“Somos maduras para decidir solas sobre el embarazo”

“Lo tengo muy claro. Solo pensar en tener un hijo se me cae el mundo. Llevo sin dormir días. Sin comer. Tengo una ansiedad…”. Olivia acaba de cumplir 17 años. Está embarazada de nueve semanas y ha decidido abortar. La ley de 2010, que el Gobierno de Mariano Rajoy derogará, le permite tomar la decisión de hacerlo. Las chicas de 16 y 17 años no precisan el consentimiento de sus padres. Solo deben informarles de su decisión, excepto si hacerlo les genera un conflicto grave —por cuestiones religiosas o en casos de malos tratos, por ejemplo— o si su situación familiar no lo permite. Este es su caso. Olivia, que nació en Guinea Ecuatorial y llegó a España hace 10 años, vive sola con su hermana. Su madre, con la que llegó a España, se ha vuelto a su país. “No tengo a quien informar. Vivo sola con mi hermana…”, cuenta. No es su tutora legal, lo que la deja en cierta situación de desamparo.

Los casos como el de Olivia no son frecuentes, pero se dan. Alrededor de un 12% de las menores de 16 y 17 años que interrumpen su embarazo lo hacen sin informar de ello en casa, según los datos de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), que agrupa al 80% de los centros españoles. Entre julio de 2010 y septiembre de 2011 abortaron en estas circunstancias unas 155 chicas en estas clínicas, aunque no hay datos oficiales sobre el número total. Las cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no lo especifican, aunque sí revelan que en 2011 hubo 14.586 abortos entre menores de 20 años; 455 en menores de 15.

Olivia no tiene una red familiar a la que informar de que abortará

La nueva ley que ha elaborado el Ministerio de Justicia, y que permite el aborto solo en casos de violación o riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, no solo suprime esa opción a la que se acogían casos excepcionales de menores. También vuelve a obligarlas a todas a contar con el consentimiento paterno para interrumpir su embarazo. Marca una única salvedad: cuando concurran “serios motivos” que desaconsejen que se consulte a sus tutores o cuando estos se nieguen a respetar la decisión de la menor, esta podrá acudir al juez. Un punto que los expertos consideran inasumible. “Qué chica va a recurrir a esta opción, incluso si salvase el resto de barreras. Además, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una prestación sanitaria que tiene un plazo límite; la espera de la decisión no puede dilatarse”, dice la jurista Mar Esquembre.

Francisca García, presidenta de Acai y directora de una clínica andaluza, también cree que las barreras para las menores serán particularmente grandes. “La opción de no informar al tutor legal supone pocos casos, pero muy complicados y que no podemos desproteger. Estamos hablando de menores que tienen problemas en casa, que tienen muy clara su decisión de interrumpir su embarazo y que declaran y argumentan que sufrirán presiones de su familia por razones religiosas. O chicas sin red familiar a la que informar”, explica.

Una trabajadora de una organización social pone de ejemplo el caso de una de las chicas a las que asiste. Una joven de 16 años, nigeriana, embarazada de 10 semanas y víctima de una red de trata. “Ni siquiera tiene papeles, no tiene red familiar y está en una situación de completa vulnerabilidad. ¿Qué hacer en este caso, cuando además ella tiene clara su decisión de interrumpir el embarazo y está claro que no hacerlo le generaría grave conflicto?”, apunta. La menor acudió a la clínica acompañada por miembros de la organización de apoyo y de la policía. “Temblaba. Apenas hablaba; solo repetía que no podía ser madre”, explica la trabajadora social que la atendió.

La pauta que siguen las clínicas marca que todas las menores deben hablar con la trabajadora social del centro. “Si se trata de un caso de conflicto en el que la joven alega que no puede contarlo en casa se les suele pedir un escrito donde argumentan sus motivos”, apunta Victoria Virtudes, de la clínica El Bosque. Después, un médico de la clínica entrevista a la menor. Él determinará si certifica ese “grave conflicto” que permite la ley de 2010.

Un 12% de las jóvenes no cuenta en casa que pasará por la intervención

Un grave conflicto como el que ha alegado Marina, de 17 años y embarazada de 12 semanas. Ha acudido a la clínica con su novio, del que no se separa. Explica que sus padres, muy religiosos, nunca aceptarían su decisión de interrumpir la gestación. “Creen que el aborto es un asesinato. Cada vez que ha salido ese tema nos han dicho a mi hermana y a mí que si alguna vez ocurriera que nos quedáramos embarazadas tendríamos el niño...”, relata. “Yo no puedo... No estoy preparada”, expone. Asegura que, de contárselo, su familia la presionaría para que siguiera adelante con la gestación.

Desde las clínicas recuerdan, que los profesionales sanitarios examinan a fondo los casos de conflicto. No todos se certifican, aseguran. García recuerda a una joven que llegó con la pareja de su madre y que alegó que no podían contárselo a ella por motivos religiosos. “Después, hablando con la menor, se vio que podía tratarse de un caso de abusos. Se determinó informar a su madre”, explica la presidenta de Acai. Luisa Torres, trabajadora social, remarca que se explica a la joven que, si puede, lo mejor es contarlo. “Cuanto más apoyo social tenga, mejor resolverá su conflicto. Es bueno que las chicas de 16 y 17 años puedan tomar por sí mismas la decisión, pero también que vayan con su familia”, cree.

Raquel, de 17 años, acudió hace unos meses a interrumpir su embarazo acompañada de su madre. Cuenta que al principio no quería decírselo, pero al final se lo contó. “Tenía muy clara la decisión y no me apetecía contarlo en casa, quería mantener mi intimidad, pero me alegro de haberlo contado. Mi familia me ha apoyado mucho”, argumenta. Esta joven critica que la nueva ley obligue a las chicas a contar con el consentimiento paterno para abortar: “Eso no tiene en cuenta la realidad. Es nuestra vida, somos nosotras quienes nos enfrentamos al embarazo, al hijo. Somos suficientemente maduras”.