La izquierda anuncia movilizaciones y Andalucía estudiará un recurso

La tramitación de la ley del aborto, que durará meses, tendrá un camino bronco en el Parlamento y en la calle, a juzgar por las reacciones que ha generado en las últimas 48 horas. Varios partidos de la oposición —PSOE, IU, PNV, CiU— mostraron ayer su rechazo frontal al anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado viernes —a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón— y sugirieron que, en los términos en los que está redactada, ni siquiera habrá margen para negociar modificaciones vía enmiendas. La Junta de Andalucía, la comunidad más poblada de España, anunció que estudiará la posibilidad de recurrirla en los tribunales, y los gobiernos asturiano, catalán y vasco rechazaron la ley.

La futura norma —que vuelve al sistema de supuestos despenalizados que rigió hasta 2010, pero restringiéndolos— fue calificada por partidos de oposición y asociaciones feministas con adjetivos como “hipócrita”, “integrista”, “siniestra”, “rancia”, “violenta”, “patriarcal” y “dogmática”. La federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública la tachó de “sádica”. El PP respondió a todos ellos asegurando que la ley “defiende y protege siempre a la mujer, su salud física y su dignidad personal”. “El aborto nunca puede ser un derecho. Tiene que ser una excepción. Ningún tratado internacional ni ningún convenio contempla el aborto como derecho”, afirmó la secretaria de Igualdad del PP, Sandra Moneo.

El PSOE apela a las diputadas del PP. La dirección del PSOE improvisó ayer en su sede un acto “en defensa de la libertad de las mujeres”, al que acudió el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, varias dirigentes del partido, representantes de asociaciones de mujeres y profesionales sanitarios. “Vamos a parar esto. No podemos consentir que nos quiten la libertad”, dijo la vicesecretaria general, Elena Valenciano, que auguró una vuelta “a la clandestinidad y al miedo”. “No es una ley contra el aborto, es una ley contra las mujeres. Se nos trata como a incapaces. Necesitamos que certifiquen varios médicos cuál es nuestro estado para poder ser madres o no. No somos nosotras las que decidimos. Me pregunto si no se avergüenzan las mujeres del PP de verse tratadas así”, afirmó. Los socialistas van a dirigirse en estos meses específicamente a las diputadas del PP para que voten “en conciencia” la ley. También respaldarán las movilizaciones en la calle si las hay.

El derecho de la mujer a decidir libremente si aborta o no (en las primeras 14 semanas) existe solo desde 2010; la ley que rigió hasta entonces, con gobiernos del PSOE y del PP, también obligaba a la mujer a obtener un certificado médico, aunque el procedimiento era bastante más fácil y directo: ahora se reducen los supuestos y se multiplican los obstáculos.

IU: “un grave retroceso”. Izquierda Unida afirmó en un comunicado que la futura ley supone “un grave retroceso” porque “despoja” de su libertad a las mujeres, y anunció que se opondrá “en la calle y en el Parlamento”.

Andalucía, Asturias, Cataluña y País Vasco, en contra. La presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, escribió en Twitter: “La reforma del aborto supone otro retroceso más, atenta contra los derechos de las mujeres y nos sitúa en la cola de Europa en libertades. Es fundamental conseguir que el Gobierno lo retire”. El vicepresidente, Diego Valderas, de IU, adelantó que Andalucía “estudiará” si hay “base” para recurrir la ley. “Si la hay, porque se limitan los derechos de los ciudadanos, allí estaremos”, dijo. Asturias, también gobernada por el PSOE,se opone igualmente a la futura norma. La directora general del Instituto asturiano de la Mujer, Carmen Sanjurjo, declaró el viernes que el Principado estudiará la iniciativa para promover una respuesta. “Esta ley tendrá nefastas consecuencias”, auguró.

“No había ninguna necesidad de cambiar la ley”, dijo el viernes Boi Ruiz, titular de Salud de la Generalitat de Cataluña. El Parlamento catalán aprobó en septiembre, a propuesta de ICV, una resolución que instaba a la Generalitat a elaborar una ley catalana propia de interrupción del embarazo. ICV insistió ayer con esa reclamación, pero Ruiz admitió que será difícil porque la Generalitat tiene limitadas las competencias en ese capítulo. El Ejecutivo catalán se reunirá mañana y decidirá su estrategia. En 2010, CiU se dividió en el apoyo a la ley de plazos.

En el País Vasco, el PP se ha quedado solo en la defensa de la ley Gallardón, rechazada por PNV, PSE-EE, Bildu y Ezker Anitza-IU. El lehendakari, Iñigo Urkullu, calificó la ley como un “paso atrás”. “Ni comparto ni entiendo el anteproyecto”, escribió en Twitter. El Instituto Vasco de la Mujer aprecia “un retroceso intolerable” impulsado por “cuestiones ideológicas, morales y religiosas”. Cientos de personas secundaron ayer en Vitoria una marcha contra la ley.

Las asociaciones antiabortistas ven “un paso adelante”. La plataforma antiabortista Derecho a Vivir opinó que la nueva ley es “un paso adelante en defensa de la vida”, aunque “no va a reducir el número de abortos”. Pidió al Gobierno que se realicen “controles efectivos” de los dictámenes psicológicos que se hagan a las mujeres, para evitar “un coladero” como el de 1985, y anunció que seguirá “luchando para llegar al objetivo de aborto cero”. El presidente, Ignacio Arsuaga, se felicitó de que el nombre de la norma —Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada— “traslada el debate sobre la ley a sus justos términos”.

Con información de Ángeles Lucas, Àngels Piñol y Eva Larrauri.