La trata de personas trae a unas 40.000 personas a España al año

Ocurre cada día ante nuestros ojos, pero o no lo vemos, o miramos para otra parte. Lo hacen todavía, muchas veces, las autoridades policiales y judiciales. Es la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral. Cada año entran en España entre 40.000 y 50.000 jóvenes para ser usadas con ese fin, de muchas maneras y por muy diversos procedimientos criminales. En Europa son 500.000. En todo el mundo, casi tres millones las personas sometidas a trata y tráfico. Cerca de la mitad son menores de edad. En cifras económicas, que es como a veces se miran y miden las más sucias tragedias humanas, se trata de un negocio de entre siete y 12 billones de dólares anuales, según un reciente informe de la ONU. En España, son cinco millones de euros cada día, según cálculos de la defensora del Pueblo, Soledad Becerril. Se trata del segundo negocio clandestino del mundo en beneficios, después del tráfico de armas y por delante del tráfico de drogas.

 Todos estos datos los han facilitado hoy martes expertos de organizaciones cristianas de todo el mundo que participan en Madrid en la reunión bienal de la COATNET (Christian Organizations Against Trafficking in Human Beings, en español Red de Organizaciones Cristianas contra el Tráfico de Seres Humanos). Para conocer y atacar este problema, la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Cáritas Española, la Fundación Cruz Blanca, Justicia y Paz y la Conferencia de Religiosos de España (CONFER) han publicado una muy completa guía didáctica para que los docentes de secundaria consigan “conmocionar a los estudiantes sobre la gravedad del tema, identificar qué es la trata, conocer sus causas y consecuencias y tomar postura ante la trata”.

 “Debemos atacar este problema", subraya el responsable de Migraciones de la CEE, José Luís Pinilla. “En los últimos años, este fenómeno está creciendo por la pobreza", añade Francesca Petriliggieri, responsable de los temas de trata en Cáritas. No solo se refieren a la explotación sexual o laboral, sino también a matrimonios concertados, y al tráfico de drogas y de órganos. La explotación laboral se produce especialmente en fábricas, en el campo, en el servicio doméstico y a través de la mendicidad.

 "Como no constituyamos redes, no solucionaremos el problema", sostiene Pinilla. Todos los expertos consideran muy deficiente, “todavía”, la implicación de las autoridades del Estado (jueces, fiscales y policías) en la lucha contra las mafias que controlan ese repugnante negocio. Peor aún. Las leyes y reglamentos que regulan la migración facilitan el trabajo de las mafias. Lo sostiene con muchos datos y ejemplos Martina Liebsch, directora de incidencia de Cáritas Internationalis. “Las mafias utilizan las leyes de inmigración como amenaza contra los migrantes”, dijo.

En los países de origen, los tratantes se aprovechan de la pobreza, la discriminación por razón de género y la falta de estabilidad política de los países empobrecidos. En los países de destino, como España (de destino, pero también de paso hacia el Norte), son el desprecio a la dignidad de las mujeres y el ánimo de lucro las causas que toleran o engordan semejante negocio. Es la tesis de la guía entregada a los medios de comunicación. El cliente es un factor clave de la trata. Son personas que acuden a los clubes llamados de alterne, compran productos llamativamente baratos pese a saber que han sido importados de países donde se explota a los trabajadores de manera brutal, o callan cobardemente cuando conocen casos de explotación laboral. Es lo que la guía didáctica llama la “tolerancia social y legal con las redes de tráfico”.

 Los expertos reunidos en Madrid tampoco callan ante el cinismo de los medios de comunicación y el silencio de las autoridades competentes. La guía da datos sobre lo que llama “el negocio hipócrita de la prostitución que mueve, según sus cálculos, 18.000 millones anuales. 40 van a parar a las arcas de los medios de comunicación que anuncian ese negocio. El cálculo es de una comisión parlamentaria constituida en marzo de 2007. Ese año, el Gobierno socialista comunicó a la opinión pública “que estaba trabajando para eliminar los anuncios de prostitución”, recuerda la guía.