Cantabria no es Dakota del Norte

Cantabria no es Dakota del Norte. No solo está 30 veces más densamente poblada y tiene unas formaciones geológicas muy diferentes. Es que, además, al menos en lo que respecta al fracking, la controvertida técnica de extracción de gas y petróleo no convencional, no quiere serlo. Esta región se convirtió, en abril pasado, en la primera que prohíbe en España el uso de la fractura hidráulica en su territorio. Los riesgos medioambientales no compensan una supuesta riqueza subterránea que, presuntamente, reduciría la apabullante dependencia energética española, argumentó su Parlamento. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva contabilizadas 103 mociones contrarias al fracking.

Ayuntamientos y regiones van dejando claro que no quieren ser Dakota del Norte, uno de los estados líderes en uso de esta técnica en EE UU. Pero el Gobierno sí. José Manuel Soria, ministro de Industria, ha apoyado el fracking en sus declaraciones públicas. También el de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, apoya las investigaciones, aunque “con garantías ambientales”. Un reciente anteproyecto de ley determina que todos los proyectos de fracking deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental completa.

Mientras vecinos como Francia, República Checa, Dinamarca y Bulgaria imponen moratorias, el Gobierno español parece decidido a no dejar pasar este tren energético. España tiene, según cálculos del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, también muy entusiasta con el fracking, recursos de gas no convencional para 39 años de consumo.

Son solo estimaciones, pero decenas de empresas están dispuestas a invertir para comprobar lo que esconde el subsuelo peninsular. En 2008 apenas se solicitaron una decena de permisos de investigación de hidrocarburos. En 2012 ya eran más de 70, según datos del Ministerio de Industria, que añade que la mayoría tienen que ver con esta técnica. “En España aún no se hace fracking. Los permisos que se están concediendo son para hacer sondeos sísmicos y perforaciones exploratorias. Si se descubre que hay gas, habría que pedir nuevos permisos para la fase de extracción, y eso aún puede tardar entre cuatro y seis años”, explica Mónica V. Cristina, portavoz de Shale Gas, la plataforma que agrupa a algunas de estas compañías.