Las mujeres en Inglaterra y Gales podrán conocer el historial violento de sus parejas

Las mujeres de Inglaterra y Gales podrán conocer si sus parejas arrastran un historial de violencia. El Gobierno británico ha decidido implementar lo que hasta ahora era solo una prueba piloto que desde hace 14 meses permite a la policía facilitar esa información en algunas zonas del país. La medida, conocida como la ley de Clare (Clare´s law) porque toma el nombre de una de las víctimas de la violencia de género cuyo caso conmocionó a la opinión pública, será efectiva a partir del próximo marzo. La información tendrá que solicitarse a una comisión de policías y otras agencias —como el servicio que supervisa la libertad condicional de los reos— que comprobará al detalle cada petición para asegurar que es necesario proveer información a la solicitante y, en caso necesario, brindar también apoyo a las víctimas.

Con la ley de Clare también será posible que la policía revele acusaciones de abuso contra una persona, aunque estas nunca fueran probadas ni mediara ningún tipo de cargo; algo que ha despertado una gran controversia en el país. Un punto que, sin embargo, no ha impedido la ampliación del programa experimental, que funcionaba en el área metropolitana de Manchester, en Wiltshire, Nottinghamshire y Gwent desde septiembre de 2012. Desde entonces, la policía de esas áreas ha procurado datos a 386 mujeres sobre sus compañeros actuales, o sobre hombres con los que anteriormente habían mantenido una relación.

La ley vigente ya permite a la policía dar información a terceros sobre el contexto de una persona si los agentes consideran que ello es necesario para prevenir un crimen. Sin embargo, la ministra del Interior británica, Theresa May, considera que a pesar de ello existe “una confusión considerable” respecto a cómo y cuándo la policía puede facilitar esos datos personales de un ciudadano a otros que los solicitan. “La implementación nacional (de la ley de Clare) permitirá que más personas puedan estar informadas a la hora de tomar decisiones sobre sus relaciones y escapar de ellas si es necesario. Es un paso importante para garantizar en el futuro una mayor protección de mujeres como Clare Wood”, sostiene May, que confirmó ayer la puesta en marcha de la medida en una carta dirigida a la Cámara de los Comunes. Cuando el plan piloto fue puesto en práctica, las estadísticas en Inglaterra y Gales arrojaban el terrible balance de 88 mujeres asesinadas en un año por sus parejas o exparejas, según datos de Interior.

El Gobierno británico optó por avalar el “derecho a preguntar” y el “derecho a saber” ante la presión de una campaña popular auspiciada por el padre de Clare Wood, una mujer de 36 años, madre de un hijo, que en 2009 fue asesinada en Salford (área de Manchester) por un hombre al que había conocido a través de Internet. El hombre, llamado George Appleton, tenía un pasado de violencia —que Clare Wood desconocía— contra varias mujeres, incluido el acoso reiterado, las amenazas y el secuestro de una antigua novia a punta de navaja. Después de unos meses saliendo con él, Wood rompió con Appleton, que comenzó a acosarla. La mujer acudió varias veces a la policía y puso numerosas denuncias en las que aseguró sentirse amenazada. No fueron útiles. Appleton estranguló a Clare Wood e incendió la cama en la que yacía su cuerpo, para suicidarse acto seguido. Tras lo ocurrido, una comisión independiente censuró la actuación policial en ese caso, cuyo desenlace quizá podría haberse evitado.

El empeño del padre de Clare, Michael Brown, y la difusión mediática del caso convenció al Ministerio del Interior de la conveniencia de extender a las potenciales víctimas de la violencia machista el derecho a pedir información a la policía. Una potestad que ya tienen los padres que quieren saber si las personas que tienen acceso a sus hijos pequeños esconden un historial de abusos sexuales (fue reconocido a raíz de la campaña promovida por Sara Payne, cuya hija Sarah fue asesinada por un conocido pedófilo).

“Queremos facilitar una información necesaria para quienes desean escapar de una situación abusiva antes de que acabe en tragedia”, subrayó la ministra conservadora May, en su explicación de la ley. “Todavía se producen demasiados casos en los que hemos defraudado a personas vulnerables”, apostilló.

El proyecto piloto, que según la ministra estaba destinado a “prevenir incidentes trágicos”, recibió desde el principio pleno apoyo de los mandos policiales. La ley de Clare ha suscitado, sin embargo, algunas críticas. A las provocadas por el hecho de que se podrían revelar cargos no probados se une la crítica de una de las principales ONG de ayuda a las víctimas de la violencia de género, Refuge. Esta asociación se opone a la nueva ley porque considera que con ella se elude un verdadero debate sobre la respuesta que procura la policía en esos casos. Sin embargo, la aplicación de la medida (cuyo nombre oficial es Domestic Violence Disclosure Scheme) no ha sido cuestionada por ninguno de los partidos del espectro político. El padre de Clare Wood cree que, de haberse dado antes este paso, su hija todavía estaría viva.