Gobierno canario y ecologistas recurren la autorización a las prospecciones de Repsol

Piden la suspensión cautelar de los sondeos frente a Lanzarote y Fuerteventura Repsol prevé iniciar los trabajos en noviembre y ya está enviando material

Zona marina protegida y puntos en los que Repsol tiene autorizadas las prospecciones.
Zona marina protegida y puntos en los que Repsol tiene autorizadas las prospecciones.

El Gobierno canario y dos organizaciones ecologistas, WWF y Greenpeace, han presentado recurso de alzada contra la autorización del Ministerio de Industria a Repsol para buscar hidrocarburos en aguas de Canarias. A punto de cumplirse el plazo para recurrir, casi un mes después de que Industria diera el visto bueno a las prospecciones --en pleno mes de agosto--, el ministerio tendrá que estudiar estas alegaciones, que piden entre otras cosas la suspensión cautelar del permiso para evitar que Repsol empiece los trabajos. La compañía tiene previsto iniciar los sondeos en noviembre, y ya ha trasladado material al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, según informa un portavoz de la compañía.

La resolución de Industria, publicada en el BOE el 13 de agosto, autoriza a la empresa a realizar durante tres años perforaciones en dos puntos, ampliables a un tercero en función de los resultados que se logren en los dos primeros, a unos 60 kilómetros de la costa. El texto deja explícito que toda la responsabilidad recae sobre Repsol y le impone 14 condiciones, entre ellas la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil de al menos 40 millones de euros y otro de 20 millones para cubrir posibles daños ambientales.

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Tanto Greenpeace como WWF han anunciado hoy la interposición de sus recursos. La primera organización asegura que ha sustentado su alegación en los "defectos formales del procedimiento administrativo debido a la incorrecta apertura del trámite de información pública y a la falta de transparencia del mismo". También detalla "las deficiencias en la documentación aportada y la escasa calidad técnica de la evaluación de impacto ambiental realizada".

Greenpeace entiende que "se han minimizado los impactos que van a tener las prospecciones sobre la fauna y los ecosistemas marinos, y las graves consecuencias de un vertido de petróleo", así como sobre sectores "de gran importancia social y económica como la pesca o el turismo". En su opinión, tampoco se han considerado adecuadamente" cuestiones básicas como el abastecimiento de agua potable para la población de las islas orientales que depende casi exclusivamente de la desalinización del agua del mar".

WWF también ha presentado una queja formal ante la Comisión Europea. "Argumentamos lo mismo en el recurso que en la queja europea: que se han dado permisos sin tener en cuenta toda la información científica que existe y que demuestra que los sondeos se quieren llevar a cabo en un lugar con un altísimo valor medioambiental", asegura Juan Carlos del Olmo, de WWF. La zona tiene "una excepcional importancia internacional para los cetáceos", añade. 

El proyecto de explorar recursos petrolíferos frente a las costas canarias acumula más de una década de trámites. En 2001, un real decreto concedió a Repsol permisos de investigación para seis años. El Tribunal Supremo lo anuló porque los permisos carecían de las medidas ambientales que requería la normativa. En 2012 el Gobierno consideró que Repsol había subsanado las deficiencias y convalidó los permisos de nuevo. Este último decreto fue recurrido por varios los gobiernos y las organizaciones. La Sala tercera del Tribunal Supremo desestimó los siete recursos presentados por los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, el Gobierno autonómico de Canarias, Ecologistas en Acción-Ben Magec, la Fundación César Manrique, WWF e Izquierda Unida.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente autorizó en mayo pasado los sondeos exploratorios que permitirán a Repsol investigar si existen reservas de hidrocarburos bajo aguas próximas a las islas más orientales del archipiélago, Fuerteventura y Lanzarote. El ministerio emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable a que la petrolera perfore tres pozos de hasta 5.000 metros de profundidad a unos 60 kilómetros de la costa. 

Sobre la firma

Elena G. Sevillano

Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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