Las guarderías públicas rechazan a un niño con un 67% de discapacidad

Albano de Alonso tiene dos hijos mellizos. Uno de ellos quedó en los primeros puestos de reserva en las listas de admitidos en las guarderías públicas de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). El otro, que tiene una discapacidad del 67%, fue directamente rechazado. Así, este padre afirma que en agosto recibió una llamada en la que le informaron de que el primero de los pequeños, de dos años y medio, tenía plaza en una escuela cercana a su casa, mientras que el segundo, no. ¿La razón? El menor “no es compatible con el equipamiento, recursos humanos y el proyecto educativo” del centro, requisitos que establece la ordenanza municipal para que los niños que presenten un “porcentaje de minusvalía” –de esta forma se refiere el texto a la discapacidad- puedan ser aceptados en el sistema público. El Ayuntamiento asegura que no dispone de medios para atender al crío y argumenta que las escuelas no forman parte del sistema obligatorio de educación. “Mi hijo ha sido discriminado porque tiene una parálisis cerebral. Pero tiene los mismos derechos que su hermano”, se queja De Alonso.

A su hermano mellizo sí le han dado plaza en una escuela pública

Todo iba bien en el embarazo hasta que, en la semana 38, el ritmo cardiaco de uno de los mellizos se volvió muy débil, casi plano. La madre fue sometida a una cesárea de urgencia y uno de ellos nació sin problemas. El otro estuvo dos meses ingresado por una hipoglucemia severa. Fue la falta de azúcar la que provocó la parálisis cerebral que ha hecho que tenga una discapacidad motora del 67%. Pero De Alonso, profesor de instituto de 36 años, intenta que ambos menores tengan las mismas oportunidades. Ahora él y su mujer van a volver a ser padres. “Ella no puede hacerse cargo de los niños porque debe hacer reposo. Por eso en marzo solicitamos plaza en la guardería. Lo que no tiene sentido es que a uno lo hayan aceptado y al otro, no. Y no es de recibo que me digan que la razón es que no disponen de medios y que mi hijo no se adecúa al proyecto educativo. ¡Debería ser al revés!”, clama De Alonso.

La ordenanza que regula el acceso a las siete escuelas infantiles públicas de San Cristóbal de La Laguna (153.000 habitantes) —es una competencia municipal— establece que, en caso de que el menor presente una discapacidad, sus padres deben adjuntar a la solicitud de plaza un certificado médico en el que se certifique su situación. De Alonso cuenta que, el pasado marzo, él presentó el documento en el que la doctora de cabecera de su hijo precisaba que el menor tenía una discapacidad del 67% y que requería de un auxiliar. El padre asegura que, de agosto hasta ahora, su hijo ha avanzado “a pasos agigantados” y puntualiza que en ningún caso se indicó que el niño necesite asistencia continua. Es más, sostiene que en la guardería privada a la que acuden sus dos hijos ahora mismo no hay una profesora que atienda al crío en exclusividad, sino que las mismas maestras que se encargan del resto del aula se ocupan del niño. “Él habla y mira los cuentos como su hermano. Se mueve solo, camina con un andador y cuando está sentado se arrastra. Ha aprendido a vivir con su discapacidad y es muy activo. Es más, cogido de la mano ya camina”, dice De Alonso. El Ayuntamiento se agarra, sin embargo, al informe médico.

El Ayuntamiento alega que no pueden contratar a nadie por la crisis

“No es agradable decir que no, pero en la situación de crisis en la que nos encontramos es imposible contratar a alguien. Las escuelas infantiles no son obligatorias y nosotros las hemos mantenido. Si la familia no dispusiera de medios económicos, el Ayuntamiento habría entregado una ayuda para que inscribieran al niño en un centro privado, pero su renta supera el umbral”, señala Miguel Ángel González, concejal de Bienestar Social. De Alonso puntualiza que, si bien él es profesor de instituto y cobra unos 2.000 euros al mes, su mujer no trabaja, deben pagar una hipoteca, viene otro niño en camino y la guardería les cuesta unos 500 euros. “Hemos tenido que prescindir de las actividades de rehabilitación que le costeábamos para que ambos puedan ir a la misma escuela. No queremos separarlos”, añade. Y se queja: “La comisión que valoró el caso de mi hijo ni siquiera lo vio. No se reunió con nosotros y evaluó la situación. Simplemente lo rechazó y no ha atendido a razones”.

De Alonso ha presentado recursos en el Ayuntamiento y, según explica, ha agotado la vía administrativa. Todos han sido rechazados. De ahí que también haya reclamado ante el Diputado del Común, el Defensor del Pueblo, el Consejo Nacional de Discapacidad –dependiente del Ministerio de Sanidad-, ante las consejerías de Educación y Sanidad de Canarias y ante el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. “Pienso seguir con esto. Y llegar hasta Estrasburgo si hace falta. No sé cuántos niños con discapacidad pueden estar siendo excluidos del sistema público, cuando debería hacerse el máximo esfuerzo posible por su integración”, sentencia.