El Gobierno plantea prolongar a 60 años la vida útil de las nucleares

El presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Francisco Gil-Ortega, ha confirmado los planes del Gobierno de ampliar el plazo de vida útil de las centrales nucleares de 40 años a "50 o 60", según ha declarado en una reunión en el Foro de la Nueva Energía. De esta forma, ratifica las declaraciones del ministro de Energía, José Manuel Soria, que el pasado 1 de octubre indicó que su departamento se estaba planteando ampliar por ley hasta 20 años el plazo de la vida útil de las centrales en la línea de otros países como EE UU, que planea "llegar a los 70 u 80 años". El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no ha querido confirmar ni negar esta información.

Los planes del Ejecutivo no cambiarían esencialmente la situación actual, puesto que las centrales pueden prolongar su vida útil más allá de los 40 años pidiendo prórrogas. Sin embargo, es importante para la seguridad jurídica de las empresas puesto que si otro Gobierno decidiera proponer en el futuro un apagón nuclear podrían pedir indemnizaciones por lucro cesante agarrándose a la nueva legislación.

El anuncio llega cuando la central de Garoña (Burgos) ya ha cerrado (su permiso vencía en 2013). Ya el Gobierno había manifestado su disposición a conceder una prórroga a la central burgalesa, pero los propietarios dejaron pasar el plazo, se supone que para no afrontar una serie de actualizaciones que se les pedían. Aunque  desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo "han puesto el mercado adecuado" con respecto a Garoña, "otra cosa es que los empresarios lo vean", opinó, Gil-Ortega.

Garoña era la más antigua de las españolas y de la misma familia que la central de Fukushima. Tenía un permiso inicial de 25 años que luego se prorrogó, indica Carlos Bravo, de la consultora medioambiental Salvia. El resto de las centrales españolas cumplen los 40 años iniciales a partir de 2020.

La energía nuclear supone alrededor del 20% de la demanda eléctrica en España (hoy, en concreto, los datos de Red Eléctrica indican que es el 22% en la Península). Por eso tanto Bravo como Raquel Montón, de Greenpeace, creen que alargar la vida de las centrales no tiene sentido. En cualquier caso, señala Montón, "el premiso de funcionamiento no se da por ley; lo da el CSN, que revisa las centrales cada 10 años". En este sentido, la central de Trillo (Guadalajara) es la siguiente que tiene que solicitarlo, y lo hará a finales de este año, señala su portavoz.

Para Montón el anuncio de Gil-Ortega tiene como objetivo "tirar balones fuera" ante el "problema energético". Este se ha manifestado en el escándalo de la última subasta de precios, que tuvo que enmendar el Gobierno, y para los ecologistas se ha cobrado una víctima en las renovables. "La UE es clara en que estas son más baratas. Y la prueba de que no son las culpables del déficit de tarifa es que están sujetas a una moratoria y este déficit no para de crecer", señala Montón.