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El imposible suicidio de Alda Gross

Estrasburgo condena a Suiza por causar una “angustia considerable” a una anciana sana que pidió ayuda para morir. Cree que su ambigua ley genera indefensión

En Suiza el suicidio asistido no se penaliza siempre que quien ayude a morir no se conduzca por “motivos egoístas”.  Cordon Press
En Suiza el suicidio asistido no se penaliza siempre que quien ayude a morir no se conduzca por “motivos egoístas”. / Cordon Press

Hace casi una década que Alda Gross quiere poner fin a sus días. Tiene 82 años y lleva seis batallando legalmente con la Administración suiza para hacer efectivo su derecho a decidir cómo y cuándo morir. Desea recurrir al suicidio asistido --que contempla la legislación suiza-- y que un médico le recete una dosis letal de un fármaco. Pero Gross está sana, solo tiene los achaques propios de la vejez, por lo que ningún sanitario ha querido prescribirle el medicamento que necesita. La regulación suiza es tan abstracta que, aunque admite el suicidio asistido, no establece pautas sobre quién, cómo y cuándo se puede recurrir a él, por lo que los médicos rechazan decenas de casos por las posibles consecuencias. Esta falta de directrices oficiales, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desprotege a médicos y ciudadanos. Estrasburgo condenó ayer a Suiza porque la ambigüedad de su legislación ha vulnerado el derecho al respeto de la vida privada y familiar de Gross, y le ha provocado una “angustia considerable”.

La mujer, de 82 años, mantiene la intención de poner fin a su vida asistida por un sanitario

La mujer, que tras agotar las instancias judiciales en su país decidió recurrir a la justicia europea, todavía no ha logrado su objetivo. El Tribunal de Estrasburgo no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. Los jueces argumentan que es competencia de Suiza decidir si se le debe proporcionar a la mujer el fármaco que necesita para poner fin a sus días. Aunque sí instan a la Administración suiza a “emitir directrices claras y completas sobre la cuestión”. “Suiza tendrá que cambiar su ley. Hay contradicciones entre la regulación y los derechos humanos y eso está provocando que los médicos se sientan inseguros y que los ciudadanos queden al descubierto”, apunta Frank Petermann, el abogado de Gross. Está especializado en derecho sanitario, y asegura que este no es el único caso similar que lleva. Suiza tiene tres meses para recurrir la sentencia, que no contempla indemnización alguna para la demandante.

Gross, mientras tanto, prefiere guardar silencio. Debe analizar las implicaciones de una sentencia “importantísima para ella”, transmite su abogado. “Su intención y su deseo de poner fin a sus días sigue siendo el mismo”, informa Petermann. Lo lleva intentando desde 2005, cuando intentó suicidarse por sus propios medios. No lo consiguió, y tras lo ocurrido, recibió tratamiento psiquiátrico. Ayuda que, como indica en la demanda presentada en Estrasburgo, no alteró sus deseos de morir. Seguía insistiendo en que su estado era cada vez más frágil, que ya no podía dar largos paseos y que no estaba dispuesta a seguir sufriendo la merma de sus capacidades físicas y mentales.

Los jueces no entra en el fondo del tema y apuntan que solo compete a Suiza decidir si asiste a la mujer

Sin embargo, la mujer tenía pánico a las consecuencias que otro intento fallido de poner fin a su vida podían acarrearle: quizá una incapacidad mucho peor. Por eso intentó hacerlo recurriendo primero a la organización especializada Exit y después a varios médicos. Todo sin éxito. Como no sufría ninguna enfermedad terminal, los facultativos rechazaron proporcionarle el fármaco que necesitaba. “Los médicos tienen miedo a las consecuencias que puede tener para ellos atender a una persona como Gross”, dice su abogado. Tampoco las autoridades sanitarias del cantón de Zurich, donde vive, le dieron respuesta.

El Código Penal suizo no reprime la asistencia al suicido excepto cuando el autor de estos actos se conduce por “motivos egoístas”. Según su jurisprudencia, un médico puede prescribir un medicamento letal para ayudar a un paciente a suicidarse si se dan ciertas condiciones específicas indicadas en las directivas éticas adoptadas por la Academia Suiza de Medicina. El paciente debe, eso sí, haber tomado su decisión de manera meditada y en plenas condiciones; y los médicos deben proporcionarle todas las opciones previas disponibles.

