La mitad de los europeos no confía en Internet para hacer compras

El 50% de los europeos no confía en Internet para hacer compras. Es la cifra que se repite como un mantra en la cumbre de consumo de Bruselas. La Comisión Europea (CE) ha reunido ayer y hoy a más de 400 personas —representantes de los Gobiernos de los países miembros, eurodiputados, asociaciones de consumidores, patronales de comercio y miembros de la industria de las telecomunicaciones— para discutir nuevas medidas que animen a los ciudadanos a utilizar el entorno digital en su vida cotidiana, lo que les puede suponer un ahorro de 400 euros al año. El punto de partida lo dio el comisario europeo de Consumo, Neven Mimica, en la inauguración de la cumbre: “Si queremos que compren más, tenemos que darles más garantías”.

La directiva europea de 2011 sobre derechos de los consumidores —que acaba de trasponer España la semana pasada— definió por primera vez el concepto de consumidor online e introdujo muchas medidas de protección (plazos de entrega y devolución, garantías, transparencia), pero la industria digital evoluciona tan rápido que no deja de plantear problemas nuevos. Por ejemplo, más de la mitad de los juegos en línea registrados en la UE se anuncian como “aplicación de descarga gratuita”, cuando en realidad la mayoría no pueden ser usados libremente porque obligan a comprar elementos adicionales, a veces muy caros, para poder ser usados. Y ocurre que a menudo, sobre todo los menores, no son plenamente conscientes de que están gastando dinero porque el importe se carga en sus tarjetas de crédito por defecto una vez que se ha realizado la primera transacción. “Esto es una estafa, sin duda. Estamos trabajando con la industria para frenar estas prácticas, pero quizá también haya que reforzar las normas de transparencia en la información”, ha planteado Neelie Kroes, vicepresidenta de la CE y comisaria de Agenda Digital.

No hay cifras concretas de cuánto dinero se gastan sin saber los ciudadanos incitados por este tipo de “publicidad engañosa”, pero la Comisión calcula que cerca del 80% de los ingresos de la industria de contenidos digitales procede de elementos adicionales de aplicaciones. Más de un millón de consumidores son niños y adolescentes de entre 10 y 19 años. Monique Goyens, directora general de BEUC, que agrupa a 41 asociaciones de consumidores independientes de la UE, ha sido tajante: “Siempre se pueden mejorar las normas, pero no es solo un problema de legislación. Es un problema de que se cumplan las reglas. La industria tiene que ganarse la confianza de los ciudadanos cumpliendo las reglas. Que no sea tan difícil entender las cláusulas de condiciones de venta, que podamos saber de verdad dónde van todos esos datos que nos piden cuando hacemos una compra, que no nos engañen con publicidad engañosa. Hay ya normas que regulan estos asuntos, pero no siempre se cumplen”. Goyens ha subrayado este martes también la importancia de que los motores de búsqueda, principalmente Google, no ofrezcan resultados sesgados según sus intereses cuando los consumidores hacen búsquedas de productos o tiendas online.

Las principales conclusiones de la cumbre apuntan a varios frentes: más transparencia en la información que se ofrece a los consumidores (adaptada a cada soporte, pues muchas veces se hacen resúmenes ininteligibles para dispositivos móviles pequeños), mayor protección de datos personales, más facilidad para hacer pagos online (sin sobrecostes), protocolos comunes para resolver litigios y, sobre todo, armonización y simplificación de las normas para conseguir un mercado digital único en toda la UE. "No puede ser que sea más barato enviar un paquete de Cádiz a Coruña, que están a 1.000 kilómetros de distancia, que de San Sebastián a Biarritz, que están a 50 kilómetros pero con una frontera por medio. O que contenidos digitales descargados en un país de la UE no se puedan usar en otro comunitario", advirtió ayer el eurodiputado español Pablo Arias Echeverría, miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor de la Eurocámara.

Otra gran cuestión que ha planeado en todas las sesiones de la cumbre es la necesidad de negociar con la industria para mejorar el acceso a Internet. Un ejemplo de lo que ya se está haciendo es el proyecto de ley que va a votar mañana el pleno del Parlamento Europeo para prohibir el roaming (gastos adicionales por utilizar el teléfono o Internet en el extranjero) entre los países de la UE. Según esta propuesta, que rechazan las grandes operadoras, estos recargos quedarían prohibidos como muy tarde a partir del 15 de diciembre de 2015.