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Los copagos se le atragantan a Mato

El Consejo de Estado cuestiona el ahorro de cobrar por el traslado en ambulancia

Cospedal se une a las regiones del PP rebeldes con el pago por fármacos hospitalarios

Ambulancias aparcadas delante de la puerta de un hospital de Santiago de Compostela.
Ambulancias aparcadas delante de la puerta de un hospital de Santiago de Compostela.

Comunidades díscolas que se niegan a aplicar un real decreto, acumulación de recursos judiciales, fractura en el partido del Gobierno por el desafío de algunos de sus barones a la autoridad de un ministerio... Los copagos sanitarios se le atragantan a la titular de Sanidad, Ana Mato, que en los últimos días ha visto cómo las comunidades gobernadas por su propio partido acuden a los tribunales para que les eximan de aplicarlos. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, acaba de anunciar que la región que preside, Castilla-La Mancha, devolverá a sus ciudadanos el importe del copago de fármacos hospitalarios. Golpe preelectoral o desafío a Mato, lo cierto es que la relevancia política de ese anuncio es inmensa, y no ha sentado bien en el ministerio.

Si la rebeldía de los barones contra el Gobierno central no fuera suficiente, el Consejo de Estado también ha puesto pegas a otro de los copagos de Mato: el del transporte sanitario no urgente, que pretende imponer el pago de cinco euros por cada trayecto en ambulancia (con límite mensual en función de la renta) de pacientes que, por ejemplo, acuden a diálisis o a rehabilitación. Un informe de este organismo, fechado en noviembre pasado, pone en duda el ahorro que Sanidad espera conseguir con la medida. “El objetivo del ahorro puede verse frustrado dado el equilibrio o compensación a que se refiere la memoria [el proyecto económico del ministerio] entre ingresos y gastos”, afirma. Es decir, lo que costará poner en marcha un sistema de cobro a los pacientes puede ser incluso mayor que lo que espera recaudar.

Todos los recargos

» Todo empezó con el Real Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario. Hasta entonces, los copagos eran prácticamente un concepto tabú en España.

» Aquella norma estableció que, por primera vez, los jubilados iban a tener que pagar por sus medicinas (el 10% con topes de 8, 18 o 60 euros en función de la renta). Los trabajadores en activo ya copagaban.

» El 16/2012 también limitó el acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación irregular y avanzó que los enfermos iban a tener que aportar una parte del coste de las prótesis, los dietoterápicos y el transporte sanitario no urgente.

» Otro Real Decreto, el 1506/2012, de 2 de noviembre, puso negro sobre blanco cuánto habría que pagar por las prótesis. Los pensionistas que necesiten un aparato ortoprotésico, desde sillas de ruedas a bastones, prótesis o implantes abonan un 10% de su importe. El resto de asegurados, en función de sus ingresos. El Gobierno unificó así la situación en las comunidades: algunas no cobraban nada; otras sí.

El Consejo de Estado recibió en septiembre el encargo de examinar el proyecto de Real Decreto que regula el copago de las ambulancias. El ministerio remitió su memoria económica, en la que calculaba un ahorro de “alrededor de 70 millones de euros”, 45 por aplicar “criterios de racionalización” y 26 por “aportación del usuario”, según recoge el informe del Consejo. La propia memoria reconocía que “hay que tener en cuenta” que la puesta en marcha un mecanismo de cobro y gestión “es compleja y obliga a hacer un gasto tanto en infraestructuras como en recursos humanos”. Y concluía: “Los ingresos que puede suponer la aportación pueden verse compensados por los costes de la gestión de su cobro”.

Precisamente ese argumento, el del exiguo (o inexistente) ahorro, es uno de los que han enarbolado los contrarios al copago hospitalario. Una medida, entre las más contestadas de las puestas en marcha por Sanidad, que consiste en cobrar una parte de lo que cuestan los medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias a pacientes que no están ingresados. Este copago afecta a 43 fármacos, en 157 presentaciones, que toman enfermos crónicos y graves (cáncer de próstata, de pulmón, mama o renal; hepatitis C; diversas leucemias; artritis reumatoide; psoriasis...). Se les cobra el 10% del precio del envase, con un tope de 4,26 euros.

El problema, como sucede con el copago de ambulancias, es que los servicios de farmacia hospitalaria jamás han cobrado por entregar medicación, por lo que sería necesario instalar sistemas de cobro o de facturación. Cataluña calculó cuánto dinero ahorraría si aplicara la medida. Resultó que, tras restar los gastos, eran apenas 500.000 euros al año. Quienes se oponen a pagar por estos fármacos, como el portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, recuerdan que todo copago tiene dos objetivos, el disuasorio y el recaudatorio, y que en este caso no se cumple ninguno de los dos. Los pacientes que usan estas medicinas, prescritas por sus médicos, no deciden si deben tomarlas o no.

