“Cuando remito a un punto de encuentro sé que les condeno a no ver a sus hijos”

Los padres madrileños, murcianos y canarios que, por orden judicial, están obligados a ver a sus hijos en un punto de encuentro tienen que esperar entre cuatro meses y un año para lograr hacerlo. En España hay 130 centros públicos en los que, para evitar situaciones traumáticas a los menores, los padres y madres separados o divorciados que no tienen la custodia pueden recogerlos o pasar unas horas con ellos bajo la tutela de asistentes sociales sin necesidad de cruzarse con su expareja. Pero, paradojas del sistema, la solución del conflicto se ha convertido en el problema. La saturación del servicio es tal, que en tres autonomías hay lista de espera. En el resto del país intentan combatir la falta de recursos. "Procuro evitar remitirlos al punto de encuentro. Pero en casos de riesgo para el menor no me queda otro remedio que hacerlo. Sé que los estoy condenando a no verse", se lamenta la juez tinerfeña Carmen Rosa Marrero.

"La labor que realizan es encomiable. Proporcionan un entorno adecuado para que los niños mantengan la relación con sus padres. Pero los recursos son los que son", expone Marrero. En Canarias solo hay dos puntos de encuentro: uno en Tenerife y otro en Gran Canaria. En el primero hay 34 familias en lista de espera. En el segundo, 48. Tardarán alrededor de un año en conseguir acceder a los centros. En Murcia, 20 familias tendrán que esperar entre cuatro y seis meses para poder hacer uso de alguno de los dos puntos con los que cuenta la región.

Los centros son administrados por entidades a las que los Gobiernos autónomos ceden su gestión a través de un concurso público y son financiados por las comunidades, los Ayuntamientos o el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. En este último caso, a través de la subvención del IRPF, es decir, el dinero recaudado por Hacienda gracias a la elección de los contribuyentes de entregar el 0,7% de sus impuestos a fines sociales.

En 2012, más de 10.500 familias pasaron por algún centro de este tipo, según datos facilitados por las autonomías. Marrero, que trabaja en La Laguna (Tenerife) desde hace cinco años, explica que en los últimos 24 meses la situación en los puntos de encuentro familiar se ha agravado, sobre todo a raíz de que el año pasado cerrara uno en la isla. La juez relata que el objetivo es que los pequeños no rompan la relación con sus padres, a no ser que haya pruebas de maltrato o que el progenitor no tenga interés en ver a los menores, "algo que normalmente no ocurre".

Por ello, ante la saturación recurre a otras vías, no tan óptimas, como que el padre o la madre recojan a los niños a la salida del colegio —así se evita el encuentro entre ambos progenitores—, o que el intercambio se realice a través de un familiar. Pero los magistrados no siempre pueden decantarse por estas salidas. Hay casos en los que la visita tiene que desarrollarse en un centro o debe estar tutelada: por enfermedad, porque la residencia no reúne las condiciones óptimas, porque el niño no conoce al progenitor con quien tiene programadas las visitas... Ahí no hay opción.

"No hace falta que me expliquen lo bien que funcionan y lo beneficiosos que son para las familias porque ya lo sé. Pero no puedo utilizarlos", relata impotente una juez de las afueras de Madrid experta en violencia de género que prefiere permanecer en el anonimato. A ella tampoco le queda otro remedio y, aun tratándose de casos tan delicados, opta por evitar estos puntos y recurre a otras vías para establecer los regímenes de visita. En la región hay 14 centros, 11 municipales y tres dependientes del Gobierno autónomo. En 2012 el Ejecutivo de Ignacio González cerró seis puntos de encuentro y, aunque la comunidad no facilita datos, fuentes del sector garantizan que los padres tienen que el tiempo de espera ronda el año.

Es el caso de Julián Adalid, un abuelo de 64 años al que un juez dio la razón y determinó que él y su esposa tenían derecho a ver a sus tres nietos una vez al mes en el punto de encuentro familiar de Móstoles. Esperó durante 15 meses. "La burocracia me ha hecho perder demasiado tiempo. Ha sido muy duro. Solo quienes lo hemos vivido sabemos por lo que hemos pasado", relata. "El día que me llamaron para contarme que por fin habían fijado la cita estaba en el hospital sometiéndome a una revisión porque unos meses antes me había dado un infarto. Si no me volvió a dar uno en ese momento, con la emoción que sentí, ya no me dará otro", bromea. Cuando, por fin, se produjo la primera visita, los más pequeños ni siquiera los reconocieron.

"Este es un tema especialmente sensible porque afecta a la dignidad de las personas", explica el fiscal José María Paz Rubio. "Es fundamental que los hijos se desarrollen con los padres. Por eso, si hay saturación, la solución pasa por crear más puntos de encuentro. No podemos permitirnos recortar el Estado de bienestar".

La falta de recursos, el mayor obstáculo

Pero las listas de espera no son el único problema. En el resto de España también hay falta de recursos. Es el mayor obstáculo al que se enfrentan jueces, trabajadores sociales y familias. En tiempos de recortes, se las ingenian para hacer frente a las tijeras. Sandra Jiménez, psicóloga del punto de encuentro familiar de Jerez de la Frontera (Cádiz), explica cómo la Junta ha cambiado los criterios de baremación a la hora de entregar a una entidad la gestión de los centros: "Si antes primaba la capacidad técnica y la experiencia, ahora se fijan más en la solvencia económica. Los centros acaban en manos del mejor postor, de quien ofrezca más servicios por menos dinero". Según cuenta, esto no solo ocurre en Andalucía, sino también en otras regiones como Canarias, Aragón, Murcia o la Comunidad Valenciana. Jiménez lamenta, además, que solo haya 10 puntos para toda su comunidad autónoma y haya familias que, debido a la distancia y mala situación económica, no puedan acceder a ellos.

A principios de mes, jueces y empleados de puntos de encuentro se reunieron en Madrid para abordar la situación. María Luisa Sacristán —asistente social y presidenta de la Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el Derecho de Visitas— puso en marcha en Valladolid el primer punto de encuentro familiar de España. A finales de los años noventa, Ana María Carrascosa —actualmente letrada en el Consejo General del Poder Judicial, pero por aquel entonces juez de familia— se puso en contacto con ella para buscar solución a algunos casos conflictivos. ¿Cómo conseguir que los niños no dejaran de ver a sus padres? "Si pudiera tener acceso a un pisito...", se planteó Carrascosa. Ese pisito, que comenzó a funcionar y tardó dos años en conseguir su primera subvención —de solo 200.000 pesetas (1.202 euros)—, se ha convertido en una red de 130 centros que proporcionan atención especializada y que cuentan con psicólogos, trabajadores y educadores sociales.

Los magistrados y los asistentes sociales son conscientes de la importancia de su papel. Por ello, y en aras de garantizar al menor el derecho a tener relación con sus dos progenitores, abogan por mejorar la comunicación entre juzgado y punto de encuentro y por unificar criterios a la hora de remitir a estos centros. Intentan conseguir los mejores resultados posibles con los medios de los que disponen.