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Perdió el móvil y acabó en prisión

Un preso lleva año y medio encarcelado por dos robos que, asegura, no cometió

Días antes del delito denunció el extravío de su teléfono, la prueba que lo condenó

Aquel 19 de febrero de 2010, Fernando Enrique Muñoz llamó a su compañía telefónica para denunciar la pérdida de su móvil y bloquearlo. El teléfono desapareció de su bolsillo durante la celebración de su cumpleaños y este joven de 22 años, empleado de un taller, no quería que los ladrones pudieran usarlo. Dos días después, el 21 de febrero, la Policía de Elda (Alicante) lo devolvió a su padre. Había aparecido entre algunos objetos robados esa misma madrugada. Unos individuos, a bordo de un coche robado, habían embestido varios vehículos. Cuando sus víctimas bajaron para comprobar los daños o hacer el papeleo, las desvalijaron. A los pocos días, la policía detuvo a Fernando y una juez lo condenó a 10 años de cárcel por esos robos basándose, precisamente, en que su móvil estaba allí. Ningún juez le creyó cuando aseguró que previamente lo había perdido. Hoy, cuando lleva un año y medio en prisión, está en grado de demostrarlo.

Durante el proceso seguido en el juzgado de lo Penal número 8 de Alicante y en el recurso que se estudió en la Audiencia de esa provincia, el anterior abogado de Fernando intentó en vano que los jueces aceptaran como prueba la factura telefónica del fijo de sus padres en la que se recogía la llamada del 19 de febrero al número de información de Orange (su compañía de teléfonos) con la que Fernando solicitó el bloqueo del teléfono. “No tiene eficacia alguna el documento aportado para justificar un presunto extravío (...) al no constar dato alguno que permita asegurar que ha sido emitido por una compañía telefónica”, aseguraron los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Alicante, que no creyeron conveniente hacer ninguna otra gestión con la compañía.

Un certificado de Orange prueba que pidió el bloqueo dos días antes del asalto

Después de enormes esfuerzos con la empresa, el pasado 7 de mayo, el nuevo defensor de Fernando, Santiago Talavera, y los padres de este, Fernando y Teresa, obtuvieron otro documento de la compañía en el que se confirma lo que el joven siempre ha mantenido y nadie ha querido escuchar. Que el 19 de febrero, dos días antes de los robos por los que se le condenó, según él, injustamente, llamó a Orange para solicitar el “bloqueo por hurto” de su móvil como dice el propio certificado. El documento recoge también otra llamada del 21 de febrero —el día en que se produjeron los robos y el que la policía le devolvió el teléfono— solicitando que lo reactivaran al haberlo recobrado. Las siguientes llamadas de Fernando a la compañía son ya para tratar de demostrar su inocencia. El 21 de abril solicita un comprobante de que pidió el bloqueo de su teléfono el 19 de febrero para demostrar que se lo quitaron antes de los robos, algo que, hasta ahora, no había logrado.

Para poder condenar a Fernando, además de la presencia del móvil entre los enseres robados que los ladrones abandonaron, los jueces tuvieron en cuenta el testimonio de varias víctimas que lo señalaron como autor. Las primeras fueron las tres mujeres que encontraron el teléfono del joven a cinco kilómetros del lugar donde habían sido atracadas. Las víctimas aseguraron que entre las fotos grabadas en el aparato estaba la de Fernando y lo identificaron como uno de los ladrones. Después ratificaron esa identificación en el juicio “sin dudas”, según la sentencia.

Otras dos asaltadas también señalaron a Fernando como uno de los delincuentes, aunque su acusación fue mucho más dudosa. Ambas aseguraron que se correspondía con una de las fotos que les enseñó la policía pero, al verlo durante el juicio, la primera sostuvo que aunque “no podía” reconocerlo, estaba segura de que “tenía mechas rubias”, como él. Su compañera mantuvo que el rubio, es decir, Fernando, se parecía mucho al que los agentes le habían enseñado en foto. “El rubio se parece muchísimo al de la foto”, declaró. “Por su altura no lo sé, pero por la cara sí era él”, añadió. Y luego: “Parecía más de mi altura”. Es decir, la cara de Fernando se parecía a la del ladrón, sobre todo por las mechas rubias, pero ambos diferían en su envergadura.

No solo Fernando, sus padres -que incluso iniciaron una recogida de firmas presencial y en change.org- y su abogado sostienen su inocencia. Feliciano Crelgo, el director de la prisión en la que permanece internado, la de Villena, inició una investigación por su cuenta ante la sospecha de que hubiera sido injustamente encarcelado. Crelgo habló con la pesona que fue condenada junto a Fernando por los robos, Israel Torres, y este le dijo que tanto Fernando como otro sentenciado, Juan de Dios Díaz Moreno, no habían participado en los hechos y que al primero no lo conocía de nada. Así lo declaró el propio Crelgo en el juzgado de Instrucción 6 de Alicante ante cuyo titular aseguró que no era habitual que hiciera gestiones de este tipo: “En 33 años que llevo trabajando, es la primera vez que pienso que un penado no ha participado en los hechos por los que ha sido condenado”. Crelgo añadió que Fernando no tenía “nada que ver” con el resto de internos. “Tiene un caracter apocado y su entorno y circunstancias personales no tienen nada en común con el resto”.

Una de las testigos dijo que se parecía en el pelo al ladrón, pero no en la altura

Otro preso que no fue condenado por esos delitos, José Antonio Amador, envió una carta al juzgado que condenó Fernando y a Israel, su supuesto cómplice, en la que decía: “Juan de Dios Díaz Moreno y Fernando Enrique Muñoz, fueron injustamente condenados, dicho sea con respeto, al haberse equivocado la testigo en el reconocimiento que efectuó”. Después añadía que el delito lo había cometido él mismo junto con Israel Torres, sentenciado junto a Fernando, y otro preso que no fue juzgado por esos hechos, José Manuel Cortés, que también se dirigió al juzgado para asegurar que Fernando y Juan de Dios eran inocentes de esos robos, aunque sin asumir él mismo la culpa.

Con todos esos testimonios, Santiago Talavera, el abogado de Fernando, inició los trámites del recurso extraordinario de revisión en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (el trámite que sirve para revocar sentencias manifiestamente injustas). Pero el pasado 22 de febrero, los magistrados Juan Saavedra, Joaquín Giménez y José Manuel Maza denegaron la autorización para presentarlo al considerar que las manifestaciones de los presos carecían de “aptitud suficiente” para acreditar la inocencia.

En mayo, Fernando obtuvo, finalmente, una nueva prueba que difícilmente podrá ser considerada, como las otras, insuficiente: el documento de Orange que certifica que solicitó el bloqueo de su teléfono al haberlo perdido dos días antes de que se produjeran los robos por los que fue condenado. Con él, su abogado pedirá de nuevo al Tribunal Supremo, el mes que viene, que autorice la revisión de su condena. Porque, como dice el letrado, es imposible que él dejara allí entre otros objetos robados, el aparato cuya desaparición había denunciado dos días antes.