Nuclenor solicita alargar la vida de la central de Garoña 17 años más

Nuclenor, titular de la central nuclear de Garoña, en Burgos, ha presentado hoy ante el Ministerio de Industria la solicitud para renovar el permiso de funcionamiento de la planta, la más antigua de España, inaugurada hace 43 años. Al dar este paso, la empresa pretende ampliar la vida útil de la instalación hasta el 2 de marzo de 2031, es decir, 17 años más. En esa fecha se cumplirían los 60 años de explotación comercial. Nuclenor --participada por Endesa e Iberdrola-- tenía hasta el 6 de julio para hacer la petición.

"Este periodo de explotación es consistente con la práctica regulatoria existente en Estados Unidos, país origen de la tecnología de la planta, que ha sido utilizada como referencia en las evaluaciones técnicas de operación a largo plazo por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)", asegura Nuclenor en una nota de prensa. "Un marco temporal de estas características es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas", añade. La solicitud es insólita, puesto que las prórrogas siempre se han concedido por periodos de 10 años.

El Gobierno aprobó en febrero pasado un real decreto que establece que el cierre de las centrales solo será definitivo cuando se produzca por motivos de seguridad. Con este cambio legal, hecho a medida de la central de Burgos, el Ejecutivo estaba dando vía libre a Garoña para reabrir y volver a producir electricidad. La planta paró en diciembre de 2012 por cuestiones económicas, antes de que el 1 de enero entraran en vigor nuevos tributos que, según la empresa, comprometían su rentabilidad.

El CSN tiene ahora que emitir un informe para determinar qué condiciones debería cumplir la central en caso de que se le concediera la prórroga. Portavoces del organismo no pudieron precisar si hay un plazo aproximado o máximo para que el regulador se pronuncie. El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó este martes que ese informe podría tardar "varios meses" y que "probablemente" no estaría terminado antes de un año. Otras fuentes consultadas por EL PAÍS hablan de que la posición del CSN podría demorarse hasta la próxima legislatura.

La semana pasada, el presidente de Endesa, Borja Prado, anunció que iba a solicitar la reapertura de la central tras el cambio de la normativa. "Estamos tomando todas las medidas oportunas que son necesarias, capitalizando la compañía. Lo que pasa es que depende mucho del Gobierno, más que de nosotros", afirmó.

La central arrastra años de incertidumbre. El Gobierno socialista extendió el permiso, en 2009, cuatro años más. El cierre se fijó para el 6 de julio de 2013. Poco después Mariano Rajoy visitó la planta y afirmó que el PP no permitiría su clausura. En julio de 2012 el Gobierno del PP modificó el decreto de cierre y concedió a Nuclenor un plazo de dos meses para solicitar la prórroga de actividad hasta 2019. La empresa propietaria dejó pasar el plazo y no presentó la solicitud; alegó incertidumbre sobre los impuestos y el elevado coste de las inversiones. Tras el accidente nuclear de Fukushima, las nuevas exigencias de seguridad supondrían más de 100 millones de euros para Garoña.

Tanto Ecologistas en Acción como Greenpeace criticaron la “delirante” petición de Nuclenor. La central, "idéntica al reactor número 1 de Fukushima, está en pésimas condiciones y su hipotética puesta en marcha supone un riesgo inasumible", asegura Ecologistas en Acción en un comunicado. "El funcionamiento de Garoña", añade, "estaría sometido a enormes incertidumbres técnicas y políticas".

Los principales componentes y estructuras de la central se diseñaron bajo la hipótesis de 40 años de vida, tal y como recoge una orden de 2009 que acordaba la fecha de cese definitivo de la central.