Comunidades del PP reclaman tiempo y dinero para aplicar la LOMCE

Una vez más Castilla y León ha manifestado abiertamente lo que muchas comunidades del Partido Popular comentan en privado: preocupan los plazos y la dotación de la reforma educativa prevista por el ministro José Ignacio Wert, unos escasos 408 millones de euros. Su consejero, Juan José Mateos, se lo transmitirá en la reunión sectorial de todos los consejeros con el ministro de este miércoles. El político castellano afirma que la transición debe hacerse "con cuidadito y buena letra", pero conociendo ya cómo se va a "financiar de acuerdo con los costes". Pues el último trimestre del año ya coincidirá con el inicio de los nuevos currículos en Primaria y FP básica y en las cuentas de 2014 no existe ninguna previsión específica de financiación vinculada a la LOMCE. Para la Comunidad Valenciana y Aragón la reforma aún plantea muchas dudas por los flecos sueltos y varias consejerías expresan que están a la espera de ver qué cuenta el ministro antes de pronunciarse. "Vamos a oír", explican fuentes de Castilla-La Mancha.

Además, Mateos urge que se agilicen los trámites que tienen que pasar los dos reales decretos de la LOMCE -se baraja finales de febrero o marzo, pero en el ministerio se insiste en que "no hay plazos"- para que dé tiempo a las comunidades a hacer el desarrollo normativo propio de cara a "mayo o junio". La LOMCE empezará a implantarse de forma escalonada el próximo curso en primaria y en Formación Profesional Básica. Y en secundaria, bachillerato y FP de grado medio y superior a partir del siguiente curso.

En estos plazos coinciden otras comunidades, como Aragón, que calculan que los reales decretos deberían aprobarse como máximo "a finales de marzo o principio de abril" para que puedan tener lista para septiembre la adaptación curricular. Fuentes de la Consejería de Educación aragonesa admiten que ya trabajan con "plazos ajustados", pero aseguran que de momento "se pueden cumplir". Eso sí, admiten que en su caso esta adaptación se tramita vía una Orden autonómica, mucho más ágil, mientras que otras comunidades lo hacen vía Decreto.

Este es el caso de País Vasco o Cataluña, que ya han asegurado estar fuera de plazo. "Si el ministro quiere aprobar en marzo o abril los reales decretos, no podemos en menos de dos meses dar la vuelta a todo el sistema”, resume la situación la consejera Cristina Uriarte, que ha recordado que para configurar decretos “como se debe”, el proceso dura en torno a nueve meses.  Es la misma cifra que da su homóloga catalana, Irene Rigau. Por ese motivo, ambas comunidades han avisado de que no se cambiarán los libros de texto el curso que viene. En la asociación de editores de libros de texto, ANELE, tienen que revisar 150 materias y hacer el contenido de nuevas asignaturas. Por tanto, están "a la expectativa", trabajando en las troncales -en las que las comunidades pueden añadir temario pero no quitar- y esperando los cambios en las optativas y específicas, donde las regiones sí tienen más mano.

Los plazos de aplicación de la reforma se retrasaron un año en varios cursos después de que el ministro escuchase en octubre las protestas por la premura de sus propios consejeros. “Le planteamos que el calendario era muy ajustado y también hablamos sobre los problemas de financiación. Es algo que llevamos hablando mucho tiempo las comunidades”, reconoció entonces la consejera valenciana María José Català. Y ahora deja caer la necesidad de aplicar las novedades de la nueva regulación "con tranquilidad" y "aportando calma" al sector educativo. Aunque algunas comunidades lo han pedido, el real decreto de FP no se ha hecho llegar como el resto porque aún se está retocando.

Implantar la LOMCE costará según el ministerio unos 408 millones de euros: 22 millones el primer año, 130 el segundo y 255 el tercero. Este dinero, "insuficiente" a ojos del Consejo de Estado, se destinará sobre todo a costear la nueva FP Básica y los nuevos itinerarios en 3º y 4º de ESO. El ministerio aspira a obtener en torno a 200 millones del Fondo Social Europeo, encargado, entre otras cosas, de luchar contra el paro juvenil (56% en España). Si se consiguen los fondos comunitarios, supondrá un ahorro para el ministerio. Las comunidades contarán con un presupuesto en consonancia a los alumnos que sigan estudiando.

Pero la financiación de la FP Básica preocupa a varias comunidades, incluso a las del PP. "No está claro quien paga esta parte de la reforma", afirman desde Cataluña. Aragón admite que "todavía hay que concretar cuestiones de interpretación" de los reales decretos. "Hay que ver cómo plantea el Ministerio la FP Básica, si es una adaptación de los actuales PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial) o será obligatoria en todos los institutos", añaden.

El consejero de Castilla y León ha puesto el acento en la necesidad de profesores para  "aprovechar los desdobles y ayudar a los niños que se retrasan". Y ha señalado que su comunidad estudia ya qué costes extra van a suponer a su comunidad esta reforma. "Aunque algunos se centren mucho en esta polémica, este curso tenemos más profesores que el pasado e iremos incrementándolos en los próximos años para aplicar los nuevos currículos y mejorar la metodología", insiste Mateos. A Catalá también le preocupa que se active un mecanismo que permita obtener a los docentes nuevas habilitaciones en otras materias, ya que la reforma prevé nuevas asignaturas.