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La ley que regula el ‘fracking’ y el trasvase Tajo-Segura se aprueba definitivamente

La Ley de Evaluación Ambiental ha pasado su último trámite en el Congreso

La norma, aprobada casi en solitario por el PP, acorta los plazos de las declaraciones

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy definitivamente la Ley de Evaluación Ambiental con los votos del Partido Popular y el apoyo puntual de CiU a dos enmiendas. El resto de grupos han votado en contra, como durante toda la tramitación. Entre otras cosas, esta norma, que regula cómo debe medirse y prevenirse el impacto en el medio ambiente de los proyectos, obliga a someter a evaluación de impacto ambiental todas las actuaciones en las que se use la técnica de fracturación hidráulica (fracking).

Esta legislación incluye también mayores multas a las prácticas de bunkering que hacen las llamadas gasolineras flotantes (buques que suministran combustible mientras están permanentemente fondeados) y obliga a incluir en los proyectos estudios de peligrosidad sísmica. Esta última obligación fue incluida a última hora, en forma de dos enmiendas presentadas por el PP después de que estallara la crisis del proyecto Castor, el almacén de gas que se relaciona con centenares de seísmos frente a las costas de Vinaròs (Castellón).

Los grupos de la oposición han criticado que la norma se haya tramitado por vía de urgencia, a petición del Gobierno y también el hecho de que incluya el memorando del trasvase Tajo - Segura que fija el acuerdo que alcanzaron el mes pasado el Ministerio y las cinco comunidades autónomas dependientes del río Tajo. El acuerdo implica que Castilla-La Mancha consigue elevar su reserva de agua exclusiva de 240 hectómetros cúbicos a 400. A cambio, Valencia y Murcia logran que la continuidad del trasvase tenga rango de ley y se garantizan mayores trasvases siempre que llueva. El pacto fue introducido en el último momento mediante enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental.

Las dos transaccionales que ha votado a favor CiU modifican técnica y competencialmente el artículo que establece la posibilidad de excluir del control de impacto ambiental la construcción de centros penitenciarios, y el que alude a la creación de bancos de conservación de naturaleza, informa Efe. Los bancos de hábitat o conservación son un sistema que funciona en Estados Unidos desde los años 80, controvertido porque permite la posibilidad de compensar el daño ambiental de un proyecto —una carretera, un edificio o una fábrica— adquiriendo un trabajo de recuperación ambiental hecho en otro lugar.

En el debate de hoy, el PP ha respaldado la petición de CiU de que el Ministerio cree un grupo de trabajo abierto a todas las comunidades autónomas y sectores implicados para el desarrollo reglamentario de esta ley. En concreto, CiU quiere que los bancos de conservación promuevan que las medidas compensatorias que se adopten por dañar la naturaleza con un proyecto se vinculen con prioridad al territorio en el que se ejecuta dicho proyecto. Los grupos de izquierda han rechazado la creación de estos bancos por considerar que respalda el principio de "pagar por contaminar", según Efe.  

La norma es polémica porque lo que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera una mejora —simplificar y agilizar los procedimientos— es para las organizaciones ecologistas un peligro evidente. Creen que puede facilitar que se aprueben más proyectos con impacto en el medio ambiente y en menos tiempo. El ministro, Miguel Arias Cañete, ha explicado que su departamento se ha propuesto dar salida a los 10.000 expedientes que actualmente se acumulan esperando resolución.