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Las comunidades tendrán que endeudarse para aplicar la LOMCE

Educación les adelantará el dinero mientras llegan fondos

El ministro Wert saluda a la consejera de Enseñanza en Cataluña Irene Rigau. Ampliar foto
El ministro Wert saluda a la consejera de Enseñanza en Cataluña Irene Rigau.

La última reunión oficial del curso para debatir sobre la reforma educativa acabó convertida en un galimatías de números. El Ministerio de Educación aguardó hasta ayer, último día lectivo, para explicar a las comunidades autónomas cómo se va a financiar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que entrará en vigor el próximo septiembre. Los 964 millones que el Ministerio de Educación estima que se necesitan para la fase de implantación, prevista entre 2014 y 2017, saldrán del Estado (350 millones) y del Fondo Social Europeo (614 millones). La cuestión, que distintos consejeros comentaron haber conocido anticipadamente por informaciones del Ministerio de Hacienda del pasado viernes, es que el dinero procedente de Europa computará primero y temporalmente como deuda de las comunidades autónomas, lo que puede afectar a todas las medidas que se han puesto en marcha para combatir el déficit de las Administraciones.

En concreto, el Estado adelantará la partida europea prevista para la Formación Profesional básica a las comunidades autónomas. Desde la recepción de ese dinero hasta que justifiquen en qué lo han gastado, la cantidad computará como deuda en sus cuentas. Una vez que hagan esa justificación, dejará de figurar como un préstamo. “No genera deuda [a largo plazo] aunque la genere de forma inmediata”, intentó ayer aclarar el ministro de Educación, José Ignacio Wert, al término del encuentro con los consejeros autonómicos.

Ya el Consejo de Estado había advertido de que la financiación era insuficiente, e incluso las comunidades gobernadas por el PP se habían quejado previamente, aunque no lo hicieron tras la reunión.

“Está por ver cómo escapamos de esta situación y cómo se configuran los convenios para recibir el dinero. Ha sido un procedimiento muy poco transparente”, criticó al término del encuentro el consejero de Educación de Canarias, José Miguel Pérez. Este compareció antes de la reunión junto con los otros dos consejeros de comunidades autónomas gobernadas por el PSOE —Andalucía y Asturias—. Los tres manifestaron que no están de acuerdo ni en los tiempos ni en las cuantías previstas para la LOMCE. Los consejeros de Educación de las tres regiones criticaron que la propuesta de financiación para la implantación de la reforma educativa está mal calculada y puede suponer el endeudamiento de las comunidades autónomas. Denunciaron que la propuesta de financiación se haga con el curso ya terminado y a solo dos meses del inicio del próximo, en el que se pondrán en marcha la nueva normativa en 1º, 3º y 5º de Primaria y en la nueva Formación Profesional básica, que sustituye a los programas de cualificación inicial.

Las consejeras de País Vasco y Cataluña (gobernadas por el PNV y CiU respectivamente) se sumaron a las dudas sobre el sistema de financiación y Asturias pidió expresamente al Ministerio un documento en el que garantice que no computará como déficit.

Las comunidades que no quieran implantar la ley que renuncien a los fondos y nos los den a las que sí queremos

Consejero de Castilla-La Mancha

La deuda figurará como tal, según explicaron ayer desde el Ministerio, durante el tiempo que las comunidades autónomas tarden en justificar el uso de los fondos. Durante cada curso se abrirán tres plazos para presentar la justificación, según un portavoz del ministerio, lo que supone que en principio esa deuda duraría solo unos meses.

El consejero de Andalucía, Luciano Alonso, criticó que las leyes educativas anteriores incluyeron memorias económicas “más claras y siempre financiadas por la Administración central, mientras que este proceso genera dudas”.

Es la primera vez que se emplean fondos europeos para financiar la implantación de una normativa educativa, aunque la anterior (LOE) sí que contó con fondos estatales y cofinanciación de las comunidades autónomas para programas especiales.

Para el consejero de Castilla-La Mancha, Marcial Marín (PP), es una buena noticia que haya dinero proveniente de Bruselas “que no salga del bolsillo de los españoles”. El consejero castellanomanchego consideró que esta fórmula no producirá problemas de financiación y criticó que las comunidades que protestan “son las que más fondos reciben”. Andalucía y la Comunidad Valenciana son las dos regiones que recibirán más dinero para la implantación, aunque esta última, gobernada por el PP, se ha manifestado conforme con el reparto de fondos.

