“Hemos perdido a nuestro niño por culpa de la burocracia”

Denis nunca sabrá que tuvo otros padres. Ni que esos padres viven en España, a 10.000 kilómetros de él. Tampoco sabrá que, durante meses, no hicieron más que luchar para conseguir llevárselo a casa: acudieron al Congreso, al Senado, se reunieron con representantes del Gobierno, recogieron firmas y se manifestaron. Denis ha sido adoptado por una familia de su país de origen, Rusia. Antes, había sido asignado a Luis Miguel García y Paula Arranz, una del más de medio millar de parejas cuyo expediente se vio paralizado el pasado verano hasta que Madrid y Moscú ratifiquen un convenio bilateral en materia de adopción internacional que aún no se ha firmado.

Los afectados no saben con exactitud el número de matrimonios que han perdido al niño al que ya habían ido a conocer, pero calculan que rondan la decena —el Ministerio de Sanidad solo tiene constancia de dos—. “Lo sentíamos como nuestro hijo. El dolor es muy difícil de explicar; nos hemos quedado sin él por culpa de la burocracia”, se lamenta García. Quienes aún conservan la asignación ponen ahora sus esperanzas en un documento que podrían redactar las autoridades españolas y abriría la puerta al desbloqueo de los juicios pendientes.

Rusia quiere evitar que los críos vivan con familias homosexuales

Cuando García y Arranz, de 39 y 37 años, iniciaron los trámites para adoptar, en julio de 2012, no sospechaban que la legislación homófoba del presidente ruso, Vladímir Putin, podría cambiarles la vida. A comienzos del pasado verano se prohibió la adopción a los homosexuales y a las familias monoparentales. Pero al Gobierno seguía preocupándole la posibilidad de que, si los niños rusos adoptados en el extranjero eran declarados en desamparo (algo que solo ocurre en el 1% de los casos), pudieran acabar siendo educados por gais o lesbianas. Así que el 29 de agosto el Tribunal Supremo emitió una instrucción por la cual se paralizaron los juicios de las parejas procedentes de Estados en los que se permite el matrimonio homosexual hasta que estos países firmen convenios bilaterales con Moscú en la materia. Medio millar de familias se vio atrapado entonces por la medida. Ahora, seis meses después, son unas 600, puesto que ha seguido habiendo asignaciones.

Los afectados confían en que un documento logre reactivar los juicios

El pasado octubre, los puntos del acuerdo entre España y Rusia ya habían sido ultimados. El temor de Putin a que los niños puedan ser criados por homosexuales ha quedado disipado: los menores serán sometidos a seguimientos psicológicos hasta que cumplan 18 años y, en caso de ser declarados en desamparo, España deberá informar a Moscú antes de asignarles una nueva familia. Fuentes de la Embajada de Rusia confirman que este, el aspecto más complicado de la negociación, está pactado, pero reconocen que aún falta un 1% del documento por concretar, “pormenores técnicos del texto”. Si bien Madrid autorizó el pasado diciembre la firma del convenio bilateral, Moscú aún no lo ha hecho. “Están siguiéndose los trámites internos, hay cinco ministerios involucrados. Confiamos en que antes de final de año el acuerdo pueda estar firmado”, apuntan estas fuentes diplomáticas.

García y Arranz siempre supieron que la adopción internacional tiene carácter subsidiario, es decir, que se prioriza que el niño permanezca en su país de origen, y en todo momento han tenido presente que lo fundamental es el interés del menor. “¿En qué cabeza cabe hacer esperar en un orfanato a críos tan pequeños, de entre dos o tres años, en esa edad crucial? Sabíamos que la pérdida de asignación era una posibilidad, pero si todo hubiera ido bien, habríamos tenido con nosotros a Denis en octubre o, a lo sumo, noviembre. Teníamos su habitación y su ropa preparada… El problema es que se paralizaron los juicios y el niño permaneció en la base de datos rusa. El 6 de febrero me llamaron y me comunicaron que ya había sido adoptado por otra pareja”, cuenta García.

Este futuro padre, que durante el último medio año ha pasado prácticamente todo su tiempo coordinando la acción de las familias para reivindicar una solución al estancamiento de la situación, critica al Gobierno por no haber apostado por una vía diplomática: “A nivel técnico todo ha sido ejemplar. En cuestión de mes y medio se ha ultimado un convenio que llevaba negociándose desde 2009. Pero no entiendo por qué los ministros no se han movido más”. Fuentes de la Oficina de Información Diplomática aseguran que no ha habido “un solo encuentro del titular de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, con su homólogo ruso o con el embajador en Madrid, en la que no se haya tratado el tema” y afirman que la pelota ya no está en su tejado, sino en el de Moscú: “España puede firmar en cualquier momento; dependemos de Rusia”.

Ahora, después de varios intentos frustrados, parece que se abre una nueva vía para la reanudación de juicios. “El pasado diciembre, el Tribunal Supremo ruso se pronunció a favor de un recurso planteado por un matrimonio español que reclamó judicialmente que su adopción hubiera sido denegada. Los jueces remitieron a un convenio de 1990 entre España y la Unión Soviética por el que ambas naciones se comprometen a respetar las sentencias dictadas en el otro país”, apunta Antoni Mercadal, director de Infància i Futur, una entidad colaboradora para la adopción internacional (ECAI), organización sin ánimo de lucro que asesora a las parejas durante el proceso. Es decir, que si una sentencia rusa adelanta el contenido del convenio, podría garantizarse en España el cumplimiento de la legislación de Moscú.

“Hay varias regiones en donde los jueces parecen dispuestos a estudiar esta vía. Las ECAIs hemos propuesto a las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad, Familia e Igualdad que analicen la propuesta y, si están de acuerdo, elaboren un documento que recoja los principales puntos del acuerdo”, añade. En el ministerio declinan hacer declaraciones al respecto. “Hay comunidades que ya han redactado el texto y próximamente se enviará a las autoridades rusas”, comenta Manuel Luna, director de la Asociación Internacional para la Protección y Ayuda de los Menores del Este, otra ECAI. Esta podría ser una solución provisional, hasta que se ratifique el convenio, que permita que vuelvan a celebrarse juicios.

A pesar de haber perdido a Denis, García y Arranz continúan siendo portavoces de los matrimonios afectados. Se saben al dedillo la agenda del ministro de Exteriores y están en contacto con las autoridades españolas. Ante todo, quieren tener un hijo, así que han vuelto a solicitar una asignación. Mientras, ayudan al resto de familias a combatir la angustia con la que conviven desde hace ya medio año.