La liberación de Cleveland devuelve la fe a las familias de otros desaparecidos

El pasado lunes por la tarde, la madre de Ashley Summers, Jennifer, recibió la llamada de una amiga anunciándole que acababan de rescatar a tres jóvenes desaparecidas durante una década. Summers tuvo la esperanza de que una de ellas fuera su hija, que desapareció en 2007, con 14 años, muy cerca de donde lo hicieron las chicas liberadas, Michelle Knight, Amanda Berry y Gina DeJesus. No hubo suerte, pero la resolución de sus casos ha hecho recobrar la fe a Summers.

En estos días, los carteles con la foto de Ashley han reaparecido en el barrio en el que Knight, Berry y DeJesus estuvieron cautivas en la vivienda de uno de sus vecinos, Ariel Castro. No es el único, en los postes, árboles y paredes de los alrededores han aflorado las imágenes de los rostros de otros jóvenes, hombres y mujeres, que también desaparecieron en los últimos años. Desde el lunes, el teléfono del Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que gestiona la base de datos de denuncias de menores desaparecidos a nivel nacional, no ha parado de sonar. El final feliz del calvario de las tres jóvenes de Cleveland (Ohio) ha incrementado el alto número de denuncias sobre niños desaparecidos que a diario recibe el centro. Cada año, según sus propios datos, le llegan 800.000 informes, una media de 2.000 reclamaciones diarias.

“La conclusión del caso de Cleveland es maravillosa y alentadora para las familias que están en casos similares, porque les ha permitido comprobar que no tienen por qué terminar de manera trágica, con su muerte, si no que hay otras muchas respuestas”, indica Kelly Murphy, responsable y fundadora de Project Jason, una ONG que ofrece asistencia psicológica a los familiares de personas desaparecidas, recauda fondos y trata de atraer la atención de la prensa y garantizar una publicidad valiosísima, que no reciben todos los casos por igual.

Los DeJesus contactaron con la organización que dirige Murphy, cuya implicación en la ayuda a su búsqueda ha sido esencial. “Nos encargamos de crear la página web especial de Gina, distribuimos sus fotos en webs y periódicos estatales y nacionales y tratamos de que los medios locales nunca perdieran de vista su caso”, explica. Los carteles con el rostro de DeJesus son los que más tiempo estuvieron en el barrio, aseguran los vecinos. La cadena local de la CBS solía hacer reportajes de las vigilias en honor de la joven cada año. El empeño de Murphy permitió que la desaparición de Berry y DeJesus se tratara en el programa America’s Most Wanted, que se emite en todo el país. “En general, son las desapariciones de mujeres jóvenes blancas las que suscitan el interés de los medios y nosotros tratamos de atraer esa atención hacia otros supuestos, como el de estas dos jóvenes de un barrio deprimido de Cleveland”, dice Murphy.

El secuestro de Knight, Berry y DeJesus es extraordinario. El 98,5% de los casos de desapariciones de menores en EE UU se resuelven con éxito en las primeras semanas, según datos del NCMEC. El supuesto de las tres jóvenes de Cleveland forma parte de las cerca de 100 denuncias que se registran al año que tienen que ver con desapariciones forzadas de niños. Con todo, en EE UU hay varios ejemplos de ausencias muy prolongadas con final feliz. Shawn Hornbeck fue liberada después de cuatro años, Joyce Dugard, tras 18. Carlina White, con 23 años, y Steve Carter, con 34, descubrieron que habían sido secuestrados de recién nacidos en el hospital.

El cautiverio de Knight, Berry y DeJesus ha vuelto a llamar la atención sobre las desapariciones en EE UU. En 2012, el FBI recibió 661.593 denuncias de personas desaparecidas, de acuerdo con la base de datos federal del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC). La cifra es devastadora, pero si se tiene en cuenta que no todos los casos de desaparecidos se comunican al FBI y que muchos ni siquiera se llegan a denunciar, el drama alcanza la categoría de epidemia. “En el NCIC consta que hay 87.000 investigaciones activas. Se trata de un problema de enorme transcendencia para este país, un problema silencioso y silenciado”, indica Todd Mathews, director de comunicaciones del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y sin Identificar del Departamento de Justicia.

Hasta el pasado lunes, el caso de Berry y de DeJesus formaba parte de esa estadística. No así el de Knight, que el FBI desestimó ante la imposibilidad por parte de la policía de Cleveland de demostrar que su desaparición fue involuntaria. La legislación estadounidense obliga a comunicar al FBI de manera inmediata todas las denuncias relacionadas con menores desaparecidos, pero no existe ese mismo deber para el caso de los adultos, porque la desaparición de un mayor de edad no constituye delito.

El protocolo para actuar en el caso de la desaparición de un menor está determinado a nivel federal pero no existen criterios unificados para proceder en la búsqueda de adultos. Cada Estado tiene sus propias bases de datos, pero es poco común que puedan acceder a la de los otros o al registro federal que, desde 2000, gestiona el Centro Nacional de Adultos Desaparecidos, una fundación que dirige Kym Pasqualini. “Llevo años luchando para que el Congreso apruebe una normativa que imponga unos parámetros de actuación comunes para todo el país”, se lamenta Pasqualini en conversación telefónica.

“Cuando se denuncia una desaparición de un adulto, primero se estudia si puede considerarse como tal, luego se valoran las causas, si se ha producido de manera voluntaria, si hay riesgo de peligro para la vida del implicado, si la persona padece alguna enfermedad mental…”, explica en conversación telefónica Thomas Lauth, detective privado y fundador de la Red de Ayuda a Personas Desaparecidas. “A veces, mientras se determina si el caso es o no una ausencia voluntaria y se notifica al FBI, transcurre un tiempo precioso que puede determinar el éxito de la investigación”, indica.

Además de la descoordinación, Pasqualini denuncia la falta de preparación adecuada de los miembros de policía para abordar supuestos de secuestro y desapariciones. “La carencia de medios y de presupuesto, unido al ingente número de casos a los que tienen que atender es una combinación desastrosa”, explica.

Lauth está convencido de que, si la policía de Cleveland hubiera tenido conocimientos suficientes, hubiera sido capaz de centrar sus pesquisas sobre Ariel Castro, el secuestrador de las tres jóvenes, en algún momento de la investigación. “Los precedentes de la retención de sus propias hijas y el hecho de que éstas fueran amigas de las desaparecidas no les hubiera pasado desapercibido”, sostiene y recuerda un caso de hace dos años en los que se hallaron once cadáveres de mujeres en una casa abandonada de esa misma localidad. “Jamás consideraron su ausencia como casos de desaparición”, sostiene.

Esa falta de recursos y de entrenamiento hace que, en muchas ocasiones, las familias de las víctimas recurran a la ayuda de organizaciones especializadas, como Project Jason. Ellos también se encargan del caso de Summers. La conclusión feliz de las desapariciones, en circunstancias tan similares a la suya, de las tres jóvenes de Cleveland, ha atraído la atención de la prensa y de los investigadores sobre su caso -esa atención de cuya volatilidad se queja Murphy, pero que, sostiene, “resulta vital” en estos supuestos-, y ha devuelto la esperanza a su familia.