Si hay algo que evidencie el fracaso del copago hospitalario es el calendario. La resolución ministerial que impone el copago es del 10 de septiembre pasado. Entró en vigor el 1 de octubre. Pasados más de tres meses, ninguna comunidad autónoma lo ha puesto en marcha. Ni siquiera las gobernadas por el PP que al principio se mostraron dispuestas a hacerlo. Varias regiones expresaron su disgusto en cuanto se conoció la intención de Sanidad y anunciaron que se iban a negar a aplicar la medida. Con el paso de las semanas, al grupo de las rebeldes se han sumado, con diferentes explicaciones, hasta la Castilla-La Mancha de Dolores de Cospedal.

Castilla y León, gobernada por el PP, ha sido la comunidad que ha llevado más lejos su oposición. Su consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, considera que el copago tiene “un impacto económico limitado” y que “no puede ni debe tener un efecto disuasorio, porque hablamos de enfermedades graves”. Hace unos días el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le admitió un recurso contencioso-administrativo en el que pide que se anule la resolución de Mato. Andalucía (PSOE-IU), Canarias (CC-PSOE), País Vasco (PNV) y Asturias (PSOE) también han anunciado que van a recurrir la disposición.

Murcia (PP) empezó diciendo que aplicaría el copago, para después poner dos condiciones: que hubiera consenso entre todas las comunidades y un modelo común de aplicación. Ayer, un portavoz aseguró que el sistema para facturar está listo, pero que esperarán para ver lo que ocurre con el resto de regiones. En Cantabria ha pasado algo parecido, como en La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares y Madrid (todas del PP). El presidente de esta última comunidad, Ignacio González, dio ayer un paso atrás en su habitual entusiasmo con los copagos sanitarios que decide el ministerio: afirmó que este no lo podrá aplicar si le genera más gasto que ingresos.

Extremadura (también popular) dice que aplicará el copago, pero que se lo “compensará” a los ciudadanos, algo similar a lo que ha anunciado Cospedal. Solo Aragón (PP) ha anunciado que está ultimando el sistema de cobro en las farmacias hospitalarias para implantar el copago la última semana de este mes. Sería la primera, puesto que ahora solo se aplica en las ciudades de Ceuta y Melilla, donde la sanidad pública la gestiona directamente el Ministerio de Sanidad a través del Ingesa.

Pasan los meses, y las comunidades no tienen ninguna prisa por empezar con el copago farmacéutico. Con el de las ambulancias, el que cuestiona el Consejo de Estado, se da otra circunstancia: es el Ministerio de Sanidad el que lleva más un año arrastrando esa medida sin decidirse a aprobarla. El último proyecto de Real Decreto es de septiembre, pero estuvo precedido por tres borradores, el primero de febrero pasado. El Consejo de Estado, pese a sus observaciones críticas, afirma en el último párrafo del informe que el texto “puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros”. Mato ha tenido dos meses, pero no lo ha hecho. Alejandro Toledo, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), cree que entre la implantación de la logística necesaria y el perjuicio “psicológico y material” para los enfermos, la medida no debería ni haberse planteado.

En Sanidad, por su parte, aseguran que su “reforma sanitaria” se da ya por “culminada”. Fuentes del Gobierno añaden que los copagos en ambulancias, prótesis y dietoterápicos “ya no son una prioridad”. Que nadie se extrañe si Mato se da por vencida, al menos, en algunos de sus polémicos copagos.

Sin sanidad tras 90 días fuera del país

E. G. S.

El 1 de enero entró en vigor una de las medidas sanitarias más polémicas aprobadas en esta legislatura: los parados de larga duración que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo y residan fuera de España más de 90 días en un año perderán la cobertura sanitaria pública. Dos enmiendas presentadas por el PP durante la tramitación modificaron sendas leyes —una de Sanidad y otra de Seguridad Social— para que las personas con estas características quedaran fuera de la prestación sanitaria, como adelantó este diario en diciembre. El diputado del PP Rubén Moreno defiende que la prestación se recupera al volver a España y acreditarse como residente de nuevo.

El PP defiende que, si una persona pasa a residir en otro país, es ese Estado el que debe hacerse cargo de su cobertura sanitaria. La medida se pensó para evitar que los extranjeros comunitarios que trabajaron en España y generaron su derecho a la asistencia sanitaria, pero con la crisis volvieron a sus países de origen, sigan recibiendo tratamiento allí con cargo a la sanidad pública española.

Sin embargo, esta nueva regulación también puede dejar sin cobertura a ciudadanos españoles que, por ejemplo, emigren para buscar empleo y no lo consigan antes de tres meses. O que sí se hagan con un trabajo, pero sea en negro, con lo que no generarían el derecho a la sanidad en el lugar en el que residen. Moreno dijo ayer a Efe que eso sería “una ilegalidad en la UE” y que el trabajador español tendría que denunciarlo. El Grupo Parlamentario Socialista pidió ayer la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Congreso para que explique la medida.