Mato dice que “quizá” comparte la opinión de Gallardón sobre el aborto

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,Ana Mato,ha defendido que la nueva ley del aborto que prepara el Ministerio de Justicia será una ley de todo el Gobierno. “Vamos a modificar la ley porque está en nuestro programa electoral. Los ciudadanos que nos han votado lo saben, y aún así nos votaron”, ha justificado la ministra en su segunda comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso –la primera fue hace 15 meses--. Hasta el momento, Mato se había mostrado reticente a hablar de una reforma que está gestionando el titular de Justicia,Alberto Ruiz-Gallardón,pero hoy, ante las interpelaciones de la mayoría de los grupos políticos, que han dedicado buena parte de sus intervenciones a la reforma de la ley del aborto, la ministra de Sanidad ha recalcado que su grupo es “el más votado por los españoles” y que recoge el sentir de la mayoría. “Hablamos por la mayoría de la cámara que se nos ha dado con los votos de los ciudadanos”, ha afirmado.

Mato ha criticado la ley actual que elaboró el Ejecutivo socialista deJosé Luis Rodríguez Zapatero y que permite a la mujer abortar sin dar explicaciones hasta la semana 14 de gestación –como en la mayoría de la UE-- no contó con la opinión de su partido; muy en contra de la norma. “Su ley [por la actual ley de plazos] se hizo de manera unilateral”, ha recriminado Mato a la portavoz de Igualdad del grupo socialista, Carmen Montón, que le había preguntado por la reforma. “Nosotros queremos volver al consenso constitucional, que era un buen consenso”, ha recalcado. “Como ha dicho el ministro Gallardón, vamos a modificar la ley para reforzar el derecho a la protección de la vida”.

A pesar de las insistentes interrogaciones de los grupos, que habían acumulado siete preguntas al respecto, la ministra de Sanidad no ha dado casi detalles sobre la futura y polémica reforma de la ley. Tampoco ha abundado en las críticas de diputados como la portavoz de Izquierda Plural, Ascensión de las Heras, sobre el hecho de que una norma de un asunto eminentemente sanitario, como la interrupción voluntaria del embarazo, se esté llevando desde la cartera de Justicia. “Quizá yo coincido con lo que está planteando mi compañero del Gobierno”, ha contestado Mato a los grupos parlamentarios, que han acusado al ministro Gallardón de emprender la reforma de una ley que cuenta con el respaldo de la mayoría de la sociedad –según los sondeos de Metroscopia el 46% la apoya-- y de devolver a las mujeres al pasado.

“No tengo inconveniente en hablar del aborto, ahora bien, el contenido de la ley, lamentablemente, lo tendrán que contar en la comisión de Justicia. Y cuando esté elaborado el texto, como ha ocurrido con otros proyectos, como el de Educación, este ministerio colaborará en él”, ha dicho.

Así, ha defendido, la nueva ley no se gestará desde Sanidad; aunque ese departamento, ha dejado entrever la ministra, tiene mucho que decir. Y hará sus aportaciones al texto. La ley del aborto será “una ley del Gobierno” cuando el titular de Justicia plantee el texto a todo el ejecutivo, ha dicho Mato. El ministro Gallardón “está dialogando con todo el mundo, y cuando haya un texto lo analizaremos”, ha apuntado.

Un debate al que no han sido convocados, sin embargo, las organizaciones de mujeres, los profesionales sanitarios y el resto de los grupos parlamentarios; como han criticado varios diputados de la oposición, quienes han reprendido también a Mato por su silencio estos últimos meses ante una reforma de la que su homólogo de Justicia da pequeños informes –no siempre coincidentes—cada semana. “No ha salido a la palestra para defender a las mujeres y su derecho a decidir sobre su salud reproductiva y su propio cuerpo, lo que deja en evidencia la idoneidad de su continuidad en el cargo”, ha reprochado la portavoz de Izquierda Plural a Mato. Una crítica con la que han coincidido la diputada del BNG Olaia Fernández Davila y Carmen Montón. La portavoz socialista ha acusado a la titular de Sanidad de mantener un “silencio cómplice” sobre la modificación de la ley, y ha insistido en que la salud de las mujeres y su derecho a decidir sobre su maternidad “no es algo sobre lo que pedir permiso a Gallardón, a los jueces o a los obispos”.

Pocos detalles ha avanzado la titular de Sanidad sobre la nueva ley del aborto. El único cambio concreto es que impondrá, de nuevo, el consentimiento paterno para que las menores puedan abortar. Actualmente, las chicas de 16 y 17 no necesitan el permiso; solo informar de su decisión en casa, aunque también tienen la opción de no decirlo si se juzga –por un profesional de los servicios psicosociales de las clínicas—que contarlo a sus padres les puede crear un conflicto grave. “Cualquiera que tenga hijas sabe que quien quiera que vayan de excursión tiene que llevar una cosa firmada. Lo que no es lógico es que pueda ir sola para un aborto”, ha declarado Mato, que ha incidido en que la reforma irá acompañada de un plan para evitar los embarazos no deseados. Sobre todo entre la población más joven. Un plan que incluirá, ha dicho, educación. Nada ha adelantado la titular de Sanidad sobre si esa estrategia para evitar el embarazo adolescente, además de formación, se acompañará de medidas para fomentar el uso de métodos anticonceptivos.

La nueva ley camina hacia un sistema de supuestos, como el vigente de 1985 a 2010, cuando abortar en España era delito salvo en casos de violación, riesgo para la salud física o psíquica de la mujer o malformación fetal. Una última indicación que Gallardón es partidario de modificar, escudándose en una recomendación del Comité para la Defensa de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Una polémica modificación, que afectaría a los 3.600 casos de aborto por anomalía fetal que se registran al año (alrededor del 3% del total realizados), que preocupa seriamente a los expertos. Sin embargo, Mato parece compartir los argumentos del titular de Justicia. “La futura ley cumplirá la convención de Naciones Unidas sobre el derecho a las personas con discapacidad”, ha dicho. Ambos han incidido en que la actual ley, que permite interrumpir un embarazo si se diagnostica y acredita una anomalía fetal grave, discrimina a las personas con discapacidad y contradice la recomendación de la ONU. Una recomendación en la que, en realidad, solo se pide a España que revise el plazo en el que se permite abortar alegando esa razón.