Los guardas forestales, con las alas cortadas

Son los notarios de los bosques, quienes perciben si la noche anterior han estado merodeando cazadores furtivos, si se están levantando construcciones sin permiso o dan la voz de alarma ante envenenamientos, incendios o cualquier otro abuso a la naturaleza. Hasta ahora, los agentes forestales podían acudir directamente a la fiscalía o los juzgados a denunciar posibles delitos. Con la nueva Ley de Montes, que modifica la de 2003 y acaba de terminar su periodo de exposición pública, tendrán que reportarlo a las Administraciones de las que dependen, de carácter regional, y serán ellas quienes los tramiten.

El colectivo, formado por unos 6.000 agentes en toda España, teme que muchas de sus denuncias se queden por el camino. Sienten que les están cortando sus competencias de policía judicial, y que les asigna la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), niega que se cambien esas funciones, “al menos en sentido genérico”. “Los agentes también deben de actuar de acuerdo con la estructura funcional en la que están incardinados, algo que resulta lógico”, razona un portavoz del Magrama. “En la práctica se traduce en que si han de denunciar o practicar las primeras diligencias en caso de un posible ilícito penal, deberán informar simultáneamente a la fiscalía y a sus superiores jerárquicos, con lo que se consigue una mayor coordinación”, añade.

Pero el nuevo artículo 58, en el que se fija este cambio en la forma de proceder, no se habla de “información simultánea”. Fija que sean los órganos administrativos a los que pertenezcan los agentes forestales quienes establezcan “los cauces adecuados para garantizar la remisión a la Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal de aquellos supuestos en que aparentemente los hechos pudieran ser delictivos”.

El Gobierno asegura que la reforma consigue mayor coordinación

“Lo que no se puede permitir en ningún caso es que personas ajenas a la fiscalía o los juzgados decidan qué es delito o no”, consideran fuentes de la fiscalía de Medio Ambiente.

En los últimos años, comunidades como La Rioja, Murcia, Madrid o Cataluña, ya han intentado controlar las denuncias que parten de sus agentes forestales. La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, publicada en 2013, considera superadas las reticencias de “determinados representes superiores” de los agentes forestales a que puedan presentar las denuncias directamente en Fiscalía.

El borrador de la nueva Ley de Montes todavía no es definitivo, ya que el ministerio puede introducir cambios y debe de aprobarse en las Cortes. En una de las últimas reuniones del Comité Asesor de Medio de Ambiente, a la que acudieron representantes de las cinco principales ONG y representantes sindicales de este colectivo, se les explicó que, como los agentes forestales no son juristas, se pretende hacer de filtro para que no haya avalanchas de denuncias que pueden no prosperar, coinciden varias fuentes.

La explicación no convenció a los principales afectados. “Nos quieren cortar las alas y no es la primera vez que lo intentan”, resume José Araujo Díaz, agente forestal y representante de UGT. “Somos un colectivo independiente, ya que las policías locales están muy sujetas a sus Ayuntamientos”, añade. “La Comunidad de Madrid ya ha emitido notas internas en las que se ordena notificar previamente todas las denuncias que se interpongan”, cuenta.

Francisco Cabezos, secretario de salud laboral y medio ambiente de CC OO, recuerda precedentes en Castilla-La Mancha o Cataluña, en los que se ha tenido que rectificar. “La relación con la fiscalía es extremadamente cordial, los resultados son excelentes”, añade Cabezos.

La última memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente incide en el “loable voluntarismo y compromiso” del colectivo. “Hay que encontrar la fórmula más eficaz y rápida de comunicar esa información”, consideran fuentes de esta fiscalía especializada. Las denuncias deben llegar en un plazo razonablemente breve y se debe de dejar la capacidad de decisión sobre si se tramita o no, siempre, a jueces o fiscales, insisten.