Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Garoña pide un año más

La prórroga le permitiría ganar tiempo hasta conocer la reforma energética

El Gobierno ha consultado la petición con el Consejo de Seguridad Nuclear

Una vista de la central desde Santa María de Garoña, en Burgos.
Una vista de la central desde Santa María de Garoña, en Burgos.

La central nuclear de Garoña (Burgos) ha solicitado al Gobierno una renovación de la explotación de su planta “por el periodo de un año”, en el que se mantendrá sin operar a potencia (sin producir electricidad) y así ganar tiempo. Nuclenor, la empresa propietaria de Garoña, gana así tiempo hasta que se produzca al reforma energética anunciada por el PP y podrá ver si se suavizan las condiciones.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo ha pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que se pronuncie. En caso de que la propuesta no se acepte, la central nuclear debería de cerrar el 6 de julio. Los plenos ordinarios del CSN suelen celebrarse los miércoles.

La central nuclear ha pedido la revocación parcial de la orden ministerial de 3 de julio de 2009, de forma que se le permita una nueva fecha para poder renovar la autorización de explotación. En esta orden se establece el cierre definitivo del cierre de Garoña para el 6 de julio de 2013

El Gobierno del PP amplió en verano el plazo para que la central solicitara una prórroga

Nuclenor, formada por Endesa e Iberdrola, argumenta que el propio Consejo de Seguridad Nuclear contempla que “las nucleares pueden seguir operando en condiciones de seguridad superados los 40 años”.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prorrogó en 2009 el permiso de Garoña por cuatro años y fijó el cese de su explotación para el 6 de julio. La Audiencia Nacional confirmó esta decisión.

El verano pasado, el Gobierno del PP modificó el decreto de cierre y concedió a la empresa propietaria un plazo de hasta el 6 de septiembre para solicitar formalmente la prórroga de actividad hasta 2019. Hasta el momento, la empresa había decidido no presentar la solicitud “por motivos económicos” relacionados con el elevado coste de las inversiones para seguir operando y, sobre todo, por los nuevos impuestos.