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Un pueblo sevillano impone una tasa ecológica a los rocieros

La medida enfrenta a la alcaldesa de Aznalcázar con las hermandades y el Gobierno andaluz

Varias hermandades atraviesan el paso del vado del Quema.
Varias hermandades atraviesan el paso del vado del Quema.

El acto está declarado de Interés Turístico de Andalucía. Cada primavera, reúne a cientos de miles de peregrinos. Es, sin lugar a dudas, uno de los momentos cumbre de la romería de El Rocío: el paso de las hermandades por el vado del Quema y el consiguiente bautizo de aquellos romeros que, por primera vez, descubren lo que es hacer el camino. Este año cruzar por este punto del río Guadiamar, situado en el municipio sevillano de Aznalcázar, será igual de emotivo para los romeros, pero les costará más. El Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza municipal por la que las hermandades que atraviesen la localidad camino de Almonte (Huelva) deberán depositar una fianza de 3.000 euros y pagar un canon de 25 por cada vehículo que lleven. El objetivo es, según el texto aprobado, preservar el “elevado valor ambiental” de la zona, incluida en Doñana, ante el “impacto” que provoca el paso de los peregrinos, principalmente, por “el vertido incontrolado de basuras”.

El establecimiento de este peaje, que se incluye en el plan de ordenación de los montes públicos de Aznalcázar, no solo ha levantado ampollas entre la comunidad rociera sino que ha abierto un enfrentamiento con la Junta de Andalucía (del mismo color político que el Consistorio), que estudia si la ordenanza municipal raya la ilegalidad ante “un posible choque de competencias”. Incluso, el consejero de Justicia, Emilio Llera, aseguró esta semana que se trata de una medida “muy impopular” ya que los rocieros llevan transitando y acampando en la zona “toda la vida”. Por su parte, la alcaldesa, Dolores Escalona (PSOE), defiende que la normativa “no tiene un fin recaudatorio” y que solo busca “proteger el paraje y crear empleo” en una localidad con una tasa de paro del 30%.

La ordenanza municipal, aprobada con la abstención del PP, pretende controlar el “elevado número” de peregrinos y vehículos que durante esos días transitan por esas 1.400 hectáreas. La importancia que para los rocieros tiene cruzar el Quema, como apunta el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Juan Ignacio Reales, hace que cada año entre 150.000 y 200.000 personas pasen, acampen o sesteen en este término municipal, de unos 4.300 habitantes. Según calcula la alcaldesa, de media, las 52 hermandades y la decena de filiales que transitan por estos montes llevan entre 40 y 50 remolques. El impuesto ecológico supondría, por tanto, para cada grupo un desembolso de entre 1.000 y 1.250 euros. “La fianza se devolvería a las hermandades una vez que se compruebe que no han ocasionado destrozos”, explica la regidora.

54 toneladas

Los trabajadores de la empresa encargada del servicio de limpieza del Plan Romero recogieron el año pasado 54 toneladas de residuos en los montes públicos por los que transitaron las hermandades camino de El Rocío, según el informe de la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla. A la basura acumulada en el centenar de cubas que se distribuyeron por estos caminos —y que se retiraron a diario, según el escrito—, se suma la recogida manual que realizaron dos cuadrillas durante 15 o 20 días. Pese a la crítica de los ecologistas, quienes aseguran que el volumen de residuos crece cada año, esta cifra refleja una caída de la cantidad de basura que se produjo durante esta celebración. Con respecto a 2012, bajó un 27% (ese año se recogieron 74,8 toneladas). Según el informe de la Delegación, entre otras actuaciones en materia medioambiental, los bomberos y el Infoca tuvieron que intervenir hasta en seis ocasiones para extinguir conatos de incendio de pastos.

Además de las críticas de la comunidad rociera que, en palabras de Reales, califica la ordenanza como “injusta e inoportuna”, la normativa ha abierto un enfrentamiento entre Administraciones. Y ninguna está dispuesta a ceder. El Gobierno andaluz estudia la normativa ya que, asegura, podría “atentar contra sus competencias”, y es que esos terrenos son titularidad del Ayuntamiento pero su “gestión, uso y aprovechamiento” corresponden a la Junta. “¿Cómo van a cobrar por algo que ya hacemos nosotros?”, se preguntan desde la Administración autónoma.

La Junta es la encargada de coordinar cada año el plan especial de esta celebración, denominado Plan Romero, en el que se incluye la limpieza de los caminos afectados. “Pero, ¿y cuándo lo hacen? Casi un mes después. Tardan tanto que la basura llega hasta Puebla del Río”, explica gráficamente la alcaldesa. “Cada año, el paso de los romeros supone para Aznalcázar un desembolso de entre 60.000 y 70.000 euros. Además de la vigilancia, el Ayuntamiento realiza labores de limpieza previas a la romería o remata las que hace después la Junta”, explica la regidora. “Y no puedo seguir sacando ese dinero de los impuestos de mis vecinos”, afirma la regidora.

Sobre el impacto ambiental que el paso de las carrozas supone para el paraje, Escalona cuenta con el apoyo de los grupos ecologistas. “Cada año hay más basura, lo dejan todo perdido y no son conscientes del trastorno que provocan en un paraje protegido como este. Es un entorno muy frágil y las hermandades no son conscientes de ello”, asegura la coordinadora de Ecologistas en Acción en Sevilla, Leticia Baselga. “Cada año, las hermandades dan un ejemplo de responsabilidad”, defiende Reales.

En defensa de la ordenanza, la regidora socialista ha puesto el foco en otros municipios de la comarca. “Aznalcázar no ha inventado nada, municipios como el de Hinojos tiene una ordenanza, incluso, más agresiva que la nuestra [fianza de 9.000 euros y canon de 36 euros por vehículo] y el de Almonte cobra a nuestros vecinos por aparcar en El Rocío”, afirma la regidora. Según el Ayuntamiento de Hinojos, la ordenanza nunca se aplicó en su totalidad. “Además, desde el cambio de Gobierno en 2011, Hinojos ya no la aplica. Llegamos al acuerdo de que cada hermandad debe llevar su propio servicio de limpieza. La experiencia es muy positiva”, afirma su alcalde, Miguel Ángel Curiel (PSOE). Por su parte, el alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez Iglesias (PP), defiende que las tarifas que aplican “son las que hay en cualquier aparcamiento de cualquier municipio”. “Lo que está haciendo la alcaldesa es una atentado contra los romeros”, afirma el regidor, quien anuncia que pondrá los servicios jurídicos del Ayuntamiento a disposición de las hermandades que quieren reclamar contra la ordenanza de Aznalcázar.

“La medida solo busca crear puestos de trabajo. Me debo a mi pueblo y tengo que hacer lo que sea para conseguir reflotarlo y para que se respete su patrimonio natural. Eso sí, si hay alguna irregularidad, no tendremos ningún problema en rectificar”, afirma Dolores Escalona.