El imposible suicidio de Alda Gross

Hace casi una década que Alda Gross quiere poner fin a sus días. Tiene 82 años y lleva seis batallando legalmente con la Administración suiza para hacer efectivo su derecho a decidir cómo y cuándo morir. Desea recurrir al suicidio asistido --que contempla la legislación suiza-- y que un médico le recete una dosis letal de un fármaco. Pero Gross está sana, solo tiene los achaques propios de la vejez, por lo que ningún sanitario ha querido prescribirle el medicamento que necesita. La regulación suiza es tan abstracta que, aunque admite el suicidio asistido, no establece pautas sobre quién, cómo y cuándo se puede recurrir a él, por lo que los médicos rechazan decenas de casos por las posibles consecuencias. Esta falta de directrices oficiales, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desprotege a médicos y ciudadanos. Estrasburgo condenó ayer a Suiza porque la ambigüedad de su legislación ha vulnerado el derecho al respeto de la vida privada y familiar de Gross, y le ha provocado una “angustia considerable”.

La mujer, de 82 años, mantiene la intención de poner fin a su vida asistida por un sanitario

La mujer, que tras agotar las instancias judiciales en su país decidió recurrir a la justicia europea, todavía no ha logrado su objetivo. El Tribunal de Estrasburgo no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. Los jueces argumentan que es competencia de Suiza decidir si se le debe proporcionar a la mujer el fármaco que necesita para poner fin a sus días. Aunque sí instan a la Administración suiza a “emitir directrices claras y completas sobre la cuestión”. “Suiza tendrá que cambiar su ley. Hay contradicciones entre la regulación y los derechos humanos y eso está provocando que los médicos se sientan inseguros y que los ciudadanos queden al descubierto”, apunta Frank Petermann, el abogado de Gross. Está especializado en derecho sanitario, y asegura que este no es el único caso similar que lleva. Suiza tiene tres meses para recurrir la sentencia, que no contempla indemnización alguna para la demandante.

Gross, mientras tanto, prefiere guardar silencio. Debe analizar las implicaciones de una sentencia “importantísima para ella”, transmite su abogado. “Su intención y su deseo de poner fin a sus días sigue siendo el mismo”, informa Petermann. Lo lleva intentando desde 2005, cuando intentó suicidarse por sus propios medios. No lo consiguió, y tras lo ocurrido, recibió tratamiento psiquiátrico. Ayuda que, como indica en la demanda presentada en Estrasburgo, no alteró sus deseos de morir. Seguía insistiendo en que su estado era cada vez más frágil, que ya no podía dar largos paseos y que no estaba dispuesta a seguir sufriendo la merma de sus capacidades físicas y mentales.

Los jueces no entra en el fondo del tema y apuntan que solo compete a Suiza decidir si asiste a la mujer

Sin embargo, la mujer tenía pánico a las consecuencias que otro intento fallido de poner fin a su vida podían acarrearle: quizá una incapacidad mucho peor. Por eso intentó hacerlo recurriendo primero a la organización especializada Exit y después a varios médicos. Todo sin éxito. Como no sufría ninguna enfermedad terminal, los facultativos rechazaron proporcionarle el fármaco que necesitaba. “Los médicos tienen miedo a las consecuencias que puede tener para ellos atender a una persona como Gross”, dice su abogado. Tampoco las autoridades sanitarias del cantón de Zurich, donde vive, le dieron respuesta.

El Código Penal suizo no reprime la asistencia al suicido excepto cuando el autor de estos actos se conduce por “motivos egoístas”. Según su jurisprudencia, un médico puede prescribir un medicamento letal para ayudar a un paciente a suicidarse si se dan ciertas condiciones específicas indicadas en las directivas éticas adoptadas por la Academia Suiza de Medicina. El paciente debe, eso sí, haber tomado su decisión de manera meditada y en plenas condiciones; y los médicos deben proporcionarle todas las opciones previas disponibles.

Sin embargo —aunque cada cantón de Suiza puede dictar condiciones particulares— esas directrices éticas no tienen rango de ley, y no se suelen aplicar a pacientes que no padezcan una enfermedad terminal. Como Gross, que está perfectamente sana. El Gobierno suizo no ha entrado a reglamentar el suicidio asistido —al que a pesar de esto recurren unas 300 personas al año—. Y esa falta de concreción y pautas definidas por ley pudieron tener, para Estrasburgo, “un efecto disuasorio sobre los médicos, que podrían de otro modo haberse inclinado por aceptar la petición” de la mujer.

La falta de pautas oficiales desprotege a los médicos y a los ciudadanos

“Esta incertidumbre sobre el resultado de su solicitud ha debido causar a Gross una angustia considerable en un aspecto particularmente importante para su vida. Esto no se habría producido si hubiese habido directrices claras y aprobadas por el Estado que definan las circunstancias en las que los médicos están autorizados a emitir una receta a una persona que ha tomado libremente la decisión de poner fin a sus días sin padecer una enfermedad terminal”, dicen los jueces.

La sentencia de Estrasburgo llega en un momento en el que varios países de Europa abordan el suicidio asistido y la eutanasia. En 2011, Suiza ya rehusó establecer una reglamentación más concreta, del estilo de la holandesa —que pauta esta práctica y también la eutanasia en centros públicos y privados—, pero otros países, como Francia, han puesto sobre la mesa proyectos de regulación. España hace años que dejó sus intenciones en un cajón. La ley socialista de muerte digna, que ni siquiera recogía el suicidio asistido —penado por ley— pero que ordenaba otras cuestiones, nunca llegó a tramitarse.