La ‘eurosanidad’ puede sobrecargar los hospitales, alerta el Consejo de Estado

La trasposición de la directiva europea sobre sanidad transfronteriza, que se publicó en el Boletín Oficialel sábado pasado, podría suponer un aumento de las listas de espera en los hospitales públicos españoles, según afirma el dictamen del Consejo de Estado que examina el proyecto de real decreto del Ministerio de Sanidad. La directiva señala que los ciudadanos europeos tienen derecho a elegir libremente en qué país tratarse de sus dolencias adelantando el pago de los servicios y reclamando el reembolso a su país de origen después.

El dictamen del Consejo de Estado recoge lo que señala la propia memoria del proyecto: “Dado que nuestro país es receptor de turismo, resulta previsible que pueda incrementarse la demanda de asistencia sanitaria por esta causa”. El texto añade: “Lo que sí podría originar consecuencias, por ejemplo, en las listas de espera toda vez que implicaría que por cada persona que se incorpora a ella pudiera generarse un incremento general para todos los ciudadanos en la demora en la atención en los centros sanitarios”. Y eso, a juicio del órgano consultivo, “exigirá de medidas eficaces para evitar el correspondiente deterioro de la situación”.

El Ministerio de Sanidad reconoce que aún es pronto para saber cuántos pacientes españoles pueden ir a tratarse fuera y cuántos comunitarios pueden venir a España. La directiva permite escoger tanto un hospital privado como uno público. La normativa española recoge que, cueste lo que cueste el tratamiento, lo que se reembolsa es el precio público de ese procedimiento en el servicio de salud autonómico —no existe un precio común en toda España— correspondiente. Hay excepciones y casos en los que se necesita autorización previa.

La memoria económica del proyecto ya señalaba que “se debe mantener especial atención a que la asistencia a ciudadanos de otros países que soliciten tratamiento en centros del Sistema Nacional de Salud, no conlleve un incremento en la demora en la atención en dicho centro, con el correspondiente deterioro de la situación que se traduciría en un coste no valorable en términos monetarios sino de pérdida de confianza y eficacia del sistema”.

La directiva no sustituye a la normativa que regula la asistencia en otro país de un ciudadano que necesita atención de urgencia. La tarjeta sanitaria europea cubre estos casos. También están cubiertas las derivaciones que haga el médico del paciente si considera que su dolencia puede ser mejor atendida en otro país. El director general de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, afirmó que la principal beneficiaria de este flujo de pacientes de fuera podría ser la sanidad privada. Precisó también que si un ciudadano europeo quiere tratarse en un hospital público entra en la lista de espera en las mismas condiciones que uno español.

“Creo que la principal beneficiaria será la sanidad privada española, pero la pública podría beneficiarse también si mejora los procesos de facturación y cobro a terceros obligados al pago”, señala Alberto Infante, profesor del Instituto de Salud Carlos III. El portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, considera que “la directiva es una oportunidad, pero también un riesgo. Oportunidad para los que tienen recursos, puesto que han de anticipar el pago”. “Favorece la desigualdad”, añade.