El accidentado camino de una ley

El camino hasta aprobar una ley educativa en España no parece fácil. Suele ir acompañado de bastante polémica e incluir manifestaciones de protesta. Así ha ocurrido con las grandes reformas: la LODE (1985), la LOGSE (1990), la LOCE (2002) y la LOE (2006). Y con la LOMCE, la que está impulsando el ministro José Ignacio Wert, está ocurriendo lo mismo. Pero probablemente con un nivel de acuerdo en la crítica mayor que en ocasiones anteriores, por el propio texto, pero también por el contexto de profundos recortes presupuestarios en la escuela y la falta de diálogo que achacan desde muchos sectores a Wert, por más que el Gobierno insista en las numerosas reuniones que ha mantenido con todos los actores.

El último capítulo de su accidentado camino hacía el Boletín Oficial del Estado se produjo el viernes pasado, al retrasarse la aprobación del proyecto en el Consejo de Ministros, prevista para ese día, 24 horas después de una gran protesta contra la reforma que sacó a la calle a decenas de miles de personas en toda España. Pero antes ya hubo trompicones, rectificaciones, algún retraso y sonadas polémicas.

Rajoy y el bachillerato de tres años. Uno de los temas que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decidió destacar en su discurso de investidura a finales de 2011 fue su intención de “mejorar” el sistema educativo, buscando “el más amplio consenso”. Y, entre los pocos detalles que dio, dijo: “Promoveremos un bachillerato de tres años”, ahora tiene dos. La idea era quitarle un curso a la ESO, que ahora tiene cuatro, pero el ministro de Educación descartó tres meses después una idea que había cosechado críticas por quitarle un año a la educación básica y común y por las importantísimas complicaciones organizativas que se generarían. Dentro del PP, aún hay quien no ha olvidado la renuncia a una idea que estaba entre sus promesas, al menos, desde 2010.

Las reválidas. Después de unos meses centrado en los presupuestos y en el decreto de recortes escolares, el ministerio avanzó a finales de junio de 2012 algunos puntos de la reforma: se establecerán reválidas al final de cada etapa educativa (primaria, secundaria y bachillerato), además de adelantar los itinerarios para alumnos que van a FP. Por ambas propuestas se le acusó desde una parte de la comunidad educativa de “segregar” y “mirar al pasado”. Finalmente, la de primaria será una evaluación externa sin consecuencias académicas.

Los colegios que separan por sexo. En agosto, Wert salió al paso de varias sentencias del Supremo que declararon ilegales las subvenciones a colegios que separan por sexo. el ministró anunció un cambio en la ley para establecer que esos centros no discriminan, apoyándose en una Convención de la Unesco de 1960.

La "dispersión autonómica". Existe una “dispersión de contenidos inmanejable” entre las autonomías, culpable en buena medida de la diferencia de resultados entre regiones, dijo Wert a mediados de septiembre cuando presentó del primer borrador del anteproyecto. Así, el texto decía que el Gobierno central establecerá hasta el 75% de lo que se enseña en las escuelas, restándoselo al margen de decisión de las autonomías. Este punto le valió un gran encontronazo con comunidades bilingües, sobre todo, Cataluña. En medio de un clima de auge independentista, la tensión fue creciendo hasta el día que Wert habló de “españolizar” a los alumnos de aquella comunidad para que se sintieran tan orgullosos de ser españoles como catalanes.

La rebelión de las comunidades del PP. A finales de octubre, las autonomías gobernadas por el PP frenaron la marcha de la reforma. Muy molestos por no haber podido participar en la redacción del primer borrador, exigían que el texto contuviera algunas de las señas de identidad del partido, como la libertad de elección de centro (véase, apoyo a la escuela concertada). Este desencuentro, escenificado tanto en una reunión con todas las autonomías como, sobre todo, en un tenso encuentro en la sede del Partido Popular, retrasó dos meses y medio el calendario de la reforma.

Religión y Ciudadanía. En diciembre llegó el nuevo texto revisado del proyecto. En él, efectivamente, se explicitaba un mayor apoyo a la libertad de elección. Además, se incluyeron concesiones a los obispos: se eliminaba completamente la asignatura de Educación para la Ciudadanía (hasta ese momento, el discurso era el de mantenerla, pero eliminando “los contenidos polémicos”) y se establecía una materia sobre valores alternativa a la de Religión. Con ello aumentaron las resistencias de sectores laicos y los defensores de la escuela pública. Y las comunidades del PP mantuvieron una gran preocupación sobre cuánto va a costar el cambio y quién la va a pagar en estos tiempos de crisis.

Blindaje del castellano en Cataluña. En el nuevo texto también se sustituía el reparto por porcentajes para diseñar los contenidos, por un nuevo sistema, que depende del tipo de asignatura. Así, aunque aún esta sigue viva, la polémica en torno a la “dispersión autonómica” dejó paso a la del blindaje de la enseñanza en castellano en Cataluña. El proyecto dice que si un alumno pide más clases en español, la Generalitat tiene que dárselas, si es necesario, pagándole un colegio privado.

El dictamen del Consejo de Estado. A finales de abril llegó el dictamen del Consejo de Estado sobre la futura ley, informe no vinculante pero preceptivo antes de que lo apruebe el Consejo de Ministros y lo mande al Congreso para su tramitación. El dictamen, entre otros cambios y matizaciones, rechaza la fórmula de que la Generalitat tenga que pagar colegios privados en castellano, reclama una asignatura obligatoria de Ciudadanía y plantea dudas sobre la materia alternativa a Religión, las garantías de financiación y cuestiona algunos puntos del reparto de competencias entre Gobierno y autonomías. Además, hace una defensa de la educación mixta, y pide que se justifique muy bien cuáles son los beneficios de la segregación de alumnos antes de subvencionar a centros que separan por sexo.

“Observaciones” sin resolver. El ministerio aseguró sin embargo que el dictamen del Consejo de Estado avala su propuesta, porque no cuestiona ningún punto “fundamental”. Estudiarían ajustes técnicos sobre algunas de sus recomendaciones, pero remitiría el texto al Consejo de Ministros para su aprobación el 10 de mayo, añadieron. Los convocantes de la protesta a favor de la enseñanza pública solo un día antes, el jueves, consideraron una provocación de Wert la elección de esa fecha. Finalmente, no se aprobó el viernes en el Consejo de Ministros porque había algunas “observaciones” sin resolver, sobre todo, referentes a la financiación, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, aseguró que se aprobará antes de que termine mayo sin cambios de calado. Lo cierto es que también aprovecharán para intentar poner orden dentro de sus filas: algunos barones del partido temen el desgaste electoral por los puntos más polémicos del proyecto.