Parches asistenciales hechos de buena voluntad

Un diabético y un epiléptico que llevaban meses sin ser controlados de sus enfermedades. Inmigrantes sin tarjeta sanitaria y sin recursos para pagarse un seguro privado. Han sido los dos primeros pacientes de la consulta gratuita que el Colegio de Médicos de Guadalajara ha habilitado en su propia sede hace algo más de un mes. “Es un parche”, admite Alicia Fernández de Peñaranda, médica de familia en un centro de salud público de la ciudad. “Pero mientras se soluciona este problema, que provoca que haya enfermos que no son atendidos por un médico durante un año entero, creemos que no podemos mirar para otro lado”, añade.

La consulta genera, sin embargo, muchas dudas en algunos colectivos que luchan por la atención normalizada de los excluidos. “Se está institucionalizando la exclusión sanitaria. A priori parece una buena idea, todos estamos encantados de ayudar, pero esto hace en realidad un flaco favor porque la atención de estas personas debe ser en las mismas condiciones que la del resto de ciudadanos: dentro del sistema nacional de salud, y no en un servicio de segunda categoría”, dice Mar Sacristán, médico y miembro de Yo Sí Sanidad Universal. Este grupo de ciudadanos y profesionales sanitarios cree que la idea de Guadalajara se acerca más bien a los centros sanitarios de beneficencia del franquismo: los dispensarios.

El proyecto de Guadalajara, que nace en una comunidad que aplica a rajatabla la exclusión sanitaria, Castilla-La Mancha, surgió de la llamada de ayuda de la Cruz Roja. Cada día se encontraba con personas excluidas del sistema sanitario público, con bajos o nulos ingresos, que evitaban ir al médico porque les cobraban la visita. Muchos eran enfermos crónicos a los que ningún especialista controlaba de sus dolencias. Al acuerdo se sumó el Colegio de Farmacéuticos, que renuncia a su margen de beneficio en las medicinas que se prescriben. Los martes y los jueves, con cita previa, médicos voluntarios atienden la consulta. Es una primera visita, de atención primaria, pero también hay especialistas que se han ofrecido sin cobrar.

La iniciativa, que tenía todos los ingredientes para morir de éxito, apenas ha arrancado. El paciente diabético y el epiléptico son los únicos que en un mes han pasado por allí. Fernández de Peñaranda, vocal de Primaria del Colegio y una de las voluntarias, reconoce que la vía de acceso a la consulta no es la ideal. Los pacientes deben pasar primero por los Servicios Sociales municipales y después por Cruz Roja, que es quien les deriva al Colegio. “Nosotros no tenemos un sistema para valorar quién tiene derecho o no a la asistencia, o quién carece de recursos”, justifica. “No podemos hacer competencia desleal a la medicina privada, ni permitir que alguien se salte la lista de espera de la pública”, añade.

La consulta está disponible, pero nadie la usa. Y los médicos saben que no es por falta de potenciales beneficiarios. “Viene mucha gente a preguntar, incluso de Madrid, o llaman por teléfono, pero tenemos que decirles que sigan el circuito. Entendemos que deberían ser tratados en la red pública, pero de momento no se puede, y como Colegio no podemos hacer una llamada a la desobediencia civil”, señala la doctora. Están atados de manos, viene a decir. Y teme que el problema esté quedando en la sombra. “Los primeros meses acudían muchos enfermos a las consultas de primaria. Se les atendía, claro, pero al entrar en el sistema después les pasaban la factura, creo que de unos 70 euros por visita con un médico de familia, por ejemplo. Ahora que cada vez vienen menos por miedo a esos cobros. Quedan ocultos”, añade.

A los miembros de Yo Sí Sanidad Universal les preocupa que servicios como el de Guadalajara —que “segregan a los ciudadanos”— proliferen. Creen que tienen limitaciones técnicas importantes y solo pueden resolver cuestiones sanitarias puntuales, de baja complejidad. Ellos apuesta por otros métodos: labores de información y acompañamiento para lograr que se siga atendiendo en hospitales y centros de salud a los excluidos, y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Gracias a sus intervenciones, han obligado a hospitales a reconocer errores y borrar facturas de pacientes atendidos en urgencias a los que los centros intentaron cobrar. La ley es clara: entre las excepciones a la exclusión están las urgencias, la atención pediátrica y la obstétrica.