El cooperativismo abre la puerta a la regulación de las prostitutas

Prostitutas por voluntad propia, autoempleadas, y con cotización en la Seguridad Social. Esta idea que a muchos les sonará anómala y a algunos hasta contradictoria es ya una realidad para 11 trabajadoras sexuales en Ibiza. Han logrado un hito: en noviembre del año pasado constituyeron una cooperativa en cuyo objeto social se incluye la expresión explícita “profesionales del sexo”. “Que sepamos, no hay precedentes”, admite Cristina Garaizábal, presidenta del Colectivo Hetaira, una asociación que desde hace 19 años defiende la legalización de la prostitución en todas sus modalidades.

La cooperativa, llamada Sealeer, obtuvo su licencia a través de la Dirección General de Comercio y Empresa (parte de la Consejería de Economía y Competitividad) en Baleares. Les ha costado lo suyo pero ya es una realidad y también un modelo a seguir: sus impulsoras estarán mañana en Barcelona para orientar a las trabajadoras sexuales de la capital catalana, en una charla organizada por Genera, una entidad sin ánimo de lucro que defiende los derechos de las prostitutas. Su portavoz, Clarisa Velocci, explicó que “las necesidades de las trabajadoras de Barcelona pueden ser distintas de las de Ibiza, de manera que no se trata de copiar, sino de adaptar su experiencia”.

El primer paso para constituir la cooperativa ibicenca fue en 2012, pero la solicitud les fue denegada —precisamente por ese epígrafe incluido en el objeto social de la compañía— y solo tras presentar un recurso con la jurisprudencia existente lograron obtener el permiso. Las cooperativistas ya cotizan a la Seguridad Social; se dieron de alta como autónomas de una cooperativa, dentro de la categoría “otros servicios personales”.

“Queremos luchar contra el proxenetismo”, explica María José López, presidenta y portavoz de Sealeer, y recalca que el objetivo de la empresa es asegurar la libertad de las trabajadoras sexuales. “Pagan una cuota única de 300 euros para cuatro años”, que va a parar al mantenimiento de la empresa y los salarios administrativos. “Los beneficios se los llevan todos ellas”.

Las trabajadoras, que declinaron hablar con este periódico, no tienen que ganar un mínimo para pertenecer a la cooperativa, ni tienen condiciones de trabajo estipuladas por la empresa. Algunas trabajan en clubs, otras en sus pisos particulares o en otros lugares, según les convenga. Para entrar deben tener la documentación en regla, ser mayores de edad y no tener discapacidad psíquica. Además, aseguran tanto la presidenta como el gestor de la empresa —que también paga cuota, como asociado—, realizan controles “muy exigentes” para asegurarse de que ninguna de las mujeres tiene a un proxeneta detrás y que ha elegido libremente dedicarse al trabajo sexual.

López también es cooperativista, aunque dio el paso solo por “apoyo moral” para sus compañeras, ya que es ama de casa. Las cooperativistas basaron su iniciativa en el libro La prostitución como trabajo autónomo, escrito por la juez Gloria Poyatos. En él, la autora explica cómo en 2009 —cuando aún era abogada— se hizo pasar por prostituta y, sin conocer ningún precedente, se dio de alta en la Seguridad Social como trabajadora del sexo. “Yo misma pensaba que me iban a decir que no. Y causé sorpresa, pero me lo registraron”, explica por teléfono, recién aterrizada en Ibiza desde Tenerife donde ejerce como magistrada, para ofrecer una conferencia sobre el tema. No llegó a consumar el alta, sin embargo.

La magistrada, junto con Garaizábal y María José López, intentarán mañana que su experiencia sirva para las trabajadoras sexuales de Barcelona, que desde hace meses se están reuniendo con distintas cooperativas para dar el paso. Según Velocci, organizadora del encuentro, “es posible que el objetivo de las trabajadoras de Barcelona no sea regular la actividad, sino los servicios necesarios para desarrollarla”. En este sentido explicó que una posibilidad es constituirse como cooperativa para compartir los gastos de un local donde puedan llevar a sus clientes.

En España la libre elección del trabajo está recogida en la Constitución y vender servicios sexuales no es un delito en el Código Penal —a diferencia del proxenetismo— que sí lo es.