materna?”, se pregunta Tamés. “Ese hospital no da abasto, habría que refundarlo para que fuera operativo, pero además es muy importante que se fortalezca la atención en el primer nivel, que haya un buen control prenatal”, asegura.

Según datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México, en 2012 se registraron 960 muertes en todo el país, 68 de ellos en Chiapas. En 2008 la tasa de fallecidos fue de 57.2 por cada 100.000 nacimientos, en 2009 de 62.2, en 2010 de 51.5 y en 2011 de 50.7. El informe Omisión e Indiferencia recoge que, en números absolutos, de 1990 a 2011 fallecieron en México 28.042 mujeres por complicaciones durante el embarazo, aborto, parto o puerperio. Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, México se comprometió a reducir para 2015 en un 75% los índices de mortalidad materna, una empresa difícil a tenor de los datos actuales. En 2012, la reducción con respecto a 1990 era del 52,3%, pero los resultados varían en cada zona del país. Cuatro estados habían retrocedido, como Coahuila, donde la tasa de mortalidad aumentó un 177%.