Sin embargo —aunque cada cantón de Suiza puede dictar condiciones particulares— esas directrices éticas no tienen rango de ley, y no se suelen aplicar a pacientes que no padezcan una enfermedad terminal. Como Gross, que está perfectamente sana. El Gobierno suizo no ha entrado a reglamentar el suicidio asistido —al que a pesar de esto recurren unas 300 personas al año—. Y esa falta de concreción y pautas definidas por ley pudieron tener, para Estrasburgo, “un efecto disuasorio sobre los médicos, que podrían de otro modo haberse inclinado por aceptar la petición” de la mujer.

La falta de pautas oficiales desprotege a los médicos y a los ciudadanos

“Esta incertidumbre sobre el resultado de su solicitud ha debido causar a Gross una angustia considerable en un aspecto particularmente importante para su vida. Esto no se habría producido si hubiese habido directrices claras y aprobadas por el Estado que definan las circunstancias en las que los médicos están autorizados a emitir una receta a una persona que ha tomado libremente la decisión de poner fin a sus días sin padecer una enfermedad terminal”, dicen los jueces.

La sentencia de Estrasburgo llega en un momento en el que varios países de Europa abordan el suicidio asistido y la eutanasia. En 2011, Suiza ya rehusó establecer una reglamentación más concreta, del estilo de la holandesa —que pauta esta práctica y también la eutanasia en centros públicos y privados—, pero otros países, como Francia, han puesto sobre la mesa proyectos de regulación. España hace años que dejó sus intenciones en un cajón. La ley socialista de muerte digna, que ni siquiera recogía el suicidio asistido —penado por ley— pero que ordenaba otras cuestiones, nunca llegó a tramitarse.

Un agujero legal y otras prácticas

Suicidio médicamente asistido. Esta práctica consiste en que un médico suministra a un paciente en situación terminal los fármacos para que se quite la vida. En verdad solo está permitido en Oregón. Implica que el paciente sea consciente para tomar o administrarse la dosis (en EE UU se desarrolló una máquina para inyectar los fármacos si el afectado no era capaz de tragar, por ejemplo si estaba intubado). En Suiza se practica aprovechando un agujero legal que no lo prohíbe. Lo habitual es mezclar sedantes (para estar dormido) con antiheméticos (para no vomitar las pastillas) con fármacos que inhiban el sistema cardiorrespiratorio (que son los que causan la muerte). En España está prohibido ayudar a alguien a quitarse la vida (artículo 143 del Código Penal), aunque la pena es menor si se trata de colaborar con alguien que lo pide expresamente y si “la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte”.

Eutanasia. Se trata de que un médico administre directamente la medicación para que alguien que lo ha solicitado muera. En este caso el paciente puede no estar consciente, si ha dejado claro con anterioridad que esa es su voluntad. Se permite en Holanda y Bélgica. En estos países el debate se ha ampliado, y se plantea si es necesario que el paciente esté sufriendo en un estado terminal o si basta con que manifieste fehacientemente que no quiere seguir con su vida.

Sedación terminal. Está médica y legalmente aceptada. Consiste en administrar calmantes para evitar el dolor u otros síntomas, aunque sea a costa de acortar la vida de una persona en situación terminal.

Tres peticiones en Reino Unido

WALTER OPPENHEIMER, Londres

El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales ha empezado esta semana la vista de tres casos relacionados con el suicidio asistido. Uno de ellos ha sido presentado por la viuda de Tony Nicklinson, Jane, que ha recurrido la sentencia que negó a su marido el derecho al suicidio asistido en territorio británico. Nicklinson murió de forma natural poco después.

El segundo caso es el de Paul Lamb, un hombre de 58 años que lleva 23 paralizado desde que en 1990 sufriera un accidente de automóvil y que solo puede mover ligeramente su mano derecha. Su caso, que cuenta con el apoyo de la Asociación Humanista Británica, es prácticamente gemelo al de Nicklinson. Lamb pide un cambio en la ley que permita a los médicos cubrirse de la acusación de asesinato por ayudar a una persona a suicidarse. El Tribunal Superior falló en agosto que es el Parlamento, y no los tribunales, el responsable de cambiar la ley.

El tercer caso es el de un hombre de 48 años, conocido solo como Martin, que sufrió un derrame cerebral masivo en 2008 y desde entonces no puede ni moverse ni hablar. Sus abogados piden que la fiscalía de la corona cambie la forma en que aborda la cuestión del suicidio asistido porque argumentan que, al ser legal que una persona se quite la vida, la fiscalía no debería pedir el procesamiento de alguien que ayuda a otro a suicidarse.

Al inicio de la vista, el responsable del tribunal dijo: “Todos somos plenamente conscientes de la desesperada situación por la que pasan los demandantes y tienen toda nuestra simpatía. Pero no podemos decidir estos casos por simpatía personal”.

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