La financiación se calcula en función del coste por alumno y el gasto docente. Andalucía recibirá 189,67 millones de euros, la Comunidad Valenciana, 112,12 millones, Madrid, (110,89), y Cataluña, (106,17). Las que menos, La Rioja (9,72 millones de euros), Navarra (11,75), Asturias (12,02) y Cantabria (12,45), aparte de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Es la primera vez que se emplean fondos europeos para financiar la implantación de una normativa educativa

“Las comunidades que no quieran implantar la ley que renuncien a los fondos y nos los den a las que sí queremos”, añadió el consejero castellanomanchego. Castilla y León, La Rioja y la Comunidad de Madrid, todas del PP, tampoco consideraron un problema esta fórmula de financiación por medio de la deuda. La madrileña, Lucía Figar (PP), solo advirtió de que de la posibilidad de que crezca el número de alumnos en el nuevo ciclo formativo de FP básica y obligatorio en los próximos años o no pueda no mantenerse constante. “Según el número de alumnos que tenemos ahora en los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y el hecho de que la FP Básica (que los va a sustituir) sea un año más, las cuentas coinciden y no tenemos que ponerle ningún pero”, señaló.

Las críticas de los consejeros socialistas y de la de Cataluña, Irene Rigau (CiU), incluyeron además la falta de fondos para primaria y para libros de texto. Rigau propuso que se hable de las ayudas para libros de texto que el ministerio ha retirado. “Es urgente garantizarlas porque la crisis afecta a muchas familias”, indicó.

El ministro Wert replicó que los cambios en primaria “son de arquitectura y se refieren a una consideración más global; no supone ningún aumento de coste”. Sobre los manuales, dijo que la orientación general es dirigirse hacia sistemas de préstamos.

La reforma, en septiembre

La LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), aprobada en diciembre, comenzará a aplicarse en las aulas, de forma progresiva, a partir del curso que viene.

Arranque. La reforma se aplicará a partir del próximo septiembre en 1º, 3º y 5º de Primaria. Se desdoblará la asignatura Conocimiento del Medio en Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. La mayoría de las comunidades aún no ha aprobado el nuevo currículo.

FP básica. Sustituye a los programas de cualificación inicial. Dura dos años y es de oferta obligatoria. Las comunidades deben ofrecer 14 ciclos diferentes. El primer curso arranca el próximo septiembre. Es el cambio que se ha llevado el grueso de la financiación prevista para la implantación de la LOMCE. Los alumnos que aprueben estos cursos tendrán acceso directo a la FP de grado medio y podrán presentarse a la reválida de la ESO para obtener el título obligatorio.

Libros de texto. La ley deja en manos de cada centro escolar la selección y posible cambio de los manuales. Ocho comunidades han recomendado a sus colegios que no cambien los libros de texto, empujadas por la crisis económica y por el cambio mínimo de contenidos que supone la aplicación de la reforma.

Religión. Se recupera la materia alternativa a la de Religión (se llamará Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos, en Secundaria) y se elimina la materia de Educación para la Ciudadanía creada en 2006. El curso que viene ya se impartirán las asignaturas alternativas en los tres años de Primaria en los que se aplica la reforma. Respecto al horario, el Ministerio de Educación ha fijado 45 minutos semanales en Ceuta y Melilla. Es la mitad del tiempo dedicado hasta ahora. Otras comunidades (Asturias, Canarias, Galicia y Castilla y León) también rebajarán el horario. La Conferencia Episcopal ha pedido al ministerio que fije un horario igual para todos.

Reválidas. El próximo curso se celebrará la evaluación prevista en 3º de Primaria. En Secundaria y Bachillerato estas evaluaciones serán reválidas (si el estudiante no aprueba, no podrá seguir estudiando). La primera evaluación final después de 4ª de ESO se realizará tras el curso 2016-2017, pero no será necesario superarla para obtener el título de graduado en ESO. La evaluación final que se realice al finalizar el curso 2017-2018 sí tendrá efectos académicos.

Selectividad. Las universidades podrán hacer pruebas de acceso para cada carrera si lo desean.

El castellano. Educación adelantará el dinero para pagar colegios privados con clases en castellano para los alumnos que lo pidan y no encuentren esa oferta en la escuela pública. Esa medida comenzará a implantarse el curso que viene. El Gobierno detraerá posteriormente el dinero adelantado de las transferencias presupuestarias a Cataluña.