Un almacén plagado de incertidumbres

Las incertidumbres rodean al proyecto Castor, el almacén de gas submarino situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), cuya actividad se ha relacionado en distintos informes oficiales con los más de 500 seísmos registrados en la zona en septiembre pasado. La primera, disparada hoy después de que se conociera que ACS quiere renunciar a la concesión, es la posibilidad de tener que indemnizar a su promotor (Escal UGS, propiedad en un 66% de ACS) los 1.700 millones de euros que ha costado construirlo. La segunda tiene que ver con la ciencia y la seguridad. ¿Podría usarse algún día este costoso depósito estratégico? Los científicos no se atreven a asegurar que volver a inyectar gas sea seguro, ni lo contrario. Los dos organismos oficiales a los que ha consultado el Gobierno han pedido más estudios. Saber si Castor aún tiene futuro puede tardar años.

Tras la crisis sísmica, el Gobierno encargó informes a dos organismos públicos, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Ambos concluyeron que hay relación entre la inyección de gas en este almacén submarino y los terremotos que se registraron en la zona. Constataron además que la rotura de una falla no cartografiada hasta entonces --a la que los expertos bautizan ‘falla Castor’— fue la responsable de los temblores. El IGME alertó de la “elevada incertidumbre” del proyecto y de la posibilidad de que las "fallas importantes" que hay en el entorno sean susceptibles de “generar sismos de cierta magnitud”. Hacen falta más análisis, recomiendan ambas instituciones, que se cuidan mucho de predecir cómo respondería el terreno a una nueva inyección de gas.

Pero eso es justamente lo que quiere saber el Gobierno. El ministro de Industria, José Manuel Soria, asegura haber encargado informes a “expertos internacionales”: la Universidad de Stanford y el MIT. Su departamento no ha precisado, a preguntas de este diario, cuándo podrían estar terminados ni lo que cuestan ni el proceso administrativo empleado para contratar a estas prestigiosas instituciones. La cuestión es delicada, como demuestra el hecho de que Industria se negara a revelar los informes de los institutos españoles durante meses. Fue la petición de dos diputados del Congreso la que consiguió que, aunque con cuatro meses de retraso, se conocieran las evaluaciones científicas.

Escal comunicó a sus accionistas el pasado día 24 que el secretario de Estado de Energía ha decidido "continuar con la suspensión hasta que se realice una evaluación más profunda de los informes y se comprenda mejor el fenómeno". La actividad del almacén se detuvo en septiembre pasado tras registrarse seísmos que notó la población de la zona. Según explica Escal en la nota informativa, la decisión del Ministerio de Industria venía precedida por la recepción de un informe final encargado por Escal. La empresa no ha hecho público ese informe; tampoco el Ministerio de Industria. Lo poco que se sabe sobre él es lo que la agencia de calificación de riesgo Fitch recogió el día 20 en su informe sobre la rebaja de la calificación del proyecto hasta dejarla en bono basura.

"A las autoridades se les ha proporcionado también el resultado de los estudios encargados por la compañía promotora, que están de acuerdo [con los informes de los organismos públicos españoles] en la causa de la actividad sísmica, pero que aseguran que sería seguro reiniciar las operaciones si se toman algunas medidas de precaución", asegura el informe de la agencia calificadora. "Fitch no ha sido informada del resultado de la revisión de estos estudios por parte del Gobierno", añade. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que Escal ha encargado el informe al Colegio de Geólogos.