A mí, que me registren

Cuando se realizan comparativas sobre los sueldos de los directivos a nivel mundial sorprende sobremanera que los de los españoles no les vayan a la zaga de los demás, lo que, en teoría, no debería producirse, dada la coyuntura económica y la menor importancia de nuestro tejido empresarial. En España, como en el resto del mundo, se defienden los altos salarios y prebendas en base a una lógica aplastante: a mayor responsabilidad, mayor emolumento. Nada que objetar, salvo cuando se descubre que a la hora de la verdad ese sentido de la responsabilidad brilla por su ausencia cuando vienen mal dadas. Ocurre en muchos lugares. En España empieza a formar parte de nuestro ADN social.

En España se han hundido centenares de empresas sin que los que las gestionaron de manera como mínimo deficiente hayan sido señalados, salvo que la justicia haga su trabajo, como está ocurriendo en Pescanova. Aun esperamos muchos españoles que alguien se haga cargo del expolio que sufrieron las cajas de ahorro a manos de responsables bien pagados que, además de dejar agujeros financieros que todavía estamos pagando, se fueron a su casa con indemnizaciones millonarias. De nuevo, solo la justicia pone sobre el tapete de vez en cuando esta irregularidad.

El caso de Catalunya Banc es uno de ellos. El exvicepresidente del Gobierno con Felipe González, Narcís Serra, era el presidente de esta entidad. En 2008, cuando la crisis era ya una realidad, fichó a Adolf Todó como director por 825.000 euros anuales y le concedió una jubilación del 80% del sueldo con derecho a que su esposa —mucho más joven que él— cobrara también una parte de por vida. La razón, según Serra, es que tales emolumentos estaban “en la media del sector”. Afortunadamente, este gobierno, que inyectó 12.050 millones de euros de dinero público a la entidad, le bajó el sueldo a Todó y, posteriormente, le aplicó un despido procedente y le ha negado tan obscena indemnización. Pero la justicia no se conforma y la fiscalía pide ahora el procesamiento de Serra y Todó, además del de los miembros del Consejo de Administración que permitieron todo este desaguisado. ¿Qué dice Serra de todo esto ante los jueces? Pues que todo es culpa de la crisis.

Este verano hemos asistido a un espectáculo vergonzante a este respecto a cuentas de los ERE y del caso Bárcenas. En Andalucía, el PSOE ha hecho una limpia a conciencia. Todo aquel político que pudiera estar implicado en el caso de los ERE ha sido apartado por Susana Díaz, pero ninguno, salvo la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ha tenido la dignidad de reconocer que quizá tuvo alguna responsabilidad; como mínimo por no cambiar el sistema de adjudicaciones de subvenciones, por no haber velado cuidadosamente desde su cargo de la manera de repartir una partida presupuestaria tan importante.

Lo del PP es aún más descarnado. Los diferentes secretarios generales del partido han desfilado ante Audiencia Nacional para asegurar que no se ocupaban de las cuentas. ¿Cuál era entonces su trabajo? ¿Si no controlaban los dineros del partido cómo podían saber que no había contabilidad b? ¿Si ni siquiera veían los balances por qué cobraban sueldos tan altos y sobresueldos?

El penúltimo capítulo de esta tendencia lo ha escrito la candidatura olímpica de Madrid 2020. Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, ha sido duro con el resultado. No cree que España tuviera tantas posibilidades de organizar esos juegos como se creyó en los días previos a la decisión final de Buenos Aires. Pero Cardenal también se pone de perfil. Es el máximo responsable de la política deportiva en España desde hace dos años, pero ¿de quién fue la responsabilidad de la derrota? Del Comité Olímpico Español, naturalmente. Lo ha dicho de manera un poco más confusa: “El papel protagonista y el liderazgo le han correspondido al COE y en el Gobierno hemos estado para ayudar en los aspectos que nos solicitara la candidatura”. Naturalmente, cuando nuestros deportistas fracasen en las competiciones internacionales nadie volverá a acordarse de este responsable político que no ha dudado en meter la tijera en las subvenciones deportivas. Hoy por hoy, 25 de las 63 federaciones olímpicas españolas están en quiebra técnica, lo que será, probable y únicamente, culpa de la crisis